Comparación de industrias

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Current language: Español (2018)

Está viendo información sobre las siguientes industrias:

  • Petróleo y gas – Exploración y producción Petróleo y gas — Exploración y producción Las compañías de (E&P) exploran, extraen o procesan productos energéticos como el petróleo crudo y el gas natural, que abarcan las operaciones de aprovisionamiento («upstream») de la cadena de valor del petróleo y el gas. Las compañías del sector crean reservas de petróleo y gas tanto convencionales como no convencionales; estas incluyen, entre otras, las reservas de petróleo o gas de esquisto, las arenas petrolíferas y los hidratos de gas. Las actividades tratadas en la presente norma incluyen la creación de reservas tanto en tierra firme como en altamar. El sector de la E&P celebra contratos con el sector servicios de petróleo y gas para llevar a cabo varias actividades de E&P y para obtener la maquinaria y los servicios de yacimientos petrolíferos.
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  • Servicios de telecomunicaciones El sector de los servicios de telecomunicaciones consiste en empresas de telecomunicaciones inalámbricas y por cable, así como en empresas que prestan servicios de cable y satélite. El segmento de servicios inalámbricos proporciona comunicación directa a través de redes celulares basadas en radio y opera y mantiene las instalaciones de conmutación y transmisión asociadas. El segmento de servicios por cable proporciona comunicación de voz local y de larga distancia a través de la red telefónica pública conmutada. Las empresas de telefonía por cable también ofrecen servicios de telefonía de voz sobre protocolo de Internet (VoIP), televisión y servicios de Internet de banda ancha a través de una red en expansión de cables de fibra óptica. Los proveedores de cable distribuyen la programación de televisión de las redes de cable a los abonados. También suelen ofrecer a los consumidores servicios de vídeo, servicio de Internet de alta velocidad y VoIP. Estos servicios se agrupan tradicionalmente en paquetes que ofrecen a los abonados opciones de pago más sencillas que el pago de cada servicio por separado. Las empresas de satélites distribuyen la programación de televisión a través de satélites de radiodifusión en órbita alrededor de la tierra o a través de estaciones terrestres. Las empresas atienden a los clientes principalmente en sus mercados nacionales, aunque algunas empresas operan en varios países.
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Cuestiones relevantes para ambos Industrias (16 de 26)

¿Por qué algunas cuestiones se muestran atenuadas? Las normas SASB varían según la industria, en función de los diferentes riesgos y oportunidades de sostenibilidad de cada industria. Las cuestiones atenuadas no se identificaron durante el proceso de elaboración de normas como aquellas que pueden afectar al valor de la empresa con mayor probabilidad, por lo que no se incluyen en la norma. Con el tiempo, a medida que el Consejo de Normas SASB siga recibiendo las opiniones del mercado, es posible que se añadan o eliminen algunas cuestiones de la norma. Cada empresa determina por sí misma si una cuestión de sostenibilidad puede afectar a su capacidad de crear valor empresarial. La norma está diseñada para la empresa típica de una industria, pero las empresas individuales pueden optar por informar sobre diferentes cuestiones de sostenibilidad en función de su modelo de negocio único.

