Comparación de industrias

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Está viendo información sobre las siguientes industrias:

  • Operaciones con carbón El sector de operaciones con carbón incluye las empresas que extraen carbón y las que fabrican productos de carbón. La actividad minera cubre tanto la minería en el subsuelo como a cielo abierto y el carbón termal y metalúrgico.
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  • Compañías y distribuidores de gas El sector de compañías y distribuidores de gas se compone de empresas de distribución y comercialización de gas. La distribución de gas implica la utilización de tuberías locales de baja presión para transferir el gas natural de las tuberías de transmisión más grandes a los usuarios finales. Las empresas comercializadoras de gas son agentes que incorporan el gas natural en cantidades ajustadas a las necesidades de sus diferentes clientes y luego lo suministran, generalmente a través de las líneas de transmisión y distribución de otras empresas. Por su parte, la distribución de gas propano implica a una porción relativamente más pequeña de este sector, motivo por el cual esta norma se centra en la distribución de gas natural. Ambos tipos de gas suelen utilizarse para la calefacción y las cocinas de clientes residenciales, comerciales e industriales. En los mercados regulados de forma estructural, se concede a las empresas de suministros un monopolio total sobre la distribución y venta del gas natural. Una autoridad reguladora debe aprobar las tarifas que las empresas de suministros cobran para evitar que abusen de su posición de monopolio. En los mercados desregulados, la distribución y la comercialización están diferenciadas a nivel regulatorio y los clientes pueden elegir a qué empresa comprar el gas. En este caso, la empresa de suministros tiene garantizado el monopolio únicamente sobre la distribución, y está obligada por ley a difundir todo el gas de manera equitativa a lo largo de sus tuberías con una tarifa fija. En general, las empresas del sector deben encargarse de proporcionar gas seguro, fiable y de bajo coste y, a un mismo tiempo, gestionar eficazmente sus efectos sociales y ambientales, como la seguridad de la comunidad y las emisiones de metano.
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Cuestiones relevantes para ambos Industrias (10 de 26)

¿Por qué algunas cuestiones se muestran atenuadas? Las normas SASB varían según la industria, en función de los diferentes riesgos y oportunidades de sostenibilidad de cada industria. Las cuestiones atenuadas no se identificaron durante el proceso de elaboración de normas como aquellas que pueden afectar al valor de la empresa con mayor probabilidad, por lo que no se incluyen en la norma. Con el tiempo, a medida que el Consejo de Normas SASB siga recibiendo las opiniones del mercado, es posible que se añadan o eliminen algunas cuestiones de la norma. Cada empresa determina por sí misma si una cuestión de sostenibilidad puede afectar a su capacidad de crear valor empresarial. La norma está diseñada para la empresa típica de una industria, pero las empresas individuales pueden optar por informar sobre diferentes cuestiones de sostenibilidad en función de su modelo de negocio único.

Temas de divulgación

¿Cuál es la relación entre la categoría de cuestiones generales y los temas de divulgación? La categoría de cuestiones generales es una versión independiente de la industria de los temas de divulgación que aparecen en cada norma del SASB. Los temas de divulgación representan los impactos específicos de la industria en las categorías de cuestiones generales. Los temas de divulgación específicos de la industria garantizan que cada norma del SASB se adapte a la industria, mientras que las categorías de cuestiones generales permiten la comparación entre industrias. Por ejemplo, Salud y nutrición es un tema de divulgación en la industria de las bebidas sin alcohol, que representa una medida específica de la industria de la cuestión general Bienestar del cliente. Sin embargo, la cuestión Bienestar del cliente se manifiesta como el tema de la divulgación Medicamentos falsificados en la industria Biotecnología y productos farmacéuticos.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
      • Emisión de gases de efecto invernadero Las operaciones con carbón son intensivas en energía y generan importantes emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI), incluido el dióxido de carbono por el uso de combustible y el metano liberado de los lechos de carbón durante las actividades de extracción y las posteriores a ellas. Los esfuerzos regulatorios para reducir las emisiones de GEI en la lucha contra el cambio climático pueden aumentar los costes operativos y de capital en función de la magnitud de las emisiones directas. Se puede lograr una eficiencia operativa reduciendo las emisiones de GEI. Dicha eficiencia puede mitigar el posible impacto financiero del aumento de los costes de combustible ocasionado por las regulaciones que pretenden limitar las emisiones de GEI (o fijarles un precio).
