Comparación de industrias

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Current language: Español (2018)

Está viendo información sobre las siguientes industrias:

  • Petróleo y gas – Exploración y producción Petróleo y gas — Exploración y producción Las compañías de (E&P) exploran, extraen o procesan productos energéticos como el petróleo crudo y el gas natural, que abarcan las operaciones de aprovisionamiento («upstream») de la cadena de valor del petróleo y el gas. Las compañías del sector crean reservas de petróleo y gas tanto convencionales como no convencionales; estas incluyen, entre otras, las reservas de petróleo o gas de esquisto, las arenas petrolíferas y los hidratos de gas. Las actividades tratadas en la presente norma incluyen la creación de reservas tanto en tierra firme como en altamar. El sector de la E&P celebra contratos con el sector servicios de petróleo y gas para llevar a cabo varias actividades de E&P y para obtener la maquinaria y los servicios de yacimientos petrolíferos.
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  • Prestación de asistencia sanitaria La industria de prestación de asistencia sanitaria es propietaria y administra hospitales, clínicas y otras instalaciones relacionadas con la atención sanitaria. Las empresas proporcionan una gama de servicios, que incluyen la atención a pacientes internos y externos, cirugía, salud mental, rehabilitación y servicios de laboratorio clínico. La demanda de servicios de prestación de atención de la salud está impulsada en gran medida por las tasas de cobertura de los seguros, la demografía y las tasas de enfermedades y lesiones. La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible de los Estados Unidos (PPACA) aumentó el número de personas con seguro, pero el futuro de esta legislación sigue siendo incierto. La industria se caracteriza por los altos costes fijos de mano de obra e instalaciones, y un mayor énfasis regulatorio en la reducción de los costes de la atención y la mejora de los resultados. Las empresas de prestación de servicios de asistencia sanitaria también se enfrentan a una importante competencia por los pacientes y los recursos de los sistemas de atención de salud privados, sin fines de lucro y religiosos.
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Cuestiones relevantes para ambos Industrias (19 de 26)

¿Por qué algunas cuestiones se muestran atenuadas? Las normas SASB varían según la industria, en función de los diferentes riesgos y oportunidades de sostenibilidad de cada industria. Las cuestiones atenuadas no se identificaron durante el proceso de elaboración de normas como aquellas que pueden afectar al valor de la empresa con mayor probabilidad, por lo que no se incluyen en la norma. Con el tiempo, a medida que el Consejo de Normas SASB siga recibiendo las opiniones del mercado, es posible que se añadan o eliminen algunas cuestiones de la norma. Cada empresa determina por sí misma si una cuestión de sostenibilidad puede afectar a su capacidad de crear valor empresarial. La norma está diseñada para la empresa típica de una industria, pero las empresas individuales pueden optar por informar sobre diferentes cuestiones de sostenibilidad en función de su modelo de negocio único.

Temas de divulgación

¿Cuál es la relación entre la categoría de cuestiones generales y los temas de divulgación? La categoría de cuestiones generales es una versión independiente de la industria de los temas de divulgación que aparecen en cada norma del SASB. Los temas de divulgación representan los impactos específicos de la industria en las categorías de cuestiones generales. Los temas de divulgación específicos de la industria garantizan que cada norma del SASB se adapte a la industria, mientras que las categorías de cuestiones generales permiten la comparación entre industrias. Por ejemplo, Salud y nutrición es un tema de divulgación en la industria de las bebidas sin alcohol, que representa una medida específica de la industria de la cuestión general Bienestar del cliente. Sin embargo, la cuestión Bienestar del cliente se manifiesta como el tema de la divulgación Medicamentos falsificados en la industria Biotecnología y productos farmacéuticos.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
      • Emisión de gases de efecto invernadero Las actividades de exploración y producción (E&P) generan importantes emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de diversas fuentes. Las emisiones pueden proceder de la quema de sustancias, como las derivadas de la maquinaria para la quema o generación de electricidad, así como de ninguna quema, como las emisiones derivadas de la maquinaria de procesamiento de los gases, la purga, las llamaradas y el metano fugitivo. Las iniciativas normativas para reducir las emisiones de GEI en respuesta a los riesgos que plantea el cambio climático pueden generar costes y riesgos adicionales derivados del cumplimiento normativo a las empresas de E&P. Con la expansión de la producción de gas natural a partir de recursos de esquisto, la gestión de la emisión de metano, un GEI muy potente, desde los sistemas de E&P de petróleo y gas ha surgido como un importante riesgo operativo, de reputación y normativo para las empresas. Además, la explotación de los recursos de hidrocarburos no convencionales podría ser más o menos intensiva en la emisión de GEI que el petróleo y el gas convencionales, con los consiguientes efectos de riesgo de incumplimiento de la normativa. La eficiencia energética, el uso de combustibles menos intensivos en emisiones de dióxido de carbono o las mejoras de los procesos de reducción de las emisiones fugitivas, la purga y la quema, podrán aportar beneficios a las compañías de E&P en forma de mitigación del riesgo climático, menores costes o mayores ingresos.
