Comparación de industrias

Select Language
Current language: Español (2018)

Está viendo información sobre las siguientes industrias:

  • Petróleo y gas – Exploración y producción Petróleo y gas — Exploración y producción Las compañías de (E&P) exploran, extraen o procesan productos energéticos como el petróleo crudo y el gas natural, que abarcan las operaciones de aprovisionamiento («upstream») de la cadena de valor del petróleo y el gas. Las compañías del sector crean reservas de petróleo y gas tanto convencionales como no convencionales; estas incluyen, entre otras, las reservas de petróleo o gas de esquisto, las arenas petrolíferas y los hidratos de gas. Las actividades tratadas en la presente norma incluyen la creación de reservas tanto en tierra firme como en altamar. El sector de la E&P celebra contratos con el sector servicios de petróleo y gas para llevar a cabo varias actividades de E&P y para obtener la maquinaria y los servicios de yacimientos petrolíferos.
      Eliminar
  • Operaciones con carbón El sector de operaciones con carbón incluye las empresas que extraen carbón y las que fabrican productos de carbón. La actividad minera cubre tanto la minería en el subsuelo como a cielo abierto y el carbón termal y metalúrgico.
      Eliminar

Cuestiones relevantes para ambos Industrias (12 de 26)

¿Por qué algunas cuestiones se muestran atenuadas? Las normas SASB varían según la industria, en función de los diferentes riesgos y oportunidades de sostenibilidad de cada industria. Las cuestiones atenuadas no se identificaron durante el proceso de elaboración de normas como aquellas que pueden afectar al valor de la empresa con mayor probabilidad, por lo que no se incluyen en la norma. Con el tiempo, a medida que el Consejo de Normas SASB siga recibiendo las opiniones del mercado, es posible que se añadan o eliminen algunas cuestiones de la norma. Cada empresa determina por sí misma si una cuestión de sostenibilidad puede afectar a su capacidad de crear valor empresarial. La norma está diseñada para la empresa típica de una industria, pero las empresas individuales pueden optar por informar sobre diferentes cuestiones de sostenibilidad en función de su modelo de negocio único.

Temas de divulgación

¿Cuál es la relación entre la categoría de cuestiones generales y los temas de divulgación? La categoría de cuestiones generales es una versión independiente de la industria de los temas de divulgación que aparecen en cada norma del SASB. Los temas de divulgación representan los impactos específicos de la industria en las categorías de cuestiones generales. Los temas de divulgación específicos de la industria garantizan que cada norma del SASB se adapte a la industria, mientras que las categorías de cuestiones generales permiten la comparación entre industrias. Por ejemplo, Salud y nutrición es un tema de divulgación en la industria de las bebidas sin alcohol, que representa una medida específica de la industria de la cuestión general Bienestar del cliente. Sin embargo, la cuestión Bienestar del cliente se manifiesta como el tema de la divulgación Medicamentos falsificados en la industria Biotecnología y productos farmacéuticos.
  • Petróleo y gas – Exploración y producción Remove
    Access Standard
    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
      • Emisión de gases de efecto invernadero Las actividades de exploración y producción (E&P) generan importantes emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de diversas fuentes. Las emisiones pueden proceder de la quema de sustancias, como las derivadas de la maquinaria para la quema o generación de electricidad, así como de ninguna quema, como las emisiones derivadas de la maquinaria de procesamiento de los gases, la purga, las llamaradas y el metano fugitivo. Las iniciativas normativas para reducir las emisiones de GEI en respuesta a los riesgos que plantea el cambio climático pueden generar costes y riesgos adicionales derivados del cumplimiento normativo a las empresas de E&P. Con la expansión de la producción de gas natural a partir de recursos de esquisto, la gestión de la emisión de metano, un GEI muy potente, desde los sistemas de E&P de petróleo y gas ha surgido como un importante riesgo operativo, de reputación y normativo para las empresas. Además, la explotación de los recursos de hidrocarburos no convencionales podría ser más o menos intensiva en la emisión de GEI que el petróleo y el gas convencionales, con los consiguientes efectos de riesgo de incumplimiento de la normativa. La eficiencia energética, el uso de combustibles menos intensivos en emisiones de dióxido de carbono o las mejoras de los procesos de reducción de las emisiones fugitivas, la purga y la quema, podrán aportar beneficios a las compañías de E&P en forma de mitigación del riesgo climático, menores costes o mayores ingresos.