    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
      • Gestión del agua Las operaciones con carbón tienen un impacto tanto en la calidad como en la cantidad de los recursos hídricos locales. Son intensivas en uso de agua para lavar el carbón y eliminar el azufre, para refrigerar el equipo de perforación y para transportar el carbón en tuberías de lodo. La gravedad del impacto puede variar en función de la disponibilidad de agua en la región y el entorno regulatorio. Reducir el uso y la contaminación del agua también puede generar eficiencias operativas para las empresas y disminuir sus costes operativos. El tratamiento y los vertidos de aguas residuales suelen estar regulados por organismos locales o nacionales. Superar los límites de selenio, sulfato y sólidos disueltos puede afectar a las operaciones de la empresas, que pueden sufrir sanciones importantes, costes de cumplimiento, retrasos en la producción o aumento de costes por el cierre de minas.
    • Gestión de residuos y materiales peligrosos Esta categoría se ocupa de las cuestiones medioambientales relacionadas con los residuos peligrosos y no peligrosos generados por las empresas. Aborda la gestión de los residuos sólidos de una empresa en la fabricación, la agricultura y otros procesos industriales. Abarca el tratamiento, la manipulación, el almacenamiento, la eliminación y el cumplimiento de la normativa. Esta categoría no incluye las emisiones a la atmósfera ni a las aguas residuales, ni tampoco los residuos del final de la vida útil de los productos, que se tratan en categorías distintas.
      • Gestión de residuos El manejo de residuos de roca y arcilla, la eliminación de residuos y los residuos de carbón líquido que contienen sustancias peligrosas como mercurio, arsénico y cadmio, supone desafíos operativos y regulatorios para las empresas de operaciones con carbón. El lodo de carbón y las balsas de estériles pueden suponer una amenaza importante si los diques estallan, se derrumban o tienen fugas, lo que puede destruir vidas, bienes y ecosistemas con sus consiguientes impactos financieros, como sanciones reglamentarias, indemnizaciones y obligación de reparaciones y cumplimiento. El permiso para las operaciones mineras puede verse afectado, lo que disminuiría los ingresos de la empresa o le obligaría a gastar más para obtener la aprobación. La capacidad de las empresas para reducir el número y el tamaño de las balsas de estériles y garantizar la integridad estructural de los diques puede servir para minimizar estos impactos.
    • Impactos ecológicos Esta categoría aborda la gestión de los impactos de la empresa en los ecosistemas y la biodiversidad a través de actividades que incluyen, entre otras, el uso de la tierra para la exploración, la extracción de recursos naturales y el cultivo, así como el desarrollo, la construcción y el emplazamiento de proyectos. Los impactos incluyen, entre otros, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats y la deforestación en todas las fases: planificación, adquisición de terrenos, obtención de permisos, desarrollo, operaciones y rehabilitación de emplazamientos. La categoría no cubre los impactos del cambio climático en los ecosistemas y la biodiversidad.
      • Efectos en la biodiversidad Las operaciones con carbón pueden tener diversos impactos en la biodiversidad. La minería a cielo abierto y la remoción de montañas puede alterar el paisaje, eliminando hábitats de fauna y flora. El drenaje ácido de minas es especialmente importante: es muy alto en agua ácida y rico en metales pesados, se forma cuando el agua de la superficie y la capa exterior superficial entran en contacto por una sobreexplotación del carbón, y puede tener efectos dañinos en personas, animales y plantas. Los impactos en la biodiversidad de las operaciones de carbón pueden afectar a la tasación de las reservas y generar riesgos operativos. Las características del entorno del terreno donde se ubican las reservas pueden aumentar los costes de la extracción a consecuencia de la mayor concienciación y protección de ecosistemas. Las empresas también podrían enfrentarse a barreras regulatorias e impactos en la reputación para acceder a las reservas en áreas ecológicamente sensibles, como las que se designen como áreas protegidas. Las empresas de operaciones con carbón se enfrentan a riesgos regulatorios por reclamaciones cuando se cierra la mina, por los requisitos regulatorios aplicables según un plan de reclamaciones aprobado previamente. Pueden surgir costes sustanciales por la retirada o cubrimiento de vertederos, el cumplimiento de las obligaciones de tratamiento de aguas y el desmantelamiento de la infraestructura al final de su vida. Además, las operaciones con carbón en curso están sometidas a leyes que protegen las especies en peligro de extinción. Las empresas que tengan un plan de gestión ambiental efectivo para las distintas etapas del ciclo de vida pueden minimizar sus costes de cumplimiento y responsabilidades jurídicas, encontrar menos resistencia para el desarrollo de nuevas minas, evitar retrasos en la finalización de proyectos y evitar dificultades en la obtención de permisos y el acceso a las reservas.