Temas de divulgación

¿Cuál es la relación entre la categoría de cuestiones generales y los temas de divulgación? La categoría de cuestiones generales es una versión independiente de la industria de los temas de divulgación que aparecen en cada norma del SASB. Los temas de divulgación representan los impactos específicos de la industria en las categorías de cuestiones generales. Los temas de divulgación específicos de la industria garantizan que cada norma del SASB se adapte a la industria, mientras que las categorías de cuestiones generales permiten la comparación entre industrias. Por ejemplo, Salud y nutrición es un tema de divulgación en la industria de las bebidas sin alcohol, que representa una medida específica de la industria de la cuestión general Bienestar del cliente. Sin embargo, la cuestión Bienestar del cliente se manifiesta como el tema de la divulgación Medicamentos falsificados en la industria Biotecnología y productos farmacéuticos.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
      • Emisión de gases de efecto invernadero Las actividades de exploración y producción (E&P) generan importantes emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de diversas fuentes. Las emisiones pueden proceder de la quema de sustancias, como las derivadas de la maquinaria para la quema o generación de electricidad, así como de ninguna quema, como las emisiones derivadas de la maquinaria de procesamiento de los gases, la purga, las llamaradas y el metano fugitivo. Las iniciativas normativas para reducir las emisiones de GEI en respuesta a los riesgos que plantea el cambio climático pueden generar costes y riesgos adicionales derivados del cumplimiento normativo a las empresas de E&P. Con la expansión de la producción de gas natural a partir de recursos de esquisto, la gestión de la emisión de metano, un GEI muy potente, desde los sistemas de E&P de petróleo y gas ha surgido como un importante riesgo operativo, de reputación y normativo para las empresas. Además, la explotación de los recursos de hidrocarburos no convencionales podría ser más o menos intensiva en la emisión de GEI que el petróleo y el gas convencionales, con los consiguientes efectos de riesgo de incumplimiento de la normativa. La eficiencia energética, el uso de combustibles menos intensivos en emisiones de dióxido de carbono o las mejoras de los procesos de reducción de las emisiones fugitivas, la purga y la quema, podrán aportar beneficios a las compañías de E&P en forma de mitigación del riesgo climático, menores costes o mayores ingresos.
    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
      • Calidad del aire Las emisiones a la atmósfera generadas por las operaciones de E&P distintas de las emisiones de gases de efecto invernadero incluyen contaminantes atmosféricos peligrosos, contaminantes criterio atmosféricos y compuestos orgánicos volátiles (COV) que pueden tener repercusiones significativas y localizadas sobre la salud humana y el medioambiente. Son especialmente preocupantes las emisiones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y COV. En las compañías, las repercusiones financieras de las emisiones a la atmósfera variarán dependiendo de las ubicaciones específicas de las operaciones y de las normativas vigentes sobre las emisiones a la atmósfera. A medida que las operaciones de E&P se expandan acercándose a los centros de población, es probable que las repercusiones sobre la salud humana se vean exacerbadas si se infringen los límites de las emisiones a la atmósfera. La gestión activa del problema (mediante mejoras tecnológicas y de los procesos) podría permitir que las compañías limitasen la repercusión de las normativas en un entorno de crecientes inquietudes reglamentarias y públicas sobre la calidad del aire. Las compañías podrían beneficiarse de las eficiencias operativas que podrían dar lugar, con el tiempo, a una estructura de costes inferiores.
    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
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    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
      • Gestión del agua Según la técnica extractiva, las operaciones de exploración y producción podrían consumir cantidades importantes de agua, lo que podría exponer a las compañías al riesgo de que se redujeses la disponibilidad de agua, a las normativas que limiten su uso o a los aumentos de los costes conexos, particularmente en las regiones en las que haya estrés hídrico. La contaminación de los recursos hídricos locales puede ser el resultado de incidentes relacionados con el agua extraída, el agua de retorno, los líquidos de la fracturación hidráulica y otros líquidos de los pozos. Históricamente ha existido preocupación por los impactos de las operaciones de hidrofracturación sobre la contaminación de los suministros de aguas subterráneas. En los Estados Unidos, la preocupación por las sustancias químicas utilizadas en los líquidos de fracturación hidráulica ha incrementado la divulgación por parte de las compañías en un registro voluntario del sector: FracFocus. También ha habido normativas estatales conexas, así como propuestas legislativas para derogar las exenciones federales en favor de las actividades de fracturación hidráulica. La reducción del uso y la contaminación del agua mediante el reciclaje, otras estrategias de gestión del agua y el uso de líquidos de fracturación no tóxicos podría crear una eficiencia operativa para las compañías y reducir sus costes de explotación. Tales estrategias también podrían minimizar los impactos que las normativas, la escasez del suministro de agua y las interrupciones relacionadas con la comunidad tienen sobre las actividades.
    • Impactos ecológicos Esta categoría aborda la gestión de los impactos de la empresa en los ecosistemas y la biodiversidad a través de actividades que incluyen, entre otras, el uso de la tierra para la exploración, la extracción de recursos naturales y el cultivo, así como el desarrollo, la construcción y el emplazamiento de proyectos. Los impactos incluyen, entre otros, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats y la deforestación en todas las fases: planificación, adquisición de terrenos, obtención de permisos, desarrollo, operaciones y rehabilitación de emplazamientos. La categoría no cubre los impactos del cambio climático en los ecosistemas y la biodiversidad.