    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
      • Calidad del aire Las emisiones a la atmósfera generadas por las operaciones de E&P distintas de las emisiones de gases de efecto invernadero incluyen contaminantes atmosféricos peligrosos, contaminantes criterio atmosféricos y compuestos orgánicos volátiles (COV) que pueden tener repercusiones significativas y localizadas sobre la salud humana y el medioambiente. Son especialmente preocupantes las emisiones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y COV. En las compañías, las repercusiones financieras de las emisiones a la atmósfera variarán dependiendo de las ubicaciones específicas de las operaciones y de las normativas vigentes sobre las emisiones a la atmósfera. A medida que las operaciones de E&P se expandan acercándose a los centros de población, es probable que las repercusiones sobre la salud humana se vean exacerbadas si se infringen los límites de las emisiones a la atmósfera. La gestión activa del problema (mediante mejoras tecnológicas y de los procesos) podría permitir que las compañías limitasen la repercusión de las normativas en un entorno de crecientes inquietudes reglamentarias y públicas sobre la calidad del aire. Las compañías podrían beneficiarse de las eficiencias operativas que podrían dar lugar, con el tiempo, a una estructura de costes inferiores.
    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
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    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
      • Gestión del agua Según la técnica extractiva, las operaciones de exploración y producción podrían consumir cantidades importantes de agua, lo que podría exponer a las compañías al riesgo de que se redujeses la disponibilidad de agua, a las normativas que limiten su uso o a los aumentos de los costes conexos, particularmente en las regiones en las que haya estrés hídrico. La contaminación de los recursos hídricos locales puede ser el resultado de incidentes relacionados con el agua extraída, el agua de retorno, los líquidos de la fracturación hidráulica y otros líquidos de los pozos. Históricamente ha existido preocupación por los impactos de las operaciones de hidrofracturación sobre la contaminación de los suministros de aguas subterráneas. En los Estados Unidos, la preocupación por las sustancias químicas utilizadas en los líquidos de fracturación hidráulica ha incrementado la divulgación por parte de las compañías en un registro voluntario del sector: FracFocus. También ha habido normativas estatales conexas, así como propuestas legislativas para derogar las exenciones federales en favor de las actividades de fracturación hidráulica. La reducción del uso y la contaminación del agua mediante el reciclaje, otras estrategias de gestión del agua y el uso de líquidos de fracturación no tóxicos podría crear una eficiencia operativa para las compañías y reducir sus costes de explotación. Tales estrategias también podrían minimizar los impactos que las normativas, la escasez del suministro de agua y las interrupciones relacionadas con la comunidad tienen sobre las actividades.
    • Gestión de residuos y materiales peligrosos Esta categoría se ocupa de las cuestiones medioambientales relacionadas con los residuos peligrosos y no peligrosos generados por las empresas. Aborda la gestión de los residuos sólidos de una empresa en la fabricación, la agricultura y otros procesos industriales. Abarca el tratamiento, la manipulación, el almacenamiento, la eliminación y el cumplimiento de la normativa. Esta categoría no incluye las emisiones a la atmósfera ni a las aguas residuales, ni tampoco los residuos del final de la vida útil de los productos, que se tratan en categorías distintas.
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    • Impactos ecológicos Esta categoría aborda la gestión de los impactos de la empresa en los ecosistemas y la biodiversidad a través de actividades que incluyen, entre otras, el uso de la tierra para la exploración, la extracción de recursos naturales y el cultivo, así como el desarrollo, la construcción y el emplazamiento de proyectos. Los impactos incluyen, entre otros, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats y la deforestación en todas las fases: planificación, adquisición de terrenos, obtención de permisos, desarrollo, operaciones y rehabilitación de emplazamientos. La categoría no cubre los impactos del cambio climático en los ecosistemas y la biodiversidad.
      • Efectos en la biodiversidad Las actividades del sector de la exploración y producción (E&P) pueden tener importantes repercusiones sobre la biodiversidad. Entre los ejemplos se incluyen la pérdida y la alteración del hábitat mediante el uso del suelo para la exploración, la producción, la eliminación de los residuos de la perforación y los residuos asociados, y el desmantelamiento de los pozos en tierra firme y en altamar. Los vertidos y las fugas de petróleo son una amenaza para las especies y los hábitats afectados por la contaminación provocada por los hidrocarburos. Los impactos de las actividades de E&P sobre la biodiversidad pueden afectar a la tasación de las reservas de petróleo y gas y crear riesgos operativos. Las características medioambientales de los terrenos donde se encuentran las reservas podrían aumentar los costes de extracción como resultado del aumento de la conciencia y la protección de los ecosistemas, haciendo que la extracción de esas reservas fuese antieconómica. Las compañías también podrían enfrentarse a barreras normativas o de reputación para acceder a las reservas ubicadas en zonas ecológicamente sensibles. Esto podría incluir nuevos estatutos de protección otorgados a las zonas donde se ubicasen las reservas. Zonas como el Ártico y determinados litorales donde hay manglares y pantanos no solo son extremadamente sensibles desde el punto de vista ecológico, sino que también entrañan operaciones de limpieza más complejas y costosas si se producen allí vertidos o fugas de hidrocarburos. Los futuros impactos negativos sobre el valor de las reservas podrían mitigarse teniendo en cuenta la ubicación de las reservas en o cerca de las zonas protegidas al tomar decisiones de inversión o de gastos de capital. Las compañías que cuenten con un buen historial de reducción al mínimo de los efectos sobre la biodiversidad podrían obtener una ventaja competitiva al acceder a nuevas reservas situadas en o cerca de las zonas protegidas. Las operaciones de E&P en curso podrían estar en peligro en ausencia de planes eficaces de gestión ambiental de las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, debido a las sanciones reglamentarias, los litigios, las protestas de la comunidad y los costes conexos.