    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
      • Derechos de los pueblos indígenas Las empresas del sector de las operaciones con carbón pueden explotar y mantener activos en áreas ocupadas por pueblos indígenas. Aquellas que tienen reputación de contribuir a la violación de los derechos humanos o ignorar los derechos de estos pueblos se pueden ver afectadas por protestas, disturbios o suspensión de permisos. Se podrían enfrentar a costes sustanciales por indemnizaciones de pagos de liquidación y la amortización del valor de sus reservas en dichas zonas. Aunque el país no tenga leyes sobre estos asuntos, han surgido varios instrumentos internacionales para orientar a las empresas. Estos instrumentos incluyen la obtención de un consentimiento previo libre y fundamentado de los pueblos indígenas para las decisiones que les afecten. Con una mayor concienciación, varios países también están empezando a aplicar leyes concretas para proteger los derechos de los pueblos indígenas, lo que genera más riesgos regulatorios para las empresas. Además, los pueblos indígenas suelen ser sectores vulnerables de la población, con capacidad limitada para defender sus derechos e intereses particulares.
      • Relaciones con la comunidad Las operaciones con carbón se desarrollan a lo largo de varios años y pueden tener diversos impactos en la comunidad. Los derechos e intereses de la comunidad pueden verse afectados por los impactos sociales y ambientales de las operaciones, las emisiones atmosféricas, la generación de residuos, los vertidos de aguas residuales y el cierre de actividades. Las empresas de operaciones con carbón a menudo necesitan el apoyo de las comunidades locales para obtener permisos y arrendamientos y poder realizar sus actividades sin interrupciones. El valor previsto de las reservas puede verse afectado si la comunidad interfiere o presiona al gobierno para que interfiera con los derechos de una empresa de carbón respecto a esas reservas. Además de las preocupaciones de la comunidad sobre el impacto directo de los proyectos, la presencia de actividades de minería de carbón puede provocar otras preocupaciones socioeconómicas relacionadas con la educación, la salud y los medios de vida. Las empresas de carbón con reputación de depredar y explotar los recursos de la comunidad sin proporcionar ningún beneficio socioeconómico a cambio pueden exponerse al riesgo de sufrir acciones nacionalistas sobre los recursos por los gobiernos y comunidades locales, restringiendo sus actividades o imponiéndoles costes adicionales. Las empresas del sector de la extracción pueden adoptar diversas estrategias de compromiso con la comunidad en sus operaciones globales, como integrar a la comunidad en cada fase del ciclo del proyecto. Las que adoptan un enfoque de «valor compartido» pueden proporcionar beneficios socioeconómicos fundamentales a las comunidades manteniendo a la vez la rentabilidad de sus operaciones.
    • Acceso y asequibilidad Esta categoría aborda la capacidad de una empresa para garantizar un amplio acceso a sus productos y servicios, específicamente en el contexto de los mercados y/o grupos de población desatendidos. Incluye la gestión de cuestiones relacionadas con las necesidades universales, tales como la accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria, los servicios financieros, los servicios públicos, la educación y las telecomunicaciones.
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    • Prácticas laborales Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para mantener las normas laborales comúnmente aceptadas en el lugar de trabajo, incluido el cumplimiento de la legislación laboral y de las normas internacionalmente aceptadas. Esto incluye, entre otras cosas, garantizar los derechos humanos básicos relacionados con el trabajo infantil, el trabajo forzoso o en régimen de servidumbre, la explotación laboral, los salarios justos y el pago de horas extras, y otros derechos básicos de los trabajadores. También incluye las políticas de salario mínimo y la provisión de beneficios, que pueden influir en la forma de atraer, retener y motivar a la mano de obra. La categoría también aborda la relación de la empresa con el trabajo organizado y la libertad de asociación.