      • Efectos en la biodiversidad Las actividades del sector de la exploración y producción (E&P) pueden tener importantes repercusiones sobre la biodiversidad. Entre los ejemplos se incluyen la pérdida y la alteración del hábitat mediante el uso del suelo para la exploración, la producción, la eliminación de los residuos de la perforación y los residuos asociados, y el desmantelamiento de los pozos en tierra firme y en altamar. Los vertidos y las fugas de petróleo son una amenaza para las especies y los hábitats afectados por la contaminación provocada por los hidrocarburos. Los impactos de las actividades de E&P sobre la biodiversidad pueden afectar a la tasación de las reservas de petróleo y gas y crear riesgos operativos. Las características medioambientales de los terrenos donde se encuentran las reservas podrían aumentar los costes de extracción como resultado del aumento de la conciencia y la protección de los ecosistemas, haciendo que la extracción de esas reservas fuese antieconómica. Las compañías también podrían enfrentarse a barreras normativas o de reputación para acceder a las reservas ubicadas en zonas ecológicamente sensibles. Esto podría incluir nuevos estatutos de protección otorgados a las zonas donde se ubicasen las reservas. Zonas como el Ártico y determinados litorales donde hay manglares y pantanos no solo son extremadamente sensibles desde el punto de vista ecológico, sino que también entrañan operaciones de limpieza más complejas y costosas si se producen allí vertidos o fugas de hidrocarburos. Los futuros impactos negativos sobre el valor de las reservas podrían mitigarse teniendo en cuenta la ubicación de las reservas en o cerca de las zonas protegidas al tomar decisiones de inversión o de gastos de capital. Las compañías que cuenten con un buen historial de reducción al mínimo de los efectos sobre la biodiversidad podrían obtener una ventaja competitiva al acceder a nuevas reservas situadas en o cerca de las zonas protegidas. Las operaciones de E&P en curso podrían estar en peligro en ausencia de planes eficaces de gestión ambiental de las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, debido a las sanciones reglamentarias, los litigios, las protestas de la comunidad y los costes conexos.
    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
      • Seguridad, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas Las empresas de exploración y producción (E&P) se enfrentan a riesgos adicionales relacionados con la comunidad cuando realizan sus actividades en zonas de conflicto; en zonas en las que hay instituciones de gestión, un estado de derecho y una legislación en materia de protección de los derechos humanos que son débiles o inexistentes; o en zonas donde haya comunidades vulnerables, como los pueblos indígenas. Las compañías que utilizan fuerzas de seguridad privadas o gubernamentales para proteger a sus trabajadores y sus bienes pueden contribuir, a sabiendas o no, a las violaciones de los derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza. Los pueblos indígenas suelen ser los sectores más vulnerables de la población, pues tienen una capacidad limitada para defender sus derechos e intereses excepcionales. Las compañías que se considera que contribuyen a las violaciones de los derechos humanos o que no respetan los derechos de los pueblos indígenas podrán verse afectadas por las protestas, los disturbios o la suspensión de los permisos. Podrían tener que afrontar costes sustanciales relacionados con los pagos de indemnizaciones o acuerdos y con la reducción del valor de sus reservas en esas zonas. A falta de leyes nacionales que aborden esos casos, han surgido varios instrumentos internacionales que proporcionan directrices a las compañías, como la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para las decisiones que les afectan. Más concienciados, varios países también están comenzando a aplicar leyes específicas que protegen los derechos de los pueblos indígenas, lo que crea un creciente riesgo de incumplimiento de la normativa para las compañías.