    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
      • Seguridad, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas Las empresas de exploración y producción (E&P) se enfrentan a riesgos adicionales relacionados con la comunidad cuando realizan sus actividades en zonas de conflicto; en zonas en las que hay instituciones de gestión, un estado de derecho y una legislación en materia de protección de los derechos humanos que son débiles o inexistentes; o en zonas donde haya comunidades vulnerables, como los pueblos indígenas. Las compañías que utilizan fuerzas de seguridad privadas o gubernamentales para proteger a sus trabajadores y sus bienes pueden contribuir, a sabiendas o no, a las violaciones de los derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza. Los pueblos indígenas suelen ser los sectores más vulnerables de la población, pues tienen una capacidad limitada para defender sus derechos e intereses excepcionales. Las compañías que se considera que contribuyen a las violaciones de los derechos humanos o que no respetan los derechos de los pueblos indígenas podrán verse afectadas por las protestas, los disturbios o la suspensión de los permisos. Podrían tener que afrontar costes sustanciales relacionados con los pagos de indemnizaciones o acuerdos y con la reducción del valor de sus reservas en esas zonas. A falta de leyes nacionales que aborden esos casos, han surgido varios instrumentos internacionales que proporcionan directrices a las compañías, como la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para las decisiones que les afectan. Más concienciados, varios países también están comenzando a aplicar leyes específicas que protegen los derechos de los pueblos indígenas, lo que crea un creciente riesgo de incumplimiento de la normativa para las compañías.
      • Relaciones con la comunidad Las actividades de exploración y producción (E&P) tienen lugar a lo largo de varios años, y puede que las compañías participen en varios proyectos en una región que puedan tener una amplia gama de repercusiones sobre la comunidad. Los derechos e intereses de la comunidad podrían verse afectados por los impactos medioambientales y sociales de las operaciones de E&P, como la competencia por el acceso a los recursos energéticos o hídricos locales, las emisiones a la atmósfera y al agua y los residuos generados por las actividades. Las compañías de E&P suelen necesitar el apoyo de las comunidades locales para poder obtener permisos y arrendamientos y llevar a cabo sus actividades ininterrumpidamente. Las compañías pueden sufrir impactos financieros negativos si la comunidad interfiere, o presiona a su gobierno para que interfiera, en los derechos de una compañía de E&P en relación con su capacidad para acceder a, desarrollar y producir reservas. Además de las preocupaciones de la comunidad sobre los impactos directos de los proyectos, la presencia de actividades de E&P puede provocar impactos socioeconómicos conexos relacionados con la educación, la salud, los medios de vida y la seguridad alimentaria de la comunidad. Las compañías de E&P que se percibe que se dedican a la búsqueda de rentas y a la explotación de los recursos de un país o una comunidad sin proporcionar ningún beneficio socioeconómico a cambio podrían estar expuestas al riesgo de medidas nacionalistas en defensa de los recursos por parte de los gobiernos y las comunidades anfitrionas. Estas podrían incluir la imposición de tributos ad hoc y las restricciones a la exportación. Estos riesgos pueden variar según el país, y podrían ser mayores en los países que dependiesen en gran medida del petróleo y el gas para su crecimiento económico. Las compañías de los sectores extractivos pueden adoptar diversas estrategias de participación comunitaria en sus operaciones mundiales para gestionar los riesgos y las oportunidades vinculados a los derechos e intereses de la comunidad, como la integración de la participación comunitaria en cada fase del ciclo del proyecto. Las compañías están empezando a adoptar un enfoque de «valor compartido» que proporcione un beneficio socioeconómico esencial a la comunidad, permitiendo al mismo tiempo que la compañía opere de manera rentable.
    • Seguridad de los datos Esta categoría aborda la gestión de los riesgos relacionados con la recopilación, retención y uso de datos sensibles, confidenciales y/o de propiedad de los clientes o usuarios. Incluye los problemas sociales que pueden surgir de incidentes como las violaciones de datos en las que la información personal identificable (IPI) y otros datos de los usuarios o clientes pueden estar expuestos. Aborda la estrategia, las políticas y las prácticas de una empresa relacionadas con la infraestructura informática, la formación del personal, el mantenimiento de registros, la cooperación con las fuerzas del orden y otros mecanismos utilizados para garantizar la seguridad de los datos de los clientes o usuarios.
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    • Acceso y asequibilidad Esta categoría aborda la capacidad de una empresa para garantizar un amplio acceso a sus productos y servicios, específicamente en el contexto de los mercados y/o grupos de población desatendidos. Incluye la gestión de cuestiones relacionadas con las necesidades universales, tales como la accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria, los servicios financieros, los servicios públicos, la educación y las telecomunicaciones.
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    • Calidad y seguridad de los productos Esta categoría aborda cuestiones relacionadas con las características no deseadas de los productos vendidos o los servicios prestados que pueden crear riesgos para la salud o la seguridad de los usuarios finales. Se refiere a la capacidad de una empresa para ofrecer productos y/o servicios manufacturados que cumplan las expectativas de los clientes con respecto a sus características de salud y seguridad. Incluye, entre otras, cuestiones relacionadas con la responsabilidad, la gestión de las retiradas del mercado, las pruebas de los productos y la gestión de las sustancias químicas/contenidos/ingredientes de los productos.
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    • Bienestar del cliente La categoría aborda las preocupaciones del bienestar de los clientes sobre cuestiones que incluyen, entre otras, la salud y la nutrición de los alimentos y las bebidas, el uso de antibióticos en la producción animal y la gestión de sustancias controladas. Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para ofrecer a los consumidores productos y servicios manufacturados que se ajusten a las expectativas de la sociedad. No incluye cuestiones directamente relacionadas con la calidad y los fallos de seguridad de los productos y servicios fabricados, sino que aborda cualidades inherentes al diseño y la prestación de productos y servicios en los que el bienestar del cliente puede estar en entredicho. El alcance de la categoría también capta la capacidad de las empresas para evitar los productos falsificados.
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    • Prácticas de venta y etiquetado de productos Esta categoría aborda los problemas sociales que pueden surgir por no gestionar la transparencia, la exactitud y la comprensibilidad de las declaraciones de marketing, la publicidad y el etiquetado de los productos y servicios. Incluye, por ejemplo, las normas y reglamentos de publicidad, las prácticas de marketing éticas y responsables, el etiquetado engañoso o confuso, así como las prácticas de venta y préstamo discriminatorias o predatorias. Esto puede incluir prácticas de venta engañosas o agresivas en las que las estructuras de incentivos para los empleados podrían fomentar la venta de productos o servicios que no son del interés de los clientes.
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    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
      • Salud y seguridad de la fuerza laboral Los trabajadores que participan en actividades de exploración y producción (E&P) se enfrentan a importantes riesgos para la salud y la seguridad, debido a los duros entornos de trabajo y a los peligros de la manipulación de petróleo y gas. Además de los efectos graves resultantes de los accidentes, los trabajadores pueden desarrollar enfermedades crónicas, como las provocadas por la inhalación de sílice o polvo, así como problemas de salud mental. Una proporción significativa de la fuerza laboral de los yacimientos de perforación de petróleo y gas está formada por trabajadores temporales y empleados de las empresas de servicios de petróleo y gas. Por lo tanto, los impactos sobre la salud y la actuación en materia de seguridad de esos trabajadores también repercuten en las compañías de E&P. Es posible que se necesiten protocolos adicionales de salud y seguridad para proteger a las mujeres y las minorías, en particular, cuando trabajen en regiones donde siguen siendo objeto de discriminación.
    • Compromiso de los empleados, diversidad e inclusión Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para garantizar que su cultura y sus prácticas de contratación y promoción promuevan la creación de una plantilla diversa e inclusiva que refleje la composición de las reservas de talento locales y su base de clientes. Aborda los problemas de las prácticas discriminatorias por motivos de raza, género, etnia, religión, orientación sexual y otros factores.
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    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
      • Valoración de las reservas e inversiones de capital Los cálculos sugieren que las empresas de exploración y producción (E&P) podrían ser incapaces de extraer una proporción significativa de sus reservas probadas y probables de petróleo y gas si se quiere controlar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para limitar los aumentos de la temperatura mundial a dos grados centígrados en virtud del Acuerdo de París. Es probable que las compañías que tengan reservas y una producción más intensivas en dióxido de carbono y con costes de capital más elevados se enfrenten a mayores riesgos. Los límites reglamentarios de las emisiones de GEI, junto con la mejora de la competitividad de las tecnologías energéticas alternativas, podrían reducir o disminuir el crecimiento de la demanda mundial y, por consiguiente, reducir los precios de los productos del petróleo y el gas. Los costes de extracción podrían aumentar con las normativas que pongan un precio a las emisiones de GEI. Estos factores podrían afectar a la viabilidad económica de la extracción de las reservas de petróleo y gas. Las medidas regulatorias más abruptas de lo previsto, o las que se centran en sectores que producen altas emisiones, podrían deteriorar el valor de los activos en un breve período de tiempo. La gestión de los recursos de capital y las decisiones de producción que tengan en cuenta las tendencias a corto y largo plazo relacionadas con las medidas de mitigación del cambio climático podrán ayudar a prevenir el deterioro actual de los activos y a mantener la rentabilidad y la solvencia.
    • Impactos físicos del cambio climático Esta categoría aborda la capacidad de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades asociados a la exposición directa de los activos y operaciones que posee o controla a los impactos físicos reales o potenciales del cambio climático. Recoge los problemas medioambientales y sociales que pueden surgir de las interrupciones operativas debidas a los impactos físicos del cambio climático. Además, recoge los problemas socioeconómicos derivados de que las empresas no incorporen la consideración del cambio climático en los productos y servicios que venden, como el caso de las pólizas de seguros y las hipotecas. Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para adaptarse a la mayor frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos, los cambios climáticos, el riesgo del nivel del mar y otros impactos físicos previstos del cambio climático. La gestión puede implicar la mejora de la resiliencia de los activos físicos y/o de las infraestructuras circundantes, así como la incorporación de consideraciones relacionadas con el cambio climático en las principales actividades empresariales (por ejemplo, la suscripción de hipotecas y seguros, la planificación y el desarrollo de proyectos inmobiliarios).