      • Relaciones laborales Las empresas de la minería de carbón se enfrentan a la tensión inherente entre la necesidad de reducir los costes laborales para mantener precios competitivos y la de gestionar los recursos humanos para garantizar un desempeño a largo plazo. Las condiciones de trabajo de las operaciones con carbón suelen ser peligrosas y muy exigentes físicamente. Los sindicatos juegan un papel clave en la representación de los intereses de los trabajadores y la gestión de convenios colectivos para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. Esto hace que la gestión de las relaciones laborales sea esencial, ya que un conflicto con los trabajadores puede dar lugar a huelgas y otras interrupciones que a su vez pueden retrasar o detener la producción, lo que implica un importante descenso de ingresos y un daño a la reputación. Los problemas laborales continuados pueden tener un impacto a largo plazo en la rentabilidad de la entidad. Por otro lado, los resultados positivos de un compromiso laboral efectivo pueden mejorar las prácticas laborales y el uso de la fuerza de trabajo y reducir los incidentes de seguridad, los accidentes y las muertes.
    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
      • Salud y seguridad de la fuerza laboral La seguridad es esencial en las operaciones de la minería de carbón dada la frecuente peligrosidad de las condiciones de trabajo. Se pueden producir muertes o lesiones por diversos motivos, como accidentes, derrumbamientos, explosiones o inundaciones. Debido a estos peligros, el sector se caracteriza por unas tasas de mortalidad y lesiones superiores a la media. Los mineros del carbón también se ven expuestos a riesgos sanitarios a largo plazo, como enfermedades pulmonares crónicas, como la conocida como enfermedad del «pulmón negro», así como problemas mentales. Hay leyes federales concretas sobre salud y seguridad que protegen a los mineros del carbón y establecen indemnizaciones por esta enfermedad del pulmón negro. Pueden imponer costes adicionales a las empresas o dar lugar a sanciones reglamentarias. Los cambios en la legislación pueden conllevar más responsabilidades. La capacidad de una empresa para proteger la salud y seguridad de los empleados y crear una cultura de seguridad y bienestar entre el personal a todos los niveles puede ayudar a evitar accidentes, mitigar los costes y el tiempo de inactividad operativos y mejorar la productividad de la fuerza laboral.
    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
      • Valoración de las reservas e inversiones de capital Las estimaciones sugieren que las empresas de carbón pueden ser incapaces de extraer una proporción significativa de sus reservas de carbón si se ven obligadas a controlar sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) para limitar los aumentos globales de temperatura en 2 °C según el Acuerdo de París. La administración de recursos de capital teniendo en cuenta las tendencias a medio y largo plazo, sobre todo las relacionadas con las acciones para la mitigación del cambio climático, es esencial para evitar el deterioro de los activos y mantener la rentabilidad y la credibilidad. A nivel global, se podrían aplicar regulaciones y políticas para limitar las emisiones de GEI de las centrales energéticas alimentadas con carbón (los clientes de las empresas de carbón), disminuyendo así su demanda y, por tanto, sus precios. La demanda de carbón también se ve afectada por las normas que regulan otras emisiones atmosféricas que se aplican a las centrales alimentadas con carbón. Una expansión de las normas que mitigan los GEI puede aumentar la magnitud de los impactos financieros a medio y largo plazo. Esto, junto con la mejora en la competitividad de tecnologías alternativas de energía, supone un riesgo a largo plazo para las reservas y un gasto en capital para las empresas de operaciones con carbón.
    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
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    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
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    • Gestión de residuos y materiales peligrosos Esta categoría se ocupa de las cuestiones medioambientales relacionadas con los residuos peligrosos y no peligrosos generados por las empresas. Aborda la gestión de los residuos sólidos de una empresa en la fabricación, la agricultura y otros procesos industriales. Abarca el tratamiento, la manipulación, el almacenamiento, la eliminación y el cumplimiento de la normativa. Esta categoría no incluye las emisiones a la atmósfera ni a las aguas residuales, ni tampoco los residuos del final de la vida útil de los productos, que se tratan en categorías distintas.
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    • Impactos ecológicos Esta categoría aborda la gestión de los impactos de la empresa en los ecosistemas y la biodiversidad a través de actividades que incluyen, entre otras, el uso de la tierra para la exploración, la extracción de recursos naturales y el cultivo, así como el desarrollo, la construcción y el emplazamiento de proyectos. Los impactos incluyen, entre otros, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats y la deforestación en todas las fases: planificación, adquisición de terrenos, obtención de permisos, desarrollo, operaciones y rehabilitación de emplazamientos. La categoría no cubre los impactos del cambio climático en los ecosistemas y la biodiversidad.