    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
      • Calidad del aire Las emisiones a la atmósfera generadas por las operaciones de E&P distintas de las emisiones de gases de efecto invernadero incluyen contaminantes atmosféricos peligrosos, contaminantes criterio atmosféricos y compuestos orgánicos volátiles (COV) que pueden tener repercusiones significativas y localizadas sobre la salud humana y el medioambiente. Son especialmente preocupantes las emisiones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y COV. En las compañías, las repercusiones financieras de las emisiones a la atmósfera variarán dependiendo de las ubicaciones específicas de las operaciones y de las normativas vigentes sobre las emisiones a la atmósfera. A medida que las operaciones de E&P se expandan acercándose a los centros de población, es probable que las repercusiones sobre la salud humana se vean exacerbadas si se infringen los límites de las emisiones a la atmósfera. La gestión activa del problema (mediante mejoras tecnológicas y de los procesos) podría permitir que las compañías limitasen la repercusión de las normativas en un entorno de crecientes inquietudes reglamentarias y públicas sobre la calidad del aire. Las compañías podrían beneficiarse de las eficiencias operativas que podrían dar lugar, con el tiempo, a una estructura de costes inferiores.
    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
      • Gestión del agua Según la técnica extractiva, las operaciones de exploración y producción podrían consumir cantidades importantes de agua, lo que podría exponer a las compañías al riesgo de que se redujeses la disponibilidad de agua, a las normativas que limiten su uso o a los aumentos de los costes conexos, particularmente en las regiones en las que haya estrés hídrico. La contaminación de los recursos hídricos locales puede ser el resultado de incidentes relacionados con el agua extraída, el agua de retorno, los líquidos de la fracturación hidráulica y otros líquidos de los pozos. Históricamente ha existido preocupación por los impactos de las operaciones de hidrofracturación sobre la contaminación de los suministros de aguas subterráneas. En los Estados Unidos, la preocupación por las sustancias químicas utilizadas en los líquidos de fracturación hidráulica ha incrementado la divulgación por parte de las compañías en un registro voluntario del sector: FracFocus. También ha habido normativas estatales conexas, así como propuestas legislativas para derogar las exenciones federales en favor de las actividades de fracturación hidráulica. La reducción del uso y la contaminación del agua mediante el reciclaje, otras estrategias de gestión del agua y el uso de líquidos de fracturación no tóxicos podría crear una eficiencia operativa para las compañías y reducir sus costes de explotación. Tales estrategias también podrían minimizar los impactos que las normativas, la escasez del suministro de agua y las interrupciones relacionadas con la comunidad tienen sobre las actividades.
    • Gestión de residuos y materiales peligrosos Esta categoría se ocupa de las cuestiones medioambientales relacionadas con los residuos peligrosos y no peligrosos generados por las empresas. Aborda la gestión de los residuos sólidos de una empresa en la fabricación, la agricultura y otros procesos industriales. Abarca el tratamiento, la manipulación, el almacenamiento, la eliminación y el cumplimiento de la normativa. Esta categoría no incluye las emisiones a la atmósfera ni a las aguas residuales, ni tampoco los residuos del final de la vida útil de los productos, que se tratan en categorías distintas.
      None
    • Impactos ecológicos Esta categoría aborda la gestión de los impactos de la empresa en los ecosistemas y la biodiversidad a través de actividades que incluyen, entre otras, el uso de la tierra para la exploración, la extracción de recursos naturales y el cultivo, así como el desarrollo, la construcción y el emplazamiento de proyectos. Los impactos incluyen, entre otros, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats y la deforestación en todas las fases: planificación, adquisición de terrenos, obtención de permisos, desarrollo, operaciones y rehabilitación de emplazamientos. La categoría no cubre los impactos del cambio climático en los ecosistemas y la biodiversidad.
      • Efectos en la biodiversidad Las actividades del sector de la exploración y producción (E&P) pueden tener importantes repercusiones sobre la biodiversidad. Entre los ejemplos se incluyen la pérdida y la alteración del hábitat mediante el uso del suelo para la exploración, la producción, la eliminación de los residuos de la perforación y los residuos asociados, y el desmantelamiento de los pozos en tierra firme y en altamar. Los vertidos y las fugas de petróleo son una amenaza para las especies y los hábitats afectados por la contaminación provocada por los hidrocarburos. Los impactos de las actividades de E&P sobre la biodiversidad pueden afectar a la tasación de las reservas de petróleo y gas y crear riesgos operativos. Las características medioambientales de los terrenos donde se encuentran las reservas podrían aumentar los costes de extracción como resultado del aumento de la conciencia y la protección de los ecosistemas, haciendo que la extracción de esas reservas fuese antieconómica. Las compañías también podrían enfrentarse a barreras normativas o de reputación para acceder a las reservas ubicadas en zonas ecológicamente sensibles. Esto podría incluir nuevos estatutos de protección otorgados a las zonas donde se ubicasen las reservas. Zonas como el Ártico y determinados litorales donde hay manglares y pantanos no solo son extremadamente sensibles desde el punto de vista ecológico, sino que también entrañan operaciones de limpieza más complejas y costosas si se producen allí vertidos o fugas de hidrocarburos. Los futuros impactos negativos sobre el valor de las reservas podrían mitigarse teniendo en cuenta la ubicación de las reservas en o cerca de las zonas protegidas al tomar decisiones de inversión o de gastos de capital. Las compañías que cuenten con un buen historial de reducción al mínimo de los efectos sobre la biodiversidad podrían obtener una ventaja competitiva al acceder a nuevas reservas situadas en o cerca de las zonas protegidas. Las operaciones de E&P en curso podrían estar en peligro en ausencia de planes eficaces de gestión ambiental de las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, debido a las sanciones reglamentarias, los litigios, las protestas de la comunidad y los costes conexos.
    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
      • Seguridad, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas Las empresas de exploración y producción (E&P) se enfrentan a riesgos adicionales relacionados con la comunidad cuando realizan sus actividades en zonas de conflicto; en zonas en las que hay instituciones de gestión, un estado de derecho y una legislación en materia de protección de los derechos humanos que son débiles o inexistentes; o en zonas donde haya comunidades vulnerables, como los pueblos indígenas. Las compañías que utilizan fuerzas de seguridad privadas o gubernamentales para proteger a sus trabajadores y sus bienes pueden contribuir, a sabiendas o no, a las violaciones de los derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza. Los pueblos indígenas suelen ser los sectores más vulnerables de la población, pues tienen una capacidad limitada para defender sus derechos e intereses excepcionales. Las compañías que se considera que contribuyen a las violaciones de los derechos humanos o que no respetan los derechos de los pueblos indígenas podrán verse afectadas por las protestas, los disturbios o la suspensión de los permisos. Podrían tener que afrontar costes sustanciales relacionados con los pagos de indemnizaciones o acuerdos y con la reducción del valor de sus reservas en esas zonas. A falta de leyes nacionales que aborden esos casos, han surgido varios instrumentos internacionales que proporcionan directrices a las compañías, como la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para las decisiones que les afectan. Más concienciados, varios países también están comenzando a aplicar leyes específicas que protegen los derechos de los pueblos indígenas, lo que crea un creciente riesgo de incumplimiento de la normativa para las compañías.
      • Relaciones con la comunidad Las actividades de exploración y producción (E&P) tienen lugar a lo largo de varios años, y puede que las compañías participen en varios proyectos en una región que puedan tener una amplia gama de repercusiones sobre la comunidad. Los derechos e intereses de la comunidad podrían verse afectados por los impactos medioambientales y sociales de las operaciones de E&P, como la competencia por el acceso a los recursos energéticos o hídricos locales, las emisiones a la atmósfera y al agua y los residuos generados por las actividades. Las compañías de E&P suelen necesitar el apoyo de las comunidades locales para poder obtener permisos y arrendamientos y llevar a cabo sus actividades ininterrumpidamente. Las compañías pueden sufrir impactos financieros negativos si la comunidad interfiere, o presiona a su gobierno para que interfiera, en los derechos de una compañía de E&P en relación con su capacidad para acceder a, desarrollar y producir reservas. Además de las preocupaciones de la comunidad sobre los impactos directos de los proyectos, la presencia de actividades de E&P puede provocar impactos socioeconómicos conexos relacionados con la educación, la salud, los medios de vida y la seguridad alimentaria de la comunidad. Las compañías de E&P que se percibe que se dedican a la búsqueda de rentas y a la explotación de los recursos de un país o una comunidad sin proporcionar ningún beneficio socioeconómico a cambio podrían estar expuestas al riesgo de medidas nacionalistas en defensa de los recursos por parte de los gobiernos y las comunidades anfitrionas. Estas podrían incluir la imposición de tributos ad hoc y las restricciones a la exportación. Estos riesgos pueden variar según el país, y podrían ser mayores en los países que dependiesen en gran medida del petróleo y el gas para su crecimiento económico. Las compañías de los sectores extractivos pueden adoptar diversas estrategias de participación comunitaria en sus operaciones mundiales para gestionar los riesgos y las oportunidades vinculados a los derechos e intereses de la comunidad, como la integración de la participación comunitaria en cada fase del ciclo del proyecto. Las compañías están empezando a adoptar un enfoque de «valor compartido» que proporcione un beneficio socioeconómico esencial a la comunidad, permitiendo al mismo tiempo que la compañía opere de manera rentable.
    • Prácticas laborales Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para mantener las normas laborales comúnmente aceptadas en el lugar de trabajo, incluido el cumplimiento de la legislación laboral y de las normas internacionalmente aceptadas. Esto incluye, entre otras cosas, garantizar los derechos humanos básicos relacionados con el trabajo infantil, el trabajo forzoso o en régimen de servidumbre, la explotación laboral, los salarios justos y el pago de horas extras, y otros derechos básicos de los trabajadores. También incluye las políticas de salario mínimo y la provisión de beneficios, que pueden influir en la forma de atraer, retener y motivar a la mano de obra. La categoría también aborda la relación de la empresa con el trabajo organizado y la libertad de asociación.
      None
    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
      • Salud y seguridad de la fuerza laboral Los trabajadores que participan en actividades de exploración y producción (E&P) se enfrentan a importantes riesgos para la salud y la seguridad, debido a los duros entornos de trabajo y a los peligros de la manipulación de petróleo y gas. Además de los efectos graves resultantes de los accidentes, los trabajadores pueden desarrollar enfermedades crónicas, como las provocadas por la inhalación de sílice o polvo, así como problemas de salud mental. Una proporción significativa de la fuerza laboral de los yacimientos de perforación de petróleo y gas está formada por trabajadores temporales y empleados de las empresas de servicios de petróleo y gas. Por lo tanto, los impactos sobre la salud y la actuación en materia de seguridad de esos trabajadores también repercuten en las compañías de E&P. Es posible que se necesiten protocolos adicionales de salud y seguridad para proteger a las mujeres y las minorías, en particular, cuando trabajen en regiones donde siguen siendo objeto de discriminación.
    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
      • Valoración de las reservas e inversiones de capital Los cálculos sugieren que las empresas de exploración y producción (E&P) podrían ser incapaces de extraer una proporción significativa de sus reservas probadas y probables de petróleo y gas si se quiere controlar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para limitar los aumentos de la temperatura mundial a dos grados centígrados en virtud del Acuerdo de París. Es probable que las compañías que tengan reservas y una producción más intensivas en dióxido de carbono y con costes de capital más elevados se enfrenten a mayores riesgos. Los límites reglamentarios de las emisiones de GEI, junto con la mejora de la competitividad de las tecnologías energéticas alternativas, podrían reducir o disminuir el crecimiento de la demanda mundial y, por consiguiente, reducir los precios de los productos del petróleo y el gas. Los costes de extracción podrían aumentar con las normativas que pongan un precio a las emisiones de GEI. Estos factores podrían afectar a la viabilidad económica de la extracción de las reservas de petróleo y gas. Las medidas regulatorias más abruptas de lo previsto, o las que se centran en sectores que producen altas emisiones, podrían deteriorar el valor de los activos en un breve período de tiempo. La gestión de los recursos de capital y las decisiones de producción que tengan en cuenta las tendencias a corto y largo plazo relacionadas con las medidas de mitigación del cambio climático podrán ayudar a prevenir el deterioro actual de los activos y a mantener la rentabilidad y la solvencia.
    • Ética empresarial Esta categoría aborda el enfoque de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades que rodean la conducta ética en los negocios, incluido el fraude, la corrupción, el soborno y los pagos de facilitación, las responsabilidades fiduciarias y otros comportamientos que pueden tener un componente ético. Esto incluye la sensibilidad a las normas y estándares empresariales, ya que cambian con el tiempo, la jurisdicción y la cultura. Aborda la capacidad de la empresa para prestar servicios que satisfagan las normas profesionales y éticas más estrictas del sector, lo que significa evitar los conflictos de intereses, la tergiversación, la parcialidad y la negligencia mediante la formación adecuada de los empleados y la aplicación de políticas y procedimientos que garanticen que los empleados prestan servicios libres de prejuicios y errores.
      • Ética empresarial y transparencia La gestión de la ética empresarial y el mantenimiento de un nivel adecuado de transparencia en los pagos a los gobiernos o las personas son cuestiones importantes para las compañías de exploración y producción (E&P). Esto se debe a la importancia de las relaciones gubernamentales para que las compañías puedan realizar negocios en este sector y logren acceder a las reservas de petróleo y gas. La aparición de varias leyes e iniciativas anticorrupción, antisoborno y de transparencia en los pagos a nivel mundial crean mecanismos reguladores para reducir determinados riesgos. Si se infringen estas, podrían dar lugar a importantes costes puntuales o a mayores costes continuados de cumplimiento, mientras que el cumplimiento satisfactorio de esos reglamentos podría brindar oportunidades de mitigación de los riesgos y evitar resultados negativos. La aplicación de esas leyes podría generar importantes costes puntuales o mayores costes continuos de cumplimiento e incluso afectar a la licencia social de una compañía para realizar su actividad. Las compañías que cuenten con importantes reservas o que trabajen en países propensos a la corrupción podrían afrontar superiores riesgos. Las compañías se ven presionadas para garantizar que sus estructuras de gestión corporativa y sus prácticas comerciales puedan combatir la corrupción y la participación voluntaria o involuntaria en pagos o regalos ilegales o no éticos a funcionarios del gobierno o a particulares.
    • Gestión del entorno jurídico y reglamentario Esta categoría aborda el enfoque de una empresa para relacionarse con los reguladores en los casos en los que los intereses corporativos y públicos en conflicto pueden tener un potencial impacto medioambiental y social adverso a largo plazo, directo o indirecto. La categoría aborda el nivel de dependencia de una empresa de la política reguladora o de los incentivos económicos (como las subvenciones y los impuestos), las acciones para influir en la política del sector (como a través de los grupos de presión), la dependencia general de un entorno regulador favorable para la competitividad de la empresa y la capacidad para cumplir la normativa pertinente. Puede estar relacionado con la alineación de los puntos de vista de la dirección y de los inversores sobre el compromiso normativo y el cumplimiento en general.
      • Gestión del entorno jurídico y reglamentario La industria de está sujeta a numerosas regulaciones relacionadas con la sostenibilidad y a un entorno regulador que cambia rápidamente. Los cambios en el marco jurídico y reglamentario pueden tener repercusiones importantes en el valor para los accionistas. Las empresas del sector participan regularmente en el proceso normativo y legislativo sobre una amplia variedad de cuestiones ambientales y sociales, y pueden hacerlo directamente o a través de la representación por una asociación industrial. Esa participación puede ser el resultado de que las empresas traten de asegurar que las opiniones de la industria estén representadas en la creación de regulaciones que afectan a la industria, así como de representar los intereses de los accionistas. Al mismo tiempo, ese compromiso de influir en las leyes y regulaciones ambientales puede afectar negativamente a la reputación de las empresas y, en última instancia, repercutir en la licencia social para operar de una empresa. Las empresas que logran un equilibrio entre estos puntos de vista estarán mejor posicionadas para responder a los avances reguladores a medio y largo plazo.
    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
      • Gestión del riesgo de incidentes críticos El sector de la exploración y la producción (E&P) se enfrenta a importantes peligros asociados a las actividades de exploración, desarrollo y producción. Los vertidos de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas como resultado de accidentes también pueden tener consecuencias significativas para el personal de una empresa, así como consecuencias sociales y ambientales externas. Además de las prácticas eficaces de gestión de la seguridad de los procesos, las compañías suelen dar prioridad al desarrollo de una cultura de la seguridad para reducir la probabilidad de que se produzcan accidentes y otros incidentes relacionados con la salud y la seguridad. Si se producen accidentes y otras emergencias, las compañías que cuentan con una sólida cultura de la seguridad suelen estar en condiciones de detectar y responder con mayor eficacia a esos incidentes. Es probable que una cultura que involucre y faculte a los empleados y contratistas para trabajar con la administración, con el fin de salvaguardar su propia salud, seguridad y bienestar y prevenir accidentes, ayude a las empresas a reducir el tiempo de inactividad de la producción, mitigar los costes, garantizar la productividad de la fuerza laboral y mantener su licencia de actividad.
  • Operaciones con carbón Remove
    Access Standard
    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
      • Emisión de gases de efecto invernadero Las operaciones con carbón son intensivas en energía y generan importantes emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI), incluido el dióxido de carbono por el uso de combustible y el metano liberado de los lechos de carbón durante las actividades de extracción y las posteriores a ellas. Los esfuerzos regulatorios para reducir las emisiones de GEI en la lucha contra el cambio climático pueden aumentar los costes operativos y de capital en función de la magnitud de las emisiones directas. Se puede lograr una eficiencia operativa reduciendo las emisiones de GEI. Dicha eficiencia puede mitigar el posible impacto financiero del aumento de los costes de combustible ocasionado por las regulaciones que pretenden limitar las emisiones de GEI (o fijarles un precio).