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    • Ética empresarial Esta categoría aborda el enfoque de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades que rodean la conducta ética en los negocios, incluido el fraude, la corrupción, el soborno y los pagos de facilitación, las responsabilidades fiduciarias y otros comportamientos que pueden tener un componente ético. Esto incluye la sensibilidad a las normas y estándares empresariales, ya que cambian con el tiempo, la jurisdicción y la cultura. Aborda la capacidad de la empresa para prestar servicios que satisfagan las normas profesionales y éticas más estrictas del sector, lo que significa evitar los conflictos de intereses, la tergiversación, la parcialidad y la negligencia mediante la formación adecuada de los empleados y la aplicación de políticas y procedimientos que garanticen que los empleados prestan servicios libres de prejuicios y errores.
      • Ética empresarial y transparencia La gestión de la ética empresarial y el mantenimiento de un nivel adecuado de transparencia en los pagos a los gobiernos o las personas son cuestiones importantes para las compañías de exploración y producción (E&P). Esto se debe a la importancia de las relaciones gubernamentales para que las compañías puedan realizar negocios en este sector y logren acceder a las reservas de petróleo y gas. La aparición de varias leyes e iniciativas anticorrupción, antisoborno y de transparencia en los pagos a nivel mundial crean mecanismos reguladores para reducir determinados riesgos. Si se infringen estas, podrían dar lugar a importantes costes puntuales o a mayores costes continuados de cumplimiento, mientras que el cumplimiento satisfactorio de esos reglamentos podría brindar oportunidades de mitigación de los riesgos y evitar resultados negativos. La aplicación de esas leyes podría generar importantes costes puntuales o mayores costes continuos de cumplimiento e incluso afectar a la licencia social de una compañía para realizar su actividad. Las compañías que cuenten con importantes reservas o que trabajen en países propensos a la corrupción podrían afrontar superiores riesgos. Las compañías se ven presionadas para garantizar que sus estructuras de gestión corporativa y sus prácticas comerciales puedan combatir la corrupción y la participación voluntaria o involuntaria en pagos o regalos ilegales o no éticos a funcionarios del gobierno o a particulares.
    • Gestión del entorno jurídico y reglamentario Esta categoría aborda el enfoque de una empresa para relacionarse con los reguladores en los casos en los que los intereses corporativos y públicos en conflicto pueden tener un potencial impacto medioambiental y social adverso a largo plazo, directo o indirecto. La categoría aborda el nivel de dependencia de una empresa de la política reguladora o de los incentivos económicos (como las subvenciones y los impuestos), las acciones para influir en la política del sector (como a través de los grupos de presión), la dependencia general de un entorno regulador favorable para la competitividad de la empresa y la capacidad para cumplir la normativa pertinente. Puede estar relacionado con la alineación de los puntos de vista de la dirección y de los inversores sobre el compromiso normativo y el cumplimiento en general.
      • Gestión del entorno jurídico y reglamentario La industria de está sujeta a numerosas regulaciones relacionadas con la sostenibilidad y a un entorno regulador que cambia rápidamente. Los cambios en el marco jurídico y reglamentario pueden tener repercusiones importantes en el valor para los accionistas. Las empresas del sector participan regularmente en el proceso normativo y legislativo sobre una amplia variedad de cuestiones ambientales y sociales, y pueden hacerlo directamente o a través de la representación por una asociación industrial. Esa participación puede ser el resultado de que las empresas traten de asegurar que las opiniones de la industria estén representadas en la creación de regulaciones que afectan a la industria, así como de representar los intereses de los accionistas. Al mismo tiempo, ese compromiso de influir en las leyes y regulaciones ambientales puede afectar negativamente a la reputación de las empresas y, en última instancia, repercutir en la licencia social para operar de una empresa. Las empresas que logran un equilibrio entre estos puntos de vista estarán mejor posicionadas para responder a los avances reguladores a medio y largo plazo.
    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
      • Gestión del riesgo de incidentes críticos El sector de la exploración y la producción (E&P) se enfrenta a importantes peligros asociados a las actividades de exploración, desarrollo y producción. Los vertidos de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas como resultado de accidentes también pueden tener consecuencias significativas para el personal de una empresa, así como consecuencias sociales y ambientales externas. Además de las prácticas eficaces de gestión de la seguridad de los procesos, las compañías suelen dar prioridad al desarrollo de una cultura de la seguridad para reducir la probabilidad de que se produzcan accidentes y otros incidentes relacionados con la salud y la seguridad. Si se producen accidentes y otras emergencias, las compañías que cuentan con una sólida cultura de la seguridad suelen estar en condiciones de detectar y responder con mayor eficacia a esos incidentes. Es probable que una cultura que involucre y faculte a los empleados y contratistas para trabajar con la administración, con el fin de salvaguardar su propia salud, seguridad y bienestar y prevenir accidentes, ayude a las empresas a reducir el tiempo de inactividad de la producción, mitigar los costes, garantizar la productividad de la fuerza laboral y mantener su licencia de actividad.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
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    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
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    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
      • Gestión de la energía Las empresas de prestación de asistencia sanitaria operan instalaciones de alto consumo energético y dependen de la electricidad y el combustible adquiridos. El consumo de ambos puede contribuir a los impactos ambientales, incluyendo el cambio climático y la contaminación. Los intentos legislativos de limitar esos impactos e incentivar la eficiencia energética y la energía renovable pueden dar lugar a la volatilidad de los precios asociados a los combustibles fósiles y la electricidad convencional. Las empresas que pueden mejorar la eficiencia energética pueden reducir los costes y limitar la exposición a las fluctuaciones de los precios de la energía.