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    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
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    • Acceso y asequibilidad Esta categoría aborda la capacidad de una empresa para garantizar un amplio acceso a sus productos y servicios, específicamente en el contexto de los mercados y/o grupos de población desatendidos. Incluye la gestión de cuestiones relacionadas con las necesidades universales, tales como la accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria, los servicios financieros, los servicios públicos, la educación y las telecomunicaciones.
      • Asequibilidad de la energía Un objetivo de facto de los servicios de gas regulados es suministrar el gas natural a los clientes de una manera segura, fiable y respetuosa con el medioambiente. Las empresas del sector deben encargarse de gestionar estas prioridades, que podrían entrar en conflicto entre sí, para mantener relaciones favorables con los clientes y los organismos reguladores y, en última instancia, para obtener los beneficios adecuados para los accionistas. La asequibilidad de la energía, desde la perspectiva del cliente de los servicios públicos para clientes, es particularmente difícil de equilibrar, ya que a menudo entra en conflicto con otros objetivos fundamentales. La opinión generalizada es que las facturas de energía de los servicios públicos resultan cada vez más caras para los clientes con bajos ingresos (la asequibilidad está determinada tanto por el coste neto de las facturas de energía como por la economía subyacente de los clientes). Actuar para garantizar que las facturas de los servicios públicos sean asequibles es fundamental para que las empresas de suministros inspiren confianza (valor de los activos intangibles) en los reguladores y los clientes. La calidad de las relaciones regulatorias con reguladores es un aspecto clave para las empresas de servicios públicos a la hora de generar valor, y una de las cuestiones más estudiadas por los analistas de inversiones. La disposición de las autoridades reguladoras, o la falta de ella, a la hora de conceder solicitudes de tarifas, modificaciones de la estructura tarifaria, la recuperación de costes y los ingresos permitidos resulta determinante para el rendimiento financiero y del riesgo de las inversiones. La gestión eficaz de la asequibilidad puede dar a las empresas de servicios públicos la oportunidad de invertir más capital, revisar favorablemente las estructuras tarifarias y aumentar los ingresos permitidos. Además, los proveedores de servicios básicos que no gestionan eficazmente la asequibilidad están cada vez más expuestos a que los clientes obtengan suministros diferentes del gas natural (o a que reduzcan la energía que necesitan) buscando fuentes de energía alternativas (por ejemplo, el uso de la cogeneración de calor y electricidad por parte de los clientes industriales). La gestión de la asequibilidad implica dirigir un negocio eficiente, con una perspectiva y estrategia a largo plazo bien pensadas, y trabajar en estrecha colaboración con las autoridades reguladoras y los responsables de las políticas públicas en las estructuras tarifarias y, potencialmente, en los programas de asistencia para el pago de facturas. Si bien la naturaleza precisa de las repercusiones financieras de la asequibilidad está determinada en gran medida por los modelos de negocio de las empresas de servicios públicos y las estructuras tarifarias, la asequibilidad es un aspecto fundamental que las empresas de suministros deben gestionar en términos de mantenimiento (y crecimiento) de las bases de clientes, creación de valor de los activos intangibles, creación de oportunidades de inversión y de ganancias y, en última instancia, obtención de beneficios para los accionistas.
    • Prácticas laborales Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para mantener las normas laborales comúnmente aceptadas en el lugar de trabajo, incluido el cumplimiento de la legislación laboral y de las normas internacionalmente aceptadas. Esto incluye, entre otras cosas, garantizar los derechos humanos básicos relacionados con el trabajo infantil, el trabajo forzoso o en régimen de servidumbre, la explotación laboral, los salarios justos y el pago de horas extras, y otros derechos básicos de los trabajadores. También incluye las políticas de salario mínimo y la provisión de beneficios, que pueden influir en la forma de atraer, retener y motivar a la mano de obra. La categoría también aborda la relación de la empresa con el trabajo organizado y la libertad de asociación.