      • Relaciones con la comunidad Las actividades de exploración y producción (E&P) tienen lugar a lo largo de varios años, y puede que las compañías participen en varios proyectos en una región que puedan tener una amplia gama de repercusiones sobre la comunidad. Los derechos e intereses de la comunidad podrían verse afectados por los impactos medioambientales y sociales de las operaciones de E&P, como la competencia por el acceso a los recursos energéticos o hídricos locales, las emisiones a la atmósfera y al agua y los residuos generados por las actividades. Las compañías de E&P suelen necesitar el apoyo de las comunidades locales para poder obtener permisos y arrendamientos y llevar a cabo sus actividades ininterrumpidamente. Las compañías pueden sufrir impactos financieros negativos si la comunidad interfiere, o presiona a su gobierno para que interfiera, en los derechos de una compañía de E&P en relación con su capacidad para acceder a, desarrollar y producir reservas. Además de las preocupaciones de la comunidad sobre los impactos directos de los proyectos, la presencia de actividades de E&P puede provocar impactos socioeconómicos conexos relacionados con la educación, la salud, los medios de vida y la seguridad alimentaria de la comunidad. Las compañías de E&P que se percibe que se dedican a la búsqueda de rentas y a la explotación de los recursos de un país o una comunidad sin proporcionar ningún beneficio socioeconómico a cambio podrían estar expuestas al riesgo de medidas nacionalistas en defensa de los recursos por parte de los gobiernos y las comunidades anfitrionas. Estas podrían incluir la imposición de tributos ad hoc y las restricciones a la exportación. Estos riesgos pueden variar según el país, y podrían ser mayores en los países que dependiesen en gran medida del petróleo y el gas para su crecimiento económico. Las compañías de los sectores extractivos pueden adoptar diversas estrategias de participación comunitaria en sus operaciones mundiales para gestionar los riesgos y las oportunidades vinculados a los derechos e intereses de la comunidad, como la integración de la participación comunitaria en cada fase del ciclo del proyecto. Las compañías están empezando a adoptar un enfoque de «valor compartido» que proporcione un beneficio socioeconómico esencial a la comunidad, permitiendo al mismo tiempo que la compañía opere de manera rentable.
    • Privacidad del cliente Esta categoría aborda la gestión de los riesgos relacionados con el uso de información personal identificable (IPI) y otros datos de clientes o usuarios para fines secundarios, incluidas, entre otras, la comercialización a través de afiliados y no afiliados. El ámbito de la categoría incluye los problemas sociales que pueden surgir del enfoque de una empresa para la recopilación de datos, la obtención del consentimiento (por ejemplo, las políticas de inclusión), la gestión de las expectativas de los usuarios y los clientes en relación con el uso de sus datos y la gestión de la evolución de la normativa. Excluye las cuestiones sociales derivadas de los riesgos de ciberseguridad, que se tratan en una categoría aparte.
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    • Seguridad de los datos Esta categoría aborda la gestión de los riesgos relacionados con la recopilación, retención y uso de datos sensibles, confidenciales y/o de propiedad de los clientes o usuarios. Incluye los problemas sociales que pueden surgir de incidentes como las violaciones de datos en las que la información personal identificable (IPI) y otros datos de los usuarios o clientes pueden estar expuestos. Aborda la estrategia, las políticas y las prácticas de una empresa relacionadas con la infraestructura informática, la formación del personal, el mantenimiento de registros, la cooperación con las fuerzas del orden y otros mecanismos utilizados para garantizar la seguridad de los datos de los clientes o usuarios.
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    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
      • Salud y seguridad de la fuerza laboral Los trabajadores que participan en actividades de exploración y producción (E&P) se enfrentan a importantes riesgos para la salud y la seguridad, debido a los duros entornos de trabajo y a los peligros de la manipulación de petróleo y gas. Además de los efectos graves resultantes de los accidentes, los trabajadores pueden desarrollar enfermedades crónicas, como las provocadas por la inhalación de sílice o polvo, así como problemas de salud mental. Una proporción significativa de la fuerza laboral de los yacimientos de perforación de petróleo y gas está formada por trabajadores temporales y empleados de las empresas de servicios de petróleo y gas. Por lo tanto, los impactos sobre la salud y la actuación en materia de seguridad de esos trabajadores también repercuten en las compañías de E&P. Es posible que se necesiten protocolos adicionales de salud y seguridad para proteger a las mujeres y las minorías, en particular, cuando trabajen en regiones donde siguen siendo objeto de discriminación.