    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
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    • Gestión de residuos y materiales peligrosos Esta categoría se ocupa de las cuestiones medioambientales relacionadas con los residuos peligrosos y no peligrosos generados por las empresas. Aborda la gestión de los residuos sólidos de una empresa en la fabricación, la agricultura y otros procesos industriales. Abarca el tratamiento, la manipulación, el almacenamiento, la eliminación y el cumplimiento de la normativa. Esta categoría no incluye las emisiones a la atmósfera ni a las aguas residuales, ni tampoco los residuos del final de la vida útil de los productos, que se tratan en categorías distintas.
      • Gestión de residuos Las empresas de prestación de asistencia sanitaria generan una cantidad importante de residuos médicos y farmacéuticos regulados. Las tasas de eliminación de estos tipos de residuos suelen ser más altas que las de los residuos convencionales y pueden presentar un coste significativo para la industria. Las empresas que son capaces de reducir la cantidad de residuos generados por las estrategias de segregación de residuos mejoradas, el reciclaje y la reutilización pueden limitar su exposición a estos costes.
    • Impactos ecológicos Esta categoría aborda la gestión de los impactos de la empresa en los ecosistemas y la biodiversidad a través de actividades que incluyen, entre otras, el uso de la tierra para la exploración, la extracción de recursos naturales y el cultivo, así como el desarrollo, la construcción y el emplazamiento de proyectos. Los impactos incluyen, entre otros, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats y la deforestación en todas las fases: planificación, adquisición de terrenos, obtención de permisos, desarrollo, operaciones y rehabilitación de emplazamientos. La categoría no cubre los impactos del cambio climático en los ecosistemas y la biodiversidad.
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    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
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    • Seguridad de los datos Esta categoría aborda la gestión de los riesgos relacionados con la recopilación, retención y uso de datos sensibles, confidenciales y/o de propiedad de los clientes o usuarios. Incluye los problemas sociales que pueden surgir de incidentes como las violaciones de datos en las que la información personal identificable (IPI) y otros datos de los usuarios o clientes pueden estar expuestos. Aborda la estrategia, las políticas y las prácticas de una empresa relacionadas con la infraestructura informática, la formación del personal, el mantenimiento de registros, la cooperación con las fuerzas del orden y otros mecanismos utilizados para garantizar la seguridad de los datos de los clientes o usuarios.
      • Privacidad del paciente e historia clínica electrónica La Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico de los Estados Unidos (HIPAA) exige que los proveedores de asistencia sanitaria definan salvaguardias administrativas, físicas y técnicas para proteger la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información sobre la salud de los pacientes. El incumplimiento de esas normas puede dar lugar a sanciones civiles y penales. El alcance y la aplicación de esas multas se reforzaron con la Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos (ARRA). La ARRA también estableció incentivos financieros para el uso significativo de historias clínicas electrónicas, así como la reducción de los pagos de Medicare para las empresas que no demuestren un uso significativo. Aunque el uso significativo fue suplantado por la Ley de Acceso a Medicare y Reautorización de CHIP (MACRA), los incentivos financieros y las multas siguen vinculados al uso efectivo de historias clínicas electrónicas. A medida que prosiguen los esfuerzos legislativos para promover el uso de las historias clínicas electrónicas y las empresas de prestación de asistencia sanitaria se enfrentan a amenazas cada vez mayores relacionadas con la seguridad cibernética, la divulgación sobre el uso de las historias clínicas electrónicas y la seguridad de los datos permitirá a los accionistas supervisar el desempeño en estos ámbitos.
    • Acceso y asequibilidad Esta categoría aborda la capacidad de una empresa para garantizar un amplio acceso a sus productos y servicios, específicamente en el contexto de los mercados y/o grupos de población desatendidos. Incluye la gestión de cuestiones relacionadas con las necesidades universales, tales como la accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria, los servicios financieros, los servicios públicos, la educación y las telecomunicaciones.
      • Acceso para pacientes de bajos ingresos La Ley de Protección al Paciente y Atención Asequible (PPACA) amplió el número de personas aseguradas. Sin embargo, más del 10 por ciento de los adultos en los EE. UU. siguen sin seguro. Las empresas de prestación de asistencia sanitaria continuarán afrontando los desafíos asociados con la prestación de servicios a los pacientes sin seguro y de bajos ingresos. Es probable que estos desafíos se vean agravados por las reducciones en los pagos de los hospitales con cuota de pacientes desproporcionada (DSH). La divulgación de la forma en que las empresas gestionan la prestación de asistencia sanitaria a las poblaciones no aseguradas y el cambio de las asignaciones de DSH permitirá a los accionistas comprender las oportunidades y los riesgos asociados.