    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
      None
    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
      • Gestión del agua Las operaciones con carbón tienen un impacto tanto en la calidad como en la cantidad de los recursos hídricos locales. Son intensivas en uso de agua para lavar el carbón y eliminar el azufre, para refrigerar el equipo de perforación y para transportar el carbón en tuberías de lodo. La gravedad del impacto puede variar en función de la disponibilidad de agua en la región y el entorno regulatorio. Reducir el uso y la contaminación del agua también puede generar eficiencias operativas para las empresas y disminuir sus costes operativos. El tratamiento y los vertidos de aguas residuales suelen estar regulados por organismos locales o nacionales. Superar los límites de selenio, sulfato y sólidos disueltos puede afectar a las operaciones de la empresas, que pueden sufrir sanciones importantes, costes de cumplimiento, retrasos en la producción o aumento de costes por el cierre de minas.
    • Gestión de residuos y materiales peligrosos Esta categoría se ocupa de las cuestiones medioambientales relacionadas con los residuos peligrosos y no peligrosos generados por las empresas. Aborda la gestión de los residuos sólidos de una empresa en la fabricación, la agricultura y otros procesos industriales. Abarca el tratamiento, la manipulación, el almacenamiento, la eliminación y el cumplimiento de la normativa. Esta categoría no incluye las emisiones a la atmósfera ni a las aguas residuales, ni tampoco los residuos del final de la vida útil de los productos, que se tratan en categorías distintas.
      • Gestión de residuos El manejo de residuos de roca y arcilla, la eliminación de residuos y los residuos de carbón líquido que contienen sustancias peligrosas como mercurio, arsénico y cadmio, supone desafíos operativos y regulatorios para las empresas de operaciones con carbón. El lodo de carbón y las balsas de estériles pueden suponer una amenaza importante si los diques estallan, se derrumban o tienen fugas, lo que puede destruir vidas, bienes y ecosistemas con sus consiguientes impactos financieros, como sanciones reglamentarias, indemnizaciones y obligación de reparaciones y cumplimiento. El permiso para las operaciones mineras puede verse afectado, lo que disminuiría los ingresos de la empresa o le obligaría a gastar más para obtener la aprobación. La capacidad de las empresas para reducir el número y el tamaño de las balsas de estériles y garantizar la integridad estructural de los diques puede servir para minimizar estos impactos.
    • Impactos ecológicos Esta categoría aborda la gestión de los impactos de la empresa en los ecosistemas y la biodiversidad a través de actividades que incluyen, entre otras, el uso de la tierra para la exploración, la extracción de recursos naturales y el cultivo, así como el desarrollo, la construcción y el emplazamiento de proyectos. Los impactos incluyen, entre otros, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats y la deforestación en todas las fases: planificación, adquisición de terrenos, obtención de permisos, desarrollo, operaciones y rehabilitación de emplazamientos. La categoría no cubre los impactos del cambio climático en los ecosistemas y la biodiversidad.
      • Efectos en la biodiversidad Las operaciones con carbón pueden tener diversos impactos en la biodiversidad. La minería a cielo abierto y la remoción de montañas puede alterar el paisaje, eliminando hábitats de fauna y flora. El drenaje ácido de minas es especialmente importante: es muy alto en agua ácida y rico en metales pesados, se forma cuando el agua de la superficie y la capa exterior superficial entran en contacto por una sobreexplotación del carbón, y puede tener efectos dañinos en personas, animales y plantas. Los impactos en la biodiversidad de las operaciones de carbón pueden afectar a la tasación de las reservas y generar riesgos operativos. Las características del entorno del terreno donde se ubican las reservas pueden aumentar los costes de la extracción a consecuencia de la mayor concienciación y protección de ecosistemas. Las empresas también podrían enfrentarse a barreras regulatorias e impactos en la reputación para acceder a las reservas en áreas ecológicamente sensibles, como las que se designen como áreas protegidas. Las empresas de operaciones con carbón se enfrentan a riesgos regulatorios por reclamaciones cuando se cierra la mina, por los requisitos regulatorios aplicables según un plan de reclamaciones aprobado previamente. Pueden surgir costes sustanciales por la retirada o cubrimiento de vertederos, el cumplimiento de las obligaciones de tratamiento de aguas y el desmantelamiento de la infraestructura al final de su vida. Además, las operaciones con carbón en curso están sometidas a leyes que protegen las especies en peligro de extinción. Las empresas que tengan un plan de gestión ambiental efectivo para las distintas etapas del ciclo de vida pueden minimizar sus costes de cumplimiento y responsabilidades jurídicas, encontrar menos resistencia para el desarrollo de nuevas minas, evitar retrasos en la finalización de proyectos y evitar dificultades en la obtención de permisos y el acceso a las reservas.