    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
      • Valoración de las reservas e inversiones de capital Los cálculos sugieren que las empresas de exploración y producción (E&P) podrían ser incapaces de extraer una proporción significativa de sus reservas probadas y probables de petróleo y gas si se quiere controlar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para limitar los aumentos de la temperatura mundial a dos grados centígrados en virtud del Acuerdo de París. Es probable que las compañías que tengan reservas y una producción más intensivas en dióxido de carbono y con costes de capital más elevados se enfrenten a mayores riesgos. Los límites reglamentarios de las emisiones de GEI, junto con la mejora de la competitividad de las tecnologías energéticas alternativas, podrían reducir o disminuir el crecimiento de la demanda mundial y, por consiguiente, reducir los precios de los productos del petróleo y el gas. Los costes de extracción podrían aumentar con las normativas que pongan un precio a las emisiones de GEI. Estos factores podrían afectar a la viabilidad económica de la extracción de las reservas de petróleo y gas. Las medidas regulatorias más abruptas de lo previsto, o las que se centran en sectores que producen altas emisiones, podrían deteriorar el valor de los activos en un breve período de tiempo. La gestión de los recursos de capital y las decisiones de producción que tengan en cuenta las tendencias a corto y largo plazo relacionadas con las medidas de mitigación del cambio climático podrán ayudar a prevenir el deterioro actual de los activos y a mantener la rentabilidad y la solvencia.
    • Abastecimiento y eficiencia de los materiales Esta categoría aborda cuestiones relacionadas con la resistencia de las cadenas de suministro de materiales a los impactos del cambio climático y otros factores ambientales y sociales externos. Plasma las repercusiones de estos factores externos en la actividad operativa de los proveedores, que pueden afectar además a la disponibilidad y el precio de los recursos clave. Aborda la capacidad de una empresa para gestionar estos riesgos a través del diseño, la fabricación y la gestión del final de la vida útil del producto, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados y renovables, la reducción del uso de materiales clave (desmaterialización), la maximización de la eficiencia de los recursos en la fabricación y la realización de inversiones en I+D en materiales sustitutivos. Además, las empresas pueden gestionar estas cuestiones mediante la selección, el seguimiento y el compromiso con los proveedores para garantizar su resistencia a los riesgos externos. No aborda las cuestiones relacionadas con las externalidades medioambientales y sociales creadas por la actividad operativa de los proveedores individuales, que se tratan en una categoría aparte.
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    • Ética empresarial Esta categoría aborda el enfoque de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades que rodean la conducta ética en los negocios, incluido el fraude, la corrupción, el soborno y los pagos de facilitación, las responsabilidades fiduciarias y otros comportamientos que pueden tener un componente ético. Esto incluye la sensibilidad a las normas y estándares empresariales, ya que cambian con el tiempo, la jurisdicción y la cultura. Aborda la capacidad de la empresa para prestar servicios que satisfagan las normas profesionales y éticas más estrictas del sector, lo que significa evitar los conflictos de intereses, la tergiversación, la parcialidad y la negligencia mediante la formación adecuada de los empleados y la aplicación de políticas y procedimientos que garanticen que los empleados prestan servicios libres de prejuicios y errores.
      • Ética empresarial y transparencia La gestión de la ética empresarial y el mantenimiento de un nivel adecuado de transparencia en los pagos a los gobiernos o las personas son cuestiones importantes para las compañías de exploración y producción (E&P). Esto se debe a la importancia de las relaciones gubernamentales para que las compañías puedan realizar negocios en este sector y logren acceder a las reservas de petróleo y gas. La aparición de varias leyes e iniciativas anticorrupción, antisoborno y de transparencia en los pagos a nivel mundial crean mecanismos reguladores para reducir determinados riesgos. Si se infringen estas, podrían dar lugar a importantes costes puntuales o a mayores costes continuados de cumplimiento, mientras que el cumplimiento satisfactorio de esos reglamentos podría brindar oportunidades de mitigación de los riesgos y evitar resultados negativos. La aplicación de esas leyes podría generar importantes costes puntuales o mayores costes continuos de cumplimiento e incluso afectar a la licencia social de una compañía para realizar su actividad. Las compañías que cuenten con importantes reservas o que trabajen en países propensos a la corrupción podrían afrontar superiores riesgos. Las compañías se ven presionadas para garantizar que sus estructuras de gestión corporativa y sus prácticas comerciales puedan combatir la corrupción y la participación voluntaria o involuntaria en pagos o regalos ilegales o no éticos a funcionarios del gobierno o a particulares.