    • Calidad y seguridad de los productos Esta categoría aborda cuestiones relacionadas con las características no deseadas de los productos vendidos o los servicios prestados que pueden crear riesgos para la salud o la seguridad de los usuarios finales. Se refiere a la capacidad de una empresa para ofrecer productos y/o servicios manufacturados que cumplan las expectativas de los clientes con respecto a sus características de salud y seguridad. Incluye, entre otras, cuestiones relacionadas con la responsabilidad, la gestión de las retiradas del mercado, las pruebas de los productos y la gestión de las sustancias químicas/contenidos/ingredientes de los productos.
      • Calidad de la atención y satisfacción del paciente La capacidad de ofrecer una atención de calidad y garantizar la satisfacción del paciente es un valor esencial para las empresas de prestación de asistencia sanitaria. El vínculo entre el rendimiento en este ámbito y el valor para los accionistas se reforzó con la Ley de Protección del Paciente y Atención Asequible (PPACA). Entre las disposiciones de la Ley figura el establecimiento del Programa de Compras Hospitalarias Basadas en el Valor, que ofrece pagos de incentivos, basados en el desempeño de una serie de medidas de calidad de la asistencia sanitaria. Además, la PPACA creó programas que reducen los pagos a los pacientes internos de los hospitales con tasas de readmisión excesivas y afecciones adquiridas en el hospital.
    • Bienestar del cliente La categoría aborda las preocupaciones del bienestar de los clientes sobre cuestiones que incluyen, entre otras, la salud y la nutrición de los alimentos y las bebidas, el uso de antibióticos en la producción animal y la gestión de sustancias controladas. Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para ofrecer a los consumidores productos y servicios manufacturados que se ajusten a las expectativas de la sociedad. No incluye cuestiones directamente relacionadas con la calidad y los fallos de seguridad de los productos y servicios fabricados, sino que aborda cualidades inherentes al diseño y la prestación de productos y servicios en los que el bienestar del cliente puede estar en entredicho. El alcance de la categoría también capta la capacidad de las empresas para evitar los productos falsificados.
      • Gestión de sustancias controladas La industria de prestación de asistencia sanitaria se encuentra en una posición única con respecto a la evolución de la epidemia de opioides en los Estados Unidos. En su calidad de proveedores de asistencia sanitaria, la industria también trata a las personas que sufren de adicción y problemas de salud conexos. Aunque las empresas de prestación de asistencia sanitaria no suelen hacer frente a los costes directos relacionados con la prescripción de opioides, sí se enfrentan a costes considerables al atender las necesidades de asistencia sanitaria de las personas que sufren de adicción y enfermedades conexas. Los esfuerzos de toda la industria por revaluar los enfoques del tratamiento del dolor mediante la formulación de nuevas políticas, la capacitación y la supervisión pueden tener repercusiones financieras importantes.
    • Prácticas de venta y etiquetado de productos Esta categoría aborda los problemas sociales que pueden surgir por no gestionar la transparencia, la exactitud y la comprensibilidad de las declaraciones de marketing, la publicidad y el etiquetado de los productos y servicios. Incluye, por ejemplo, las normas y reglamentos de publicidad, las prácticas de marketing éticas y responsables, el etiquetado engañoso o confuso, así como las prácticas de venta y préstamo discriminatorias o predatorias. Esto puede incluir prácticas de venta engañosas o agresivas en las que las estructuras de incentivos para los empleados podrían fomentar la venta de productos o servicios que no son del interés de los clientes.
      • Transparencia en la facturación y los precios En los Estados Unidos, la preocupación por la transparencia de los precios y la facturación en la industria de la prestación de asistencia sanitaria ha dado lugar a numerosos esfuerzos legislativos tanto a nivel estatal como federal. Más de 40 estados informan sobre los cargos o tasas de pago, y ponen esta información a disposición del público. En el caso de los hospitales que aceptan pacientes de Medicare, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) proporcionan cargos medios por paciente y pagos medios de Medicare para los 30 procedimientos ambulatorios más comunes y los grupos relacionados con el diagnóstico más frecuentes. A partir de 2019, es probable que los CMS también exijan a los hospitales que publiquen en línea una lista de sus cargos estándar actuales, y que estos cargos se actualicen anualmente. Esto reforzaría los requisitos establecidos en la Ley de protección del paciente y atención asequible (PPACA), y sería similar a los requisitos existentes en numerosos estados. Estos esfuerzos legislativos y reglamentarios, junto con un mayor énfasis en la contención de los costes de la asistencia sanitaria, pueden mejorar el escrutinio de las prácticas de fijación de precios y facturación de las empresas de esta industria. Las empresas capaces de lograr el cumplimiento y unas estructuras de precios transparentes pueden estar mejor situadas para proteger el valor para los accionistas.