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    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
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    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
      • Eficiencia del uso final El gas natural produce menos emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que otros combustibles fósiles. Por lo tanto, el aumento de su uso la economía es una estrategia clave para muchos gobiernos y autoridades reguladoras que se esfuerzan por reducir las emisiones de GEI. Sin embargo, a pesar de que las emisiones son relativamente menores, en conjunto, la cadena de valor del gas natural sigue produciendo niveles significativos de emisiones de GEI. A medida que los encargados de la formulación de políticas y las autoridades reguladoras tratan de abordar el cambio climático, el consumo eficiente de gas natural cobrará una gran importancia a largo plazo. Existen numerosas medidas que las empresas de servicios públicos pueden adoptar para promover la eficiencia energética entre sus clientes, entre las que se incluyen ofrecer descuentos para los electrodomésticos con un consumo eficiente de energía, climatizar las viviendas de los clientes e inculcarles métodos de ahorro de energía. La medida en que una empresa de suministro de gas puede ganar o perder a causa de la tendencia de reducir los GEI depende significativamente de su entorno normativo. Las estructuras tarifarias tradicionales generalmente no conceden incentivos por fomentar la eficiencia energética a las empresas de gas que, además, pueden sufrir económicamente a causa de la disminución de la demanda por parte de los clientes. Es por este motivo que las empresas de suministro de gas, las autoridades reguladores y los clientes muestran un creciente interés en tarificaciones alternativas. Dicha tarificación suele «disociar» los ingresos de los servicios públicos del consumo de los clientes, y también puede incorporar incentivos explícitos para el buen rendimiento de las empresas de suministro en lo que respecta a la eficiencia del uso final y la disminución de la demanda. En general, las empresas cuyo plan estratégico incluye iniciativas de eficiencia destinadas a reducir los riesgos de las fluctuaciones de la demanda, obtener ganancias de las inversiones necesarias y reducir los costes, tienen más probabilidades de estar bien posicionadas para incrementar sus beneficios ajustados al riesgo a largo plazo.
    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
      • Integridad de las infraestructuras de suministro de gas La explotación de una vasta red de gasoductos, equipos e instalaciones de almacenamiento requiere un enfoque polifacético y a largo plazo que garantice la integridad de dichas infraestructuras y la gestión de los riesgos relacionados. Mientras que los clientes dependen de suministros de gas continuamente disponibles, las empresas deben encargarse de gestionar los riesgos sustanciales —incluidos aquellos relacionados con la salud humana, la propiedad y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)— resultantes del uso de las redes de distribución de gas y las infraestructuras pertinentes. El deterioro de las infraestructuras, una supervisión y un mantenimiento inadecuados y otros factores operativos pueden dar lugar a fugas de gas. Las fugas de gas pueden ocasionar riesgos relacionados con la seguridad, como las pérdidas de contención, que, a su vez, pueden provocar incendios o explosiones que pueden ser particularmente graves en las zonas urbanas donde las empresas suelen operar. Además, las fugas de gas también causan emisiones fugitivas (metano) con efectos nocivos sobre el medioambiente. Los servicios de gas regulados no suelen incurrir en costes directos por fugas de gas, ya que el coste del gas suele repercutirse directamente en los clientes (aunque esto puede variar dependiendo de la región). Sin embargo, las fugas de gas que ocasionan riesgos relacionados con la seguridad o emisiones fugitivas pueden afectar financieramente a las empresas a través de diversos canales reglamentarios, legales y de demanda del producto. Los accidentes, en particular los mortales, pueden dar lugar a demandas por negligencia contra las empresas, lo que desencadena batallas judiciales y multas. Las emisiones de GEI pueden suscitar un mayor escrutinio reglamentario —un elemento primordial directamente relacionado con los resultados financieros, dada la importancia de las relaciones regulatorias— y posibles multas y sanciones. Es importante señalar que los servicios de gas regulados también pueden beneficiarse financieramente de las oportunidades de inversión de capital destinadas a mejorar el rendimiento y mitigar los riesgos relacionados con la seguridad y las emisiones. Estas inversiones de capital pueden provocar bases tarifarias más elevadas, lo que en última instancia beneficia a la empresa y a sus accionistas. Las empresas tratan de gestionar esos riesgos mediante la sustitución de los gasoductos, las inspecciones y la supervisión periódicas, la formación de los empleados y la preparación ante casos de emergencia, las inversiones en tecnología y otras estrategias, y todo ello normalmente en estrecha colaboración con los organismos reguladores. En muchas partes de Estados Unidos, la preocupación por el deterioro de las infraestructuras ha hecho que las empresas del sector busquen formas de agilizar el proceso de aprobación para la sustitución, especialmente en los casos en que los gasoductos se encuentran cerca de zonas con una densidad de población alta.

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