    • Comportamiento competitivo Esta categoría abarca los problemas sociales asociados a la existencia de monopolios, que pueden incluir, entre otros, precios excesivos, mala calidad del servicio e ineficiencias. Aborda la gestión de una empresa de las expectativas legales y sociales en torno a las prácticas monopolísticas y anticompetitivas, incluidas las cuestiones relacionadas con el poder de negociación, la colusión, la fijación o manipulación de precios y la protección de las patentes y la propiedad intelectual.
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    • Gestión del entorno jurídico y reglamentario Esta categoría aborda el enfoque de una empresa para relacionarse con los reguladores en los casos en los que los intereses corporativos y públicos en conflicto pueden tener un potencial impacto medioambiental y social adverso a largo plazo, directo o indirecto. La categoría aborda el nivel de dependencia de una empresa de la política reguladora o de los incentivos económicos (como las subvenciones y los impuestos), las acciones para influir en la política del sector (como a través de los grupos de presión), la dependencia general de un entorno regulador favorable para la competitividad de la empresa y la capacidad para cumplir la normativa pertinente. Puede estar relacionado con la alineación de los puntos de vista de la dirección y de los inversores sobre el compromiso normativo y el cumplimiento en general.
      • Gestión del entorno jurídico y reglamentario La industria de está sujeta a numerosas regulaciones relacionadas con la sostenibilidad y a un entorno regulador que cambia rápidamente. Los cambios en el marco jurídico y reglamentario pueden tener repercusiones importantes en el valor para los accionistas. Las empresas del sector participan regularmente en el proceso normativo y legislativo sobre una amplia variedad de cuestiones ambientales y sociales, y pueden hacerlo directamente o a través de la representación por una asociación industrial. Esa participación puede ser el resultado de que las empresas traten de asegurar que las opiniones de la industria estén representadas en la creación de regulaciones que afectan a la industria, así como de representar los intereses de los accionistas. Al mismo tiempo, ese compromiso de influir en las leyes y regulaciones ambientales puede afectar negativamente a la reputación de las empresas y, en última instancia, repercutir en la licencia social para operar de una empresa. Las empresas que logran un equilibrio entre estos puntos de vista estarán mejor posicionadas para responder a los avances reguladores a medio y largo plazo.
    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
      • Gestión del riesgo de incidentes críticos El sector de la exploración y la producción (E&P) se enfrenta a importantes peligros asociados a las actividades de exploración, desarrollo y producción. Los vertidos de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas como resultado de accidentes también pueden tener consecuencias significativas para el personal de una empresa, así como consecuencias sociales y ambientales externas. Además de las prácticas eficaces de gestión de la seguridad de los procesos, las compañías suelen dar prioridad al desarrollo de una cultura de la seguridad para reducir la probabilidad de que se produzcan accidentes y otros incidentes relacionados con la salud y la seguridad. Si se producen accidentes y otras emergencias, las compañías que cuentan con una sólida cultura de la seguridad suelen estar en condiciones de detectar y responder con mayor eficacia a esos incidentes. Es probable que una cultura que involucre y faculte a los empleados y contratistas para trabajar con la administración, con el fin de salvaguardar su propia salud, seguridad y bienestar y prevenir accidentes, ayude a las empresas a reducir el tiempo de inactividad de la producción, mitigar los costes, garantizar la productividad de la fuerza laboral y mantener su licencia de actividad.