    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
      • Salud y seguridad de los empleados La industria de la prestación de asistencia sanitaria depende en gran medida de una mano de obra cualificada, y los empleados están expuestos de forma rutinaria a lesiones, enfermedades e infecciones durante sus tareas ordinarias. En relación con otras industrias, la prestación de asistencia sanitaria tiene una de las tasas más altas de lesiones y enfermedades. Las empresas que son capaces de gestionar este tema con mayor eficacia pueden reducir los costes asociados con la compensación de los trabajadores, la productividad, la moral y la retención de los empleados. Las empresas suelen mitigar los riesgos aplicando protocolos proactivos de gestión de la salud y la seguridad, elaborando requisitos de capacitación para los empleados y realizando auditorías periódicas de sus propias prácticas.
    • Compromiso de los empleados, diversidad e inclusión Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para garantizar que su cultura y sus prácticas de contratación y promoción promuevan la creación de una plantilla diversa e inclusiva que refleje la composición de las reservas de talento locales y su base de clientes. Aborda los problemas de las prácticas discriminatorias por motivos de raza, género, etnia, religión, orientación sexual y otros factores.
      • Contratación, desarrollo y retención de empleados Las empresas de prestación de asistencia sanitaria seguirán afrontando una mayor competencia por los médicos debido al aumento de la demanda, que se intensifica por la escasez actual y futura. La capacidad continua de reclutar, desarrollar y retener a los profesionales de la salud es fundamental para el éxito en esta industria y la divulgación de los indicadores de desempeño relacionados permite a los accionistas comprender cómo las empresas están gestionando este importante tema del capital humano.
    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
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    • Impactos físicos del cambio climático Esta categoría aborda la capacidad de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades asociados a la exposición directa de los activos y operaciones que posee o controla a los impactos físicos reales o potenciales del cambio climático. Recoge los problemas medioambientales y sociales que pueden surgir de las interrupciones operativas debidas a los impactos físicos del cambio climático. Además, recoge los problemas socioeconómicos derivados de que las empresas no incorporen la consideración del cambio climático en los productos y servicios que venden, como el caso de las pólizas de seguros y las hipotecas. Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para adaptarse a la mayor frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos, los cambios climáticos, el riesgo del nivel del mar y otros impactos físicos previstos del cambio climático. La gestión puede implicar la mejora de la resiliencia de los activos físicos y/o de las infraestructuras circundantes, así como la incorporación de consideraciones relacionadas con el cambio climático en las principales actividades empresariales (por ejemplo, la suscripción de hipotecas y seguros, la planificación y el desarrollo de proyectos inmobiliarios).
      • Impactos del cambio climático en la salud humana y la infraestructura El aumento de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático podría suponer una amenaza física para los centros de asistencia sanitaria y crear dificultades para atender a las poblaciones afectadas. Junto con la posible propagación de enfermedades infecciosas y la escasez de alimentos y agua, estos eventos pueden presentar implicaciones materiales para la industria de la prestación de asistencia sanitaria. La divulgación por parte de las empresas de las políticas, las prácticas y su nivel de preparación relacionadas con el cambio climático ayudará a los inversores a comprender cómo se protegerá el valor.
    • Ética empresarial Esta categoría aborda el enfoque de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades que rodean la conducta ética en los negocios, incluido el fraude, la corrupción, el soborno y los pagos de facilitación, las responsabilidades fiduciarias y otros comportamientos que pueden tener un componente ético. Esto incluye la sensibilidad a las normas y estándares empresariales, ya que cambian con el tiempo, la jurisdicción y la cultura. Aborda la capacidad de la empresa para prestar servicios que satisfagan las normas profesionales y éticas más estrictas del sector, lo que significa evitar los conflictos de intereses, la tergiversación, la parcialidad y la negligencia mediante la formación adecuada de los empleados y la aplicación de políticas y procedimientos que garanticen que los empleados prestan servicios libres de prejuicios y errores.
      • Fraude y procedimientos innecesarios Las empresas de prestación de asistencia sanitaria en los Estados Unidos están sujetas a importantes multas y sanciones en virtud de la Ley de Reclamaciones Fraudulentas de los Estados Unidos y otras leyes estatales similares. Las entidades que reciben al menos 5 millones de dólares anuales en pagos de Medicaid deben tener políticas definidas para todos los empleados y contratistas con respecto a reclamaciones fraudulentas, declaraciones falsas y protecciones de denunciantes bajo estas leyes. La capacidad de asegurar el cumplimiento en esta área puede tener implicaciones materiales para las empresas de prestación de asistencia sanitaria.
    • Gestión del entorno jurídico y reglamentario Esta categoría aborda el enfoque de una empresa para relacionarse con los reguladores en los casos en los que los intereses corporativos y públicos en conflicto pueden tener un potencial impacto medioambiental y social adverso a largo plazo, directo o indirecto. La categoría aborda el nivel de dependencia de una empresa de la política reguladora o de los incentivos económicos (como las subvenciones y los impuestos), las acciones para influir en la política del sector (como a través de los grupos de presión), la dependencia general de un entorno regulador favorable para la competitividad de la empresa y la capacidad para cumplir la normativa pertinente. Puede estar relacionado con la alineación de los puntos de vista de la dirección y de los inversores sobre el compromiso normativo y el cumplimiento en general.
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    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
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