    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
      • Derechos de los pueblos indígenas Las empresas del sector de las operaciones con carbón pueden explotar y mantener activos en áreas ocupadas por pueblos indígenas. Aquellas que tienen reputación de contribuir a la violación de los derechos humanos o ignorar los derechos de estos pueblos se pueden ver afectadas por protestas, disturbios o suspensión de permisos. Se podrían enfrentar a costes sustanciales por indemnizaciones de pagos de liquidación y la amortización del valor de sus reservas en dichas zonas. Aunque el país no tenga leyes sobre estos asuntos, han surgido varios instrumentos internacionales para orientar a las empresas. Estos instrumentos incluyen la obtención de un consentimiento previo libre y fundamentado de los pueblos indígenas para las decisiones que les afecten. Con una mayor concienciación, varios países también están empezando a aplicar leyes concretas para proteger los derechos de los pueblos indígenas, lo que genera más riesgos regulatorios para las empresas. Además, los pueblos indígenas suelen ser sectores vulnerables de la población, con capacidad limitada para defender sus derechos e intereses particulares.
      • Relaciones con la comunidad Las operaciones con carbón se desarrollan a lo largo de varios años y pueden tener diversos impactos en la comunidad. Los derechos e intereses de la comunidad pueden verse afectados por los impactos sociales y ambientales de las operaciones, las emisiones atmosféricas, la generación de residuos, los vertidos de aguas residuales y el cierre de actividades. Las empresas de operaciones con carbón a menudo necesitan el apoyo de las comunidades locales para obtener permisos y arrendamientos y poder realizar sus actividades sin interrupciones. El valor previsto de las reservas puede verse afectado si la comunidad interfiere o presiona al gobierno para que interfiera con los derechos de una empresa de carbón respecto a esas reservas. Además de las preocupaciones de la comunidad sobre el impacto directo de los proyectos, la presencia de actividades de minería de carbón puede provocar otras preocupaciones socioeconómicas relacionadas con la educación, la salud y los medios de vida. Las empresas de carbón con reputación de depredar y explotar los recursos de la comunidad sin proporcionar ningún beneficio socioeconómico a cambio pueden exponerse al riesgo de sufrir acciones nacionalistas sobre los recursos por los gobiernos y comunidades locales, restringiendo sus actividades o imponiéndoles costes adicionales. Las empresas del sector de la extracción pueden adoptar diversas estrategias de compromiso con la comunidad en sus operaciones globales, como integrar a la comunidad en cada fase del ciclo del proyecto. Las que adoptan un enfoque de «valor compartido» pueden proporcionar beneficios socioeconómicos fundamentales a las comunidades manteniendo a la vez la rentabilidad de sus operaciones.
    • Prácticas laborales Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para mantener las normas laborales comúnmente aceptadas en el lugar de trabajo, incluido el cumplimiento de la legislación laboral y de las normas internacionalmente aceptadas. Esto incluye, entre otras cosas, garantizar los derechos humanos básicos relacionados con el trabajo infantil, el trabajo forzoso o en régimen de servidumbre, la explotación laboral, los salarios justos y el pago de horas extras, y otros derechos básicos de los trabajadores. También incluye las políticas de salario mínimo y la provisión de beneficios, que pueden influir en la forma de atraer, retener y motivar a la mano de obra. La categoría también aborda la relación de la empresa con el trabajo organizado y la libertad de asociación.
      • Relaciones laborales Las empresas de la minería de carbón se enfrentan a la tensión inherente entre la necesidad de reducir los costes laborales para mantener precios competitivos y la de gestionar los recursos humanos para garantizar un desempeño a largo plazo. Las condiciones de trabajo de las operaciones con carbón suelen ser peligrosas y muy exigentes físicamente. Los sindicatos juegan un papel clave en la representación de los intereses de los trabajadores y la gestión de convenios colectivos para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. Esto hace que la gestión de las relaciones laborales sea esencial, ya que un conflicto con los trabajadores puede dar lugar a huelgas y otras interrupciones que a su vez pueden retrasar o detener la producción, lo que implica un importante descenso de ingresos y un daño a la reputación. Los problemas laborales continuados pueden tener un impacto a largo plazo en la rentabilidad de la entidad. Por otro lado, los resultados positivos de un compromiso laboral efectivo pueden mejorar las prácticas laborales y el uso de la fuerza de trabajo y reducir los incidentes de seguridad, los accidentes y las muertes.
    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
      • Salud y seguridad de la fuerza laboral La seguridad es esencial en las operaciones de la minería de carbón dada la frecuente peligrosidad de las condiciones de trabajo. Se pueden producir muertes o lesiones por diversos motivos, como accidentes, derrumbamientos, explosiones o inundaciones. Debido a estos peligros, el sector se caracteriza por unas tasas de mortalidad y lesiones superiores a la media. Los mineros del carbón también se ven expuestos a riesgos sanitarios a largo plazo, como enfermedades pulmonares crónicas, como la conocida como enfermedad del «pulmón negro», así como problemas mentales. Hay leyes federales concretas sobre salud y seguridad que protegen a los mineros del carbón y establecen indemnizaciones por esta enfermedad del pulmón negro. Pueden imponer costes adicionales a las empresas o dar lugar a sanciones reglamentarias. Los cambios en la legislación pueden conllevar más responsabilidades. La capacidad de una empresa para proteger la salud y seguridad de los empleados y crear una cultura de seguridad y bienestar entre el personal a todos los niveles puede ayudar a evitar accidentes, mitigar los costes y el tiempo de inactividad operativos y mejorar la productividad de la fuerza laboral.
    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
      • Valoración de las reservas e inversiones de capital Las estimaciones sugieren que las empresas de carbón pueden ser incapaces de extraer una proporción significativa de sus reservas de carbón si se ven obligadas a controlar sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) para limitar los aumentos globales de temperatura en 2 °C según el Acuerdo de París. La administración de recursos de capital teniendo en cuenta las tendencias a medio y largo plazo, sobre todo las relacionadas con las acciones para la mitigación del cambio climático, es esencial para evitar el deterioro de los activos y mantener la rentabilidad y la credibilidad. A nivel global, se podrían aplicar regulaciones y políticas para limitar las emisiones de GEI de las centrales energéticas alimentadas con carbón (los clientes de las empresas de carbón), disminuyendo así su demanda y, por tanto, sus precios. La demanda de carbón también se ve afectada por las normas que regulan otras emisiones atmosféricas que se aplican a las centrales alimentadas con carbón. Una expansión de las normas que mitigan los GEI puede aumentar la magnitud de los impactos financieros a medio y largo plazo. Esto, junto con la mejora en la competitividad de tecnologías alternativas de energía, supone un riesgo a largo plazo para las reservas y un gasto en capital para las empresas de operaciones con carbón.
    • Ética empresarial Esta categoría aborda el enfoque de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades que rodean la conducta ética en los negocios, incluido el fraude, la corrupción, el soborno y los pagos de facilitación, las responsabilidades fiduciarias y otros comportamientos que pueden tener un componente ético. Esto incluye la sensibilidad a las normas y estándares empresariales, ya que cambian con el tiempo, la jurisdicción y la cultura. Aborda la capacidad de la empresa para prestar servicios que satisfagan las normas profesionales y éticas más estrictas del sector, lo que significa evitar los conflictos de intereses, la tergiversación, la parcialidad y la negligencia mediante la formación adecuada de los empleados y la aplicación de políticas y procedimientos que garanticen que los empleados prestan servicios libres de prejuicios y errores.
      None
    • Gestión del entorno jurídico y reglamentario Esta categoría aborda el enfoque de una empresa para relacionarse con los reguladores en los casos en los que los intereses corporativos y públicos en conflicto pueden tener un potencial impacto medioambiental y social adverso a largo plazo, directo o indirecto. La categoría aborda el nivel de dependencia de una empresa de la política reguladora o de los incentivos económicos (como las subvenciones y los impuestos), las acciones para influir en la política del sector (como a través de los grupos de presión), la dependencia general de un entorno regulador favorable para la competitividad de la empresa y la capacidad para cumplir la normativa pertinente. Puede estar relacionado con la alineación de los puntos de vista de la dirección y de los inversores sobre el compromiso normativo y el cumplimiento en general.
      None
    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
      None

Seleccionar hasta 4 industrias

actual Industrias:
Petróleo y gas – Exploración y producción
|
Operaciones con carbón
Sector de procesamiento de extractos y minerales
Sector de bienes de consumo
Sector financiero
Sector de alimentos y bebidas
Sector de asistencia sanitaria
Sector de infraestructuras
Sector de recursos renovables y energías alternativas
Sector de transformación de recursos
Sector de servicios
Sector de tecnología y comunicaciones
Sector del transporte