    • Gestión del riesgo sistémico Esta categoría aborda las contribuciones de la empresa a los riesgos sistémicos, o su gestión, resultantes del debilitamiento o el colapso a gran escala de los sistemas de los que dependen la economía y la sociedad. Esto incluye los sistemas financieros, los sistemas de recursos naturales y los sistemas tecnológicos. Aborda los mecanismos que tiene una empresa para reducir sus contribuciones a los riesgos sistémicos y para mejorar las salvaguardas que pueden mitigar los impactos del fracaso sistémico. En el caso de las instituciones financieras, la categoría también capta la capacidad de la empresa para absorber las perturbaciones derivadas de las tensiones financieras y económicas y cumplir los requisitos reglamentarios más estrictos relacionados con la complejidad y la interconexión de las empresas del sector.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
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    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
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    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
      • Huella ambiental de las operaciones Las empresas de servicios de telecomunicaciones individuales consumen cantidades considerables de energía. Según la fuente de energía y la eficiencia de su generación, el consumo de electricidad por la infraestructura de la red de telecomunicaciones puede contribuir significativamente a externalidades ambientales como el cambio climático, creando riesgos de sostenibilidad para el sector. Aunque los equipos de red y los centros de datos son cada vez más eficientes desde el punto de vista energético, su consumo general de energía aumenta con la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones y el tráfico de datos. La forma en que las empresas de servicios de telecomunicaciones gestionan su eficiencia o intensidad energética general, su dependencia de diferentes tipos de energía y su capacidad para acceder a fuentes de energía alternativas será cada vez más material a medida que aumente el enfoque normativo mundial sobre el cambio climático, lo que traerá consigo incentivos para la eficiencia energética y la energía renovable, así como la fijación de precios de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Dado que los gastos en energía pueden ser importantes en la industria, las empresas que puedan mejorar la eficiencia energética de sus operaciones probablemente verán ahorros de costes y mayores márgenes de beneficio.
    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
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    • Impactos ecológicos Esta categoría aborda la gestión de los impactos de la empresa en los ecosistemas y la biodiversidad a través de actividades que incluyen, entre otras, el uso de la tierra para la exploración, la extracción de recursos naturales y el cultivo, así como el desarrollo, la construcción y el emplazamiento de proyectos. Los impactos incluyen, entre otros, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats y la deforestación en todas las fases: planificación, adquisición de terrenos, obtención de permisos, desarrollo, operaciones y rehabilitación de emplazamientos. La categoría no cubre los impactos del cambio climático en los ecosistemas y la biodiversidad.
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    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
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    • Privacidad del cliente Esta categoría aborda la gestión de los riesgos relacionados con el uso de información personal identificable (IPI) y otros datos de clientes o usuarios para fines secundarios, incluidas, entre otras, la comercialización a través de afiliados y no afiliados. El ámbito de la categoría incluye los problemas sociales que pueden surgir del enfoque de una empresa para la recopilación de datos, la obtención del consentimiento (por ejemplo, las políticas de inclusión), la gestión de las expectativas de los usuarios y los clientes en relación con el uso de sus datos y la gestión de la evolución de la normativa. Excluye las cuestiones sociales derivadas de los riesgos de ciberseguridad, que se tratan en una categoría aparte.
      • Protección de datos A medida que los clientes presten más atención a las cuestiones de privacidad relacionadas con los servicios de telefonía móvil, Internet y correo electrónico, las empresas de servicios de telecomunicaciones tendrán que aplicar sólidas prácticas y directrices de gestión relacionadas con su uso de los datos de los clientes. Las empresas de servicios de telecomunicaciones utilizan volúmenes cada vez mayores de datos sobre la ubicación de los clientes, la navegación por la web y los datos demográficos para mejorar sus servicios, así como para generar ingresos mediante la venta de esos datos a terceros. La creciente preocupación del público por la privacidad ha dado lugar a un mayor escrutinio reglamentario sobre el uso, la recopilación y la venta de datos sobre los consumidores. Estas tendencias están aumentando la importancia que tienen para las empresas de servicios de telecomunicaciones la adopción y la comunicación de manera transparente de políticas sobre el suministro de datos de clientes a terceros, incluida la cantidad y el tipo de datos suministrados y la naturaleza de su utilización (por ejemplo, la utilización con fines comerciales). Además, las empresas de servicios de telecomunicaciones reciben, y deben determinar si cumplen, las solicitudes gubernamentales de información sobre los clientes. Las empresas del sector que no logran gestionar el rendimiento en este ámbito son susceptibles de sufrir una disminución de sus ingresos como consecuencia de la pérdida de confianza de los consumidores y de la rotación de personal, así como de las repercusiones financieras derivadas de las exposiciones legales.
    • Seguridad de los datos Esta categoría aborda la gestión de los riesgos relacionados con la recopilación, retