Comparación de industrias

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Current language: Español (2018)

Está viendo información sobre las siguientes industrias:

  • Petróleo y gas – Exploración y producción Petróleo y gas — Exploración y producción Las compañías de (E&P) exploran, extraen o procesan productos energéticos como el petróleo crudo y el gas natural, que abarcan las operaciones de aprovisionamiento («upstream») de la cadena de valor del petróleo y el gas. Las compañías del sector crean reservas de petróleo y gas tanto convencionales como no convencionales; estas incluyen, entre otras, las reservas de petróleo o gas de esquisto, las arenas petrolíferas y los hidratos de gas. Las actividades tratadas en la presente norma incluyen la creación de reservas tanto en tierra firme como en altamar. El sector de la E&P celebra contratos con el sector servicios de petróleo y gas para llevar a cabo varias actividades de E&P y para obtener la maquinaria y los servicios de yacimientos petrolíferos.
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  • Software y servicios de TI El sector de software y servicios de tecnología informática (TI) ofrece productos y servicios a nivel mundial a clientes minoristas, empresariales y gubernamentales, e incluye empresas dedicadas al desarrollo y la venta de software de aplicaciones, software de infraestructura y middleware. El sector es generalmente competitivo, pero con actores dominantes en algunos segmentos. Aunque relativamente inmaduro, este sector se caracteriza por empresas de alto crecimiento que ponen mucho énfasis en la innovación y dependen del capital humano e intelectual. También incluye empresas de servicios de tecnología informática que ofrecen funciones especializadas, como consultoría y subcontratación. Los nuevos modelos de negocio del sector incluyen la computación en nube, el software como servicio, la virtualización, la comunicación entre equipos, el análisis de grandes bases de datos y el aprendizaje automático. Además, el valor de la marca es fundamental para que las empresas del sector escalen y logren efectos de red, por lo que una amplia implantación de un determinado producto de software conduce a un crecimiento autónomo de las ventas.
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Cuestiones relevantes para ambos Industrias (16 de 26)

¿Por qué algunas cuestiones se muestran atenuadas? Las normas SASB varían según la industria, en función de los diferentes riesgos y oportunidades de sostenibilidad de cada industria. Las cuestiones atenuadas no se identificaron durante el proceso de elaboración de normas como aquellas que pueden afectar al valor de la empresa con mayor probabilidad, por lo que no se incluyen en la norma. Con el tiempo, a medida que el Consejo de Normas SASB siga recibiendo las opiniones del mercado, es posible que se añadan o eliminen algunas cuestiones de la norma. Cada empresa determina por sí misma si una cuestión de sostenibilidad puede afectar a su capacidad de crear valor empresarial. La norma está diseñada para la empresa típica de una industria, pero las empresas individuales pueden optar por informar sobre diferentes cuestiones de sostenibilidad en función de su modelo de negocio único.

Temas de divulgación

¿Cuál es la relación entre la categoría de cuestiones generales y los temas de divulgación? La categoría de cuestiones generales es una versión independiente de la industria de los temas de divulgación que aparecen en cada norma del SASB. Los temas de divulgación representan los impactos específicos de la industria en las categorías de cuestiones generales. Los temas de divulgación específicos de la industria garantizan que cada norma del SASB se adapte a la industria, mientras que las categorías de cuestiones generales permiten la comparación entre industrias. Por ejemplo, Salud y nutrición es un tema de divulgación en la industria de las bebidas sin alcohol, que representa una medida específica de la industria de la cuestión general Bienestar del cliente. Sin embargo, la cuestión Bienestar del cliente se manifiesta como el tema de la divulgación Medicamentos falsificados en la industria Biotecnología y productos farmacéuticos.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
      • Emisión de gases de efecto invernadero Las actividades de exploración y producción (E&P) generan importantes emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de diversas fuentes. Las emisiones pueden proceder de la quema de sustancias, como las derivadas de la maquinaria para la quema o generación de electricidad, así como de ninguna quema, como las emisiones derivadas de la maquinaria de procesamiento de los gases, la purga, las llamaradas y el metano fugitivo. Las iniciativas normativas para reducir las emisiones de GEI en respuesta a los riesgos que plantea el cambio climático pueden generar costes y riesgos adicionales derivados del cumplimiento normativo a las empresas de E&P. Con la expansión de la producción de gas natural a partir de recursos de esquisto, la gestión de la emisión de metano, un GEI muy potente, desde los sistemas de E&P de petróleo y gas ha surgido como un importante riesgo operativo, de reputación y normativo para las empresas. Además, la explotación de los recursos de hidrocarburos no convencionales podría ser más o menos intensiva en la emisión de GEI que el petróleo y el gas convencionales, con los consiguientes efectos de riesgo de incumplimiento de la normativa. La eficiencia energética, el uso de combustibles menos intensivos en emisiones de dióxido de carbono o las mejoras de los procesos de reducción de las emisiones fugitivas, la purga y la quema, podrán aportar beneficios a las compañías de E&P en forma de mitigación del riesgo climático, menores costes o mayores ingresos.
    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
      • Calidad del aire Las emisiones a la atmósfera generadas por las operaciones de E&P distintas de las emisiones de gases de efecto invernadero incluyen contaminantes atmosféricos peligrosos, contaminantes criterio atmosféricos y compuestos orgánicos volátiles (COV) que pueden tener repercusiones significativas y localizadas sobre la salud humana y el medioambiente. Son especialmente preocupantes las emisiones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y COV. En las compañías, las repercusiones financieras de las emisiones a la atmósfera variarán dependiendo de las ubicaciones específicas de las operaciones y de las normativas vigentes sobre las emisiones a la atmósfera. A medida que las operaciones de E&P se expandan acercándose a los centros de población, es probable que las repercusiones sobre la salud humana se vean exacerbadas si se infringen los límites de las emisiones a la atmósfera. La gestión activa del problema (mediante mejoras tecnológicas y de los procesos) podría permitir que las compañías limitasen la repercusión de las normativas en un entorno de crecientes inquietudes reglamentarias y públicas sobre la calidad del aire. Las compañías podrían beneficiarse de las eficiencias operativas que podrían dar lugar, con el tiempo, a una estructura de costes inferiores.
    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
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    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
      • Gestión del agua Según la técnica extractiva, las operaciones de exploración y producción podrían consumir cantidades importantes de agua, lo que podría exponer a las compañías al riesgo de que se redujeses la disponibilidad de agua, a las normativas que limiten su uso o a los aumentos de los costes conexos, particularmente en las regiones en las que haya estrés hídrico. La contaminación de los recursos hídricos locales puede ser el resultado de incidentes relacionados con el agua extraída, el agua de retorno, los líquidos de la fracturación hidráulica y otros líquidos de los pozos. Históricamente ha existido preocupación por los impactos de las operaciones de hidrofracturación sobre la contaminación de los suministros de aguas subterráneas. En los Estados Unidos, la preocupación por las sustancias químicas utilizadas en los líquidos de fracturación hidráulica ha incrementado la divulgación por parte de las compañías en un registro voluntario del sector: FracFocus. También ha habido normativas estatales conexas, así como propuestas legislativas para derogar las exenciones federales en favor de las actividades de fracturación hidráulica. La reducción del uso y la contaminación del agua mediante el reciclaje, otras estrategias de gestión del agua y el uso de líquidos de fracturación no tóxicos podría crear una eficiencia operativa para las compañías y reducir sus costes de explotación. Tales estrategias también podrían minimizar los impactos que las normativas, la escasez del suministro de agua y las interrupciones relacionadas con la comunidad tienen sobre las actividades.
    • Impactos ecológicos Esta categoría aborda la gestión de los impactos de la empresa en los ecosistemas y la biodiversidad a través de actividades que incluyen, entre otras, el uso de la tierra para la exploración, la extracción de recursos naturales y el cultivo, así como el desarrollo, la construcción y el emplazamiento de proyectos. Los impactos incluyen, entre otros, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats y la deforestación en todas las fases: planificación, adquisición de terrenos, obtención de permisos, desarrollo, operaciones y rehabilitación de emplazamientos. La categoría no cubre los impactos del cambio climático en los ecosistemas y la biodiversidad.
      • Efectos en la biodiversidad Las actividades del sector de la exploración y producción (E&P) pueden tener importantes repercusiones sobre la biodiversidad. Entre los ejemplos se incluyen la pérdida y la alteración del hábitat mediante el uso del suelo para la exploración, la producción, la eliminación de los residuos de la perforación y los residuos asociados, y el desmantelamiento de los pozos en tierra firme y en altamar. Los vertidos y las fugas de petróleo son una amenaza para las especies y los hábitats afectados por la contaminación provocada por los hidrocarburos. Los impactos de las actividades de E&P sobre la biodiversidad pueden afectar a la tasación de las reservas de petróleo y gas y crear riesgos operativos. Las características medioambientales de los terrenos donde se encuentran las reservas podrían aumentar los costes de extracción como resultado del aumento de la conciencia y la protección de los ecosistemas, haciendo que la extracción de esas reservas fuese antieconómica. Las compañías también podrían enfrentarse a barreras normativas o de reputación para acceder a las reservas ubicadas en zonas ecológicamente sensibles. Esto podría incluir nuevos estatutos de protección otorgados a las zonas donde se ubicasen las reservas. Zonas como el Ártico y determinados litorales donde hay manglares y pantanos no solo son extremadamente sensibles desde el punto de vista ecológico, sino que también entrañan operaciones de limpieza más complejas y costosas si se producen allí vertidos o fugas de hidrocarburos. Los futuros impactos negativos sobre el valor de las reservas podrían mitigarse teniendo en cuenta la ubicación de las reservas en o cerca de las zonas protegidas al tomar decisiones de inversión o de gastos de capital. Las compañías que cuenten con un buen historial de reducción al mínimo de los efectos sobre la biodiversidad podrían obtener una ventaja competitiva al acceder a nuevas reservas situadas en o cerca de las zonas protegidas. Las operaciones de E&P en curso podrían estar en peligro en ausencia de planes eficaces de gestión ambiental de las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, debido a las sanciones reglamentarias, los litigios, las protestas de la comunidad y los costes conexos.
    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
      • Seguridad, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas Las empresas de exploración y producción (E&P) se enfrentan a riesgos adicionales relacionados con la comunidad cuando realizan sus actividades en zonas de conflicto; en zonas en las que hay instituciones de gestión, un estado de derecho y una legislación en materia de protección de los derechos humanos que son débiles o inexistentes; o en zonas donde haya comunidades vulnerables, como los pueblos indígenas. Las compañías que utilizan fuerzas de seguridad privadas o gubernamentales para proteger a sus trabajadores y sus bienes pueden contribuir, a sabiendas o no, a las violaciones de los derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza. Los pueblos indígenas suelen ser los sectores más vulnerables de la población, pues tienen una capacidad limitada para defender sus derechos e intereses excepcionales. Las compañías que se considera que contribuyen a las violaciones de los derechos humanos o que no respetan los derechos de los pueblos indígenas podrán verse afectadas por las protestas, los disturbios o la suspensión de los permisos. Podrían tener que afrontar costes sustanciales relacionados con los pagos de indemnizaciones o acuerdos y con la reducción del valor de sus reservas en esas zonas. A falta de leyes nacionales que aborden esos casos, han surgido varios instrumentos internacionales que proporcionan directrices a las compañías, como la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para las decisiones que les afectan. Más concienciados, varios países también están comenzando a aplicar leyes específicas que protegen los derechos de los pueblos indígenas, lo que crea un creciente riesgo de incumplimiento de la normativa para las compañías.
      • Relaciones con la comunidad Las actividades de exploración y producción (E&P) tienen lugar a lo largo de varios años, y puede que las compañías participen en varios proyectos en una región que puedan tener una amplia gama de repercusiones sobre la comunidad. Los derechos e intereses de la comunidad podrían verse afectados por los impactos medioambientales y sociales de las operaciones de E&P, como la competencia por el acceso a los recursos energéticos o hídricos locales, las emisiones a la atmósfera y al agua y los residuos generados por las actividades. Las compañías de E&P suelen necesitar el apoyo de las comunidades locales para poder obtener permisos y arrendamientos y llevar a cabo sus actividades ininterrumpidamente. Las compañías pueden sufrir impactos financieros negativos si la comunidad interfiere, o presiona a su gobierno para que interfiera, en los derechos de una compañía de E&P en relación con su capacidad para acceder a, desarrollar y producir reservas. Además de las preocupaciones de la comunidad sobre los impactos directos de los proyectos, la presencia de actividades de E&P puede provocar impactos socioeconómicos conexos relacionados con la educación, la salud, los medios de vida y la seguridad alimentaria de la comunidad. Las compañías de E&P que se percibe que se dedican a la búsqueda de rentas y a la explotación de los recursos de un país o una comunidad sin proporcionar ningún beneficio socioeconómico a cambio podrían estar expuestas al riesgo de medidas nacionalistas en defensa de los recursos por parte de los gobiernos y las comunidades anfitrionas. Estas podrían incluir la imposición de tributos ad hoc y las restricciones a la exportación. Estos riesgos pueden variar según el país, y podrían ser mayores en los países que dependiesen en gran medida del petróleo y el gas para su crecimiento económico. Las compañías de los sectores extractivos pueden adoptar diversas estrategias de participación comunitaria en sus operaciones mundiales para gestionar los riesgos y las oportunidades vinculados a los derechos e intereses de la comunidad, como la integración de la participación comunitaria en cada fase del ciclo del proyecto. Las compañías están empezando a adoptar un enfoque de «valor compartido» que proporcione un beneficio socioeconómico esencial a la comunidad, permitiendo al mismo tiempo que la compañía opere de manera rentable.
    • Privacidad del cliente Esta categoría aborda la gestión de los riesgos relacionados con el uso de información personal identificable (IPI) y otros datos de clientes o usuarios para fines secundarios, incluidas, entre otras, la comercialización a través de afiliados y no afiliados. El ámbito de la categoría incluye los problemas sociales que pueden surgir del enfoque de una empresa para la recopilación de datos, la obtención del consentimiento (por ejemplo, las políticas de inclusión), la gestión de las expectativas de los usuarios y los clientes en relación con el uso de sus datos y la gestión de la evolución de la normativa. Excluye las cuestiones sociales derivadas de los riesgos de ciberseguridad, que se tratan en una categoría aparte.
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    • Seguridad de los datos Esta categoría aborda la gestión de los riesgos relacionados con la recopilación, retención y uso de datos sensibles, confidenciales y/o de propiedad de los clientes o usuarios. Incluye los problemas sociales que pueden surgir de incidentes como las violaciones de datos en las que la información personal identificable (IPI) y otros datos de los usuarios o clientes pueden estar expuestos. Aborda la estrategia, las políticas y las prácticas de una empresa relacionadas con la infraestructura informática, la formación del personal, el mantenimiento de registros, la cooperación con las fuerzas del orden y otros mecanismos utilizados para garantizar la seguridad de los datos de los clientes o usuarios.
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    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
      • Salud y seguridad de la fuerza laboral Los trabajadores que participan en actividades de exploración y producción (E&P) se enfrentan a importantes riesgos para la salud y la seguridad, debido a los duros entornos de trabajo y a los peligros de la manipulación de petróleo y gas. Además de los efectos graves resultantes de los accidentes, los trabajadores pueden desarrollar enfermedades crónicas, como las provocadas por la inhalación de sílice o polvo, así como problemas de salud mental. Una proporción significativa de la fuerza laboral de los yacimientos de perforación de petróleo y gas está formada por trabajadores temporales y empleados de las empresas de servicios de petróleo y gas. Por lo tanto, los impactos sobre la salud y la actuación en materia de seguridad de esos trabajadores también repercuten en las compañías de E&P. Es posible que se necesiten protocolos adicionales de salud y seguridad para proteger a las mujeres y las minorías, en particular, cuando trabajen en regiones donde siguen siendo objeto de discriminación.
    • Compromiso de los empleados, diversidad e inclusión Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para garantizar que su cultura y sus prácticas de contratación y promoción promuevan la creación de una plantilla diversa e inclusiva que refleje la composición de las reservas de talento locales y su base de clientes. Aborda los problemas de las prácticas discriminatorias por motivos de raza, género, etnia, religión, orientación sexual y otros factores.
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    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
      • Valoración de las reservas e inversiones de capital Los cálculos sugieren que las empresas de exploración y producción (E&P) podrían ser incapaces de extraer una proporción significativa de sus reservas probadas y probables de petróleo y gas si se quiere controlar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para limitar los aumentos de la temperatura mundial a dos grados centígrados en virtud del Acuerdo de París. Es probable que las compañías que tengan reservas y una producción más intensivas en dióxido de carbono y con costes de capital más elevados se enfrenten a mayores riesgos. Los límites reglamentarios de las emisiones de GEI, junto con la mejora de la competitividad de las tecnologías energéticas alternativas, podrían reducir o disminuir el crecimiento de la demanda mundial y, por consiguiente, reducir los precios de los productos del petróleo y el gas. Los costes de extracción podrían aumentar con las normativas que pongan un precio a las emisiones de GEI. Estos factores podrían afectar a la viabilidad económica de la extracción de las reservas de petróleo y gas. Las medidas regulatorias más abruptas de lo previsto, o las que se centran en sectores que producen altas emisiones, podrían deteriorar el valor de los activos en un breve período de tiempo. La gestión de los recursos de capital y las decisiones de producción que tengan en cuenta las tendencias a corto y largo plazo relacionadas con las medidas de mitigación del cambio climático podrán ayudar a prevenir el deterioro actual de los activos y a mantener la rentabilidad y la solvencia.
    • Ética empresarial Esta categoría aborda el enfoque de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades que rodean la conducta ética en los negocios, incluido el fraude, la corrupción, el soborno y los pagos de facilitación, las responsabilidades fiduciarias y otros comportamientos que pueden tener un componente ético. Esto incluye la sensibilidad a las normas y estándares empresariales, ya que cambian con el tiempo, la jurisdicción y la cultura. Aborda la capacidad de la empresa para prestar servicios que satisfagan las normas profesionales y éticas más estrictas del sector, lo que significa evitar los conflictos de intereses, la tergiversación, la parcialidad y la negligencia mediante la formación adecuada de los empleados y la aplicación de políticas y procedimientos que garanticen que los empleados prestan servicios libres de prejuicios y errores.
      • Ética empresarial y transparencia La gestión de la ética empresarial y el mantenimiento de un nivel adecuado de transparencia en los pagos a los gobiernos o las personas son cuestiones importantes para las compañías de exploración y producción (E&P). Esto se debe a la importancia de las relaciones gubernamentales para que las compañías puedan realizar negocios en este sector y logren acceder a las reservas de petróleo y gas. La aparición de varias leyes e iniciativas anticorrupción, antisoborno y de transparencia en los pagos a nivel mundial crean mecanismos reguladores para reducir determinados riesgos. Si se infringen estas, podrían dar lugar a importantes costes puntuales o a mayores costes continuados de cumplimiento, mientras que el cumplimiento satisfactorio de esos reglamentos podría brindar oportunidades de mitigación de los riesgos y evitar resultados negativos. La aplicación de esas leyes podría generar importantes costes puntuales o mayores costes continuos de cumplimiento e incluso afectar a la licencia social de una compañía para realizar su actividad. Las compañías que cuenten con importantes reservas o que trabajen en países propensos a la corrupción podrían afrontar superiores riesgos. Las compañías se ven presionadas para garantizar que sus estructuras de gestión corporativa y sus prácticas comerciales puedan combatir la corrupción y la participación voluntaria o involuntaria en pagos o regalos ilegales o no éticos a funcionarios del gobierno o a particulares.
    • Comportamiento competitivo Esta categoría abarca los problemas sociales asociados a la existencia de monopolios, que pueden incluir, entre otros, precios excesivos, mala calidad del servicio e ineficiencias. Aborda la gestión de una empresa de las expectativas legales y sociales en torno a las prácticas monopolísticas y anticompetitivas, incluidas las cuestiones relacionadas con el poder de negociación, la colusión, la fijación o manipulación de precios y la protección de las patentes y la propiedad intelectual.
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    • Gestión del entorno jurídico y reglamentario Esta categoría aborda el enfoque de una empresa para relacionarse con los reguladores en los casos en los que los intereses corporativos y públicos en conflicto pueden tener un potencial impacto medioambiental y social adverso a largo plazo, directo o indirecto. La categoría aborda el nivel de dependencia de una empresa de la política reguladora o de los incentivos económicos (como las subvenciones y los impuestos), las acciones para influir en la política del sector (como a través de los grupos de presión), la dependencia general de un entorno regulador favorable para la competitividad de la empresa y la capacidad para cumplir la normativa pertinente. Puede estar relacionado con la alineación de los puntos de vista de la dirección y de los inversores sobre el compromiso normativo y el cumplimiento en general.
      • Gestión del entorno jurídico y reglamentario La industria de está sujeta a numerosas regulaciones relacionadas con la sostenibilidad y a un entorno regulador que cambia rápidamente. Los cambios en el marco jurídico y reglamentario pueden tener repercusiones importantes en el valor para los accionistas. Las empresas del sector participan regularmente en el proceso normativo y legislativo sobre una amplia variedad de cuestiones ambientales y sociales, y pueden hacerlo directamente o a través de la representación por una asociación industrial. Esa participación puede ser el resultado de que las empresas traten de asegurar que las opiniones de la industria estén representadas en la creación de regulaciones que afectan a la industria, así como de representar los intereses de los accionistas. Al mismo tiempo, ese compromiso de influir en las leyes y regulaciones ambientales puede afectar negativamente a la reputación de las empresas y, en última instancia, repercutir en la licencia social para operar de una empresa. Las empresas que logran un equilibrio entre estos puntos de vista estarán mejor posicionadas para responder a los avances reguladores a medio y largo plazo.
    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
      • Gestión del riesgo de incidentes críticos El sector de la exploración y la producción (E&P) se enfrenta a importantes peligros asociados a las actividades de exploración, desarrollo y producción. Los vertidos de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas como resultado de accidentes también pueden tener consecuencias significativas para el personal de una empresa, así como consecuencias sociales y ambientales externas. Además de las prácticas eficaces de gestión de la seguridad de los procesos, las compañías suelen dar prioridad al desarrollo de una cultura de la seguridad para reducir la probabilidad de que se produzcan accidentes y otros incidentes relacionados con la salud y la seguridad. Si se producen accidentes y otras emergencias, las compañías que cuentan con una sólida cultura de la seguridad suelen estar en condiciones de detectar y responder con mayor eficacia a esos incidentes. Es probable que una cultura que involucre y faculte a los empleados y contratistas para trabajar con la administración, con el fin de salvaguardar su propia salud, seguridad y bienestar y prevenir accidentes, ayude a las empresas a reducir el tiempo de inactividad de la producción, mitigar los costes, garantizar la productividad de la fuerza laboral y mantener su licencia de actividad.
    • Gestión del riesgo sistémico Esta categoría aborda las contribuciones de la empresa a los riesgos sistémicos, o su gestión, resultantes del debilitamiento o el colapso a gran escala de los sistemas de los que dependen la economía y la sociedad. Esto incluye los sistemas financieros, los sistemas de recursos naturales y los sistemas tecnológicos. Aborda los mecanismos que tiene una empresa para reducir sus contribuciones a los riesgos sistémicos y para mejorar las salvaguardas que pueden mitigar los impactos del fracaso sistémico. En el caso de las instituciones financieras, la categoría también capta la capacidad de la empresa para absorber las perturbaciones derivadas de las tensiones financieras y económicas y cumplir los requisitos reglamentarios más estrictos relacionados con la complejidad y la interconexión de las empresas del sector.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
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    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
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    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
      • Huella ambiental de la infraestructura de hardware Con el crecimiento de la oferta de servicios basados en la nube, las empresas de este sector poseen, operan o alquilan cada vez más centros de datos y otros tipos de hardware; por tanto, la gestión del uso de la energía y el agua asociados a la infraestructura de hardware de TI es importante para el valor de las acciones. Los centros de datos necesitan energía constante y las interrupciones en el suministro pueden tener un impacto sustancial en las operaciones, dependiendo de la magnitud y el momento. Las empresas deben encontrar un equilibrio entre el consumo de energía y el de agua, debido a las necesidades de refrigeración de los centros de datos. Refrigerarlos con agua en lugar de con aparatos es una forma de mejorar la eficiencia energética, pero puede conllevar una dependencia de importantes recursos hídricos locales. Las decisiones sobre las especificaciones de los centros de datos son importantes para gestionar los costes, obtener un suministro fiable de energía y agua y reducir los riesgos para la reputación, sobre todo a medida que aumenta el enfoque normativo mundial sobre el cambio climático y surgen oportunidades de innovación en eficiencia energética y energías renovables.
    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
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    • Impactos ecológicos Esta categoría aborda la gestión de los impactos de la empresa en los ecosistemas y la biodiversidad a través de actividades que incluyen, entre otras, el uso de la tierra para la exploración, la extracción de recursos naturales y el cultivo, así como el desarrollo, la construcción y el emplazamiento de proyectos. Los impactos incluyen, entre otros, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats y la deforestación en todas las fases: planificación, adquisición de terrenos, obtención de permisos, desarrollo, operaciones y rehabilitación de emplazamientos. La categoría no cubre los impactos del cambio climático en los ecosistemas y la biodiversidad.
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    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
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    • Privacidad del cliente Esta categoría aborda la gestión de los riesgos relacionados con el uso de información personal identificable (IPI) y otros datos de clientes o usuarios para fines secundarios, incluidas, entre otras, la comercialización a través de afiliados y no afiliados. El ámbito de la categoría incluye los problemas sociales que pueden surgir del enfoque de una empresa para la recopilación de datos, la obtención del consentimiento (por ejemplo, las políticas de inclusión), la gestión de las expectativas de los usuarios y los clientes en relación con el uso de sus datos y la gestión de la evolución de la normativa. Excluye las cuestiones sociales derivadas de los riesgos de ciberseguridad, que se tratan en una categoría aparte.
      • Protección de datos y libertad de expresión Con el aumento de la oferta de productos y servicios a través de Internet y de dispositivos móviles de las empresas de software y servicios de tecnología informática, es necesario gestionar con cuidado dos prioridades separadas y, a menudo, contradictorias. Por un lado, las empresas utilizan los datos de los clientes para innovar, ofrecerles nuevos productos y servicios y generar ingresos. Por otro lado, existen preocupaciones de privacidad asociadas con las compañías que tienen acceso a una amplia gama de datos de los clientes, como datos personales, demográficos, de contenido y de comportamiento. Esta dinámica está llevando a un mayor escrutinio regulatorio en muchos países del mundo. La entrega de software y la prestación de servicios de TI basados en la nube también suscita preocupaciones sobre el posible acceso a los datos de los usuarios por parte de los gobiernos, que pueden utilizarlos para limitar las libertades de los ciudadanos. La gestión eficaz en este campo es importante para reducir los riesgos regulatorios y de reputación que pueden dar lugar a una disminución de los ingresos y la cuota de mercado y a acciones reguladoras que entrañen sanciones y otros costes jurídicos.
    • Seguridad de los datos Esta categoría aborda la gestión de los riesgos relacionados con la recopilación, retención y uso de datos sensibles, confidenciales y/o de propiedad de los clientes o usuarios. Incluye los problemas sociales que pueden surgir de incidentes como las violaciones de datos en las que la información personal identificable (IPI) y otros datos de los usuarios o clientes pueden estar expuestos. Aborda la estrategia, las políticas y las prácticas de una empresa relacionadas con la infraestructura informática, la formación del personal, el mantenimiento de registros, la cooperación con las fuerzas del orden y otros mecanismos utilizados para garantizar la seguridad de los datos de los clientes o usuarios.
      • Seguridad de los datos Las empresas de software y servicios de TI son blanco de crecientes amenazas a la seguridad de los datos a causa de ciberataques e ingeniería social, lo que pone en peligro sus propios datos y los de sus clientes. Prevenir, detectar y reparar de forma inadecuada este tipo de amenazas puede influir en la captación y retención de clientes y dar lugar a una disminución de la cuota de mercado y la demanda de productos de la empresa. Además del daño a la reputación y la rotación de clientes, la filtración de datos pueden aumentar los gastos que normalmente conllevan los esfuerzos de reparación, como las ofertas de protección de datos y la formación de los empleados en materia de protección de datos. Entretanto, es probable que los nuevos estándares y regulaciones en materia de seguridad de datos afecten a los gastos operativos de las empresas debido al aumento del coste que conlleva su cumplimiento. Por otro lado, las empresas del sector están bien situadas para descubrir oportunidades de ingresos al proporcionar software y servicios seguros para satisfacer la demanda de garantías en la seguridad de los datos.
    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
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    • Compromiso de los empleados, diversidad e inclusión Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para garantizar que su cultura y sus prácticas de contratación y promoción promuevan la creación de una plantilla diversa e inclusiva que refleje la composición de las reservas de talento locales y su base de clientes. Aborda los problemas de las prácticas discriminatorias por motivos de raza, género, etnia, religión, orientación sexual y otros factores.
      • Contratación y gestión de una fuerza laboral global, diversa y cualificada Los empleados son quienes más contribuyen a la creación de valor en el sector del software y servicios de TI. Aunque el número de vacantes en el sector no deja de crecer, las empresas suelen tener dificultades para contratar empleados cualificados que cubran esos puestos. La escasez de empleados nacionales con cualificación técnica ha generado una intensa competencia para captar empleados altamente cualificados, lo que contribuye a altas tasas de rotación. Para responder a la escasez de talentos, las empresas suelen recurrir a la contratación de ciudadanos extranjeros y a realizar operaciones extraterritoriales, creando problemas de gestión del personal y sostenibilidad y riesgos comerciales asociados. Algunas empresas contribuyen a programas de educación y formación pertinentes para ampliar la disponibilidad de empleados nacionales cualificados. Ofrecen importantes incentivos monetarios y no monetarios para aumentar el compromiso de los empleados y con ello aumentar la retención y la productividad. Las iniciativas para mejorar el compromiso de los empleados y la conciliación entre trabajo y vida privada pueden influir en la contratación y la retención de una fuerza laboral diversa. El sector se caracteriza por una representación relativamente baja de mujeres y grupos minoritarios; el esfuerzo por contratar y desarrollar bancos de talentos diversos puede servir para hacer frente a la escasez de talentos y mejorar en general el valor de las ofertas. Una mayor diversidad de la fuerza laboral es importante para la innovación y ayuda a las empresas a comprender las necesidades de su base de clientes diversa y global.
    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
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    • Ética empresarial Esta categoría aborda el enfoque de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades que rodean la conducta ética en los negocios, incluido el fraude, la corrupción, el soborno y los pagos de facilitación, las responsabilidades fiduciarias y otros comportamientos que pueden tener un componente ético. Esto incluye la sensibilidad a las normas y estándares empresariales, ya que cambian con el tiempo, la jurisdicción y la cultura. Aborda la capacidad de la empresa para prestar servicios que satisfagan las normas profesionales y éticas más estrictas del sector, lo que significa evitar los conflictos de intereses, la tergiversación, la parcialidad y la negligencia mediante la formación adecuada de los empleados y la aplicación de políticas y procedimientos que garanticen que los empleados prestan servicios libres de prejuicios y errores.
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    • Comportamiento competitivo Esta categoría abarca los problemas sociales asociados a la existencia de monopolios, que pueden incluir, entre otros, precios excesivos, mala calidad del servicio e ineficiencias. Aborda la gestión de una empresa de las expectativas legales y sociales en torno a las prácticas monopolísticas y anticompetitivas, incluidas las cuestiones relacionadas con el poder de negociación, la colusión, la fijación o manipulación de precios y la protección de las patentes y la propiedad intelectual.
      • Protección de la propiedad intelectual y comportamiento competitivo Las empresas del sector del software y servicios de TI dedican una proporción cuantiosa de sus ingresos a la protección de la propiedad intelectual (PI), como la adquisición de patentes y derechos de autor. Si bien la protección de la PI es inherente al modelo de negocios de algunas empresas del sector y constituye un importante motor de innovación, las prácticas empresariales en materia de PI pueden ser a veces un tema polémico para la sociedad. A veces las empresas adquieren patentes y otros tipos de protección de PI para restringir la competencia y el acceso a las ventajas de la innovación, especialmente si son agentes dominantes del mercado. Debido a la complejidad de los programas informáticos, su carácter abstracto y la creciente protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados, las empresas del sector deben sortear las reivindicaciones de patentes que se superponen para poder operar. En consecuencia, pueden verse constantemente envueltas en litigios o sujetas a exámenes reguladores, ya sea debido a denuncias de violación de patentes si adoptan prácticas comerciales poco éticas o si se considera que lo hacen, o porque demandan a otros por violación de la PI. Las resoluciones jurídicas o regulatorias adversas relacionadas con los antimonopolios y la PI pueden exponer a las empresas del sector a procesos costosos y prolongados y a posibles pérdidas monetarias como consecuencia de ello. Esas resoluciones también pueden afectar a la cuota de mercado y al poder de fijación de precios de una empresa si se impugnan legalmente sus patentes o su posición dominante en mercados clave, lo que puede tener repercusiones importantes en los ingresos. Por tanto, las empresas que logren equilibrar la protección de su PI y su uso para estimular la innovación, asegurándose al mismo tiempo de que su gestión de la PI y otras prácticas comerciales no restrinjan injustamente la competencia, tienen la posibilidad de reducir el escrutinio regulador y las acciones legales, protegiendo al mismo tiempo su valor de mercado.
    • Gestión del entorno jurídico y reglamentario Esta categoría aborda el enfoque de una empresa para relacionarse con los reguladores en los casos en los que los intereses corporativos y públicos en conflicto pueden tener un potencial impacto medioambiental y social adverso a largo plazo, directo o indirecto. La categoría aborda el nivel de dependencia de una empresa de la política reguladora o de los incentivos económicos (como las subvenciones y los impuestos), las acciones para influir en la política del sector (como a través de los grupos de presión), la dependencia general de un entorno regulador favorable para la competitividad de la empresa y la capacidad para cumplir la normativa pertinente. Puede estar relacionado con la alineación de los puntos de vista de la dirección y de los inversores sobre el compromiso normativo y el cumplimiento en general.
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    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
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    • Gestión del riesgo sistémico Esta categoría aborda las contribuciones de la empresa a los riesgos sistémicos, o su gestión, resultantes del debilitamiento o el colapso a gran escala de los sistemas de los que dependen la economía y la sociedad. Esto incluye los sistemas financieros, los sistemas de recursos naturales y los sistemas tecnológicos. Aborda los mecanismos que tiene una empresa para reducir sus contribuciones a los riesgos sistémicos y para mejorar las salvaguardas que pueden mitigar los impactos del fracaso sistémico. En el caso de las instituciones financieras, la categoría también capta la capacidad de la empresa para absorber las perturbaciones derivadas de las tensiones financieras y económicas y cumplir los requisitos reglamentarios más estrictos relacionados con la complejidad y la interconexión de las empresas del sector.
      • Gestión de los riesgos sistémicos por alteraciones tecnológicas Con la tendencia al alza de la computación en nube y el uso de Software como servicio (SaaS), los proveedores de software y servicios de TI deben asegurarse de contar con una infraestructura y unas políticas sólidas para minimizar las interrupciones de sus servicios. Las interrupciones debidas a errores de programación o períodos de actividad de los servidores pueden ocasionar riesgos sistémicos, ya que las funciones de computación y almacenamiento de datos se trasladan de los servidores de las empresas individuales de diversos sectores a los centros de datos de los proveedores de servicios de computación en nube. Los riesgos se agravan especialmente si los clientes afectados pertenecen a sectores sensibles, como las instituciones financieras o las empresas de servicios públicos, que se consideran infraestructuras nacionales esenciales. Es probable que las inversiones de las empresas en la mejora de la fiabilidad y la calidad de su infraestructura y servicios de TI afecten a su capacidad para captar y retener clientes, lo que repercutirá en los ingresos y las oportunidades en nuevos mercados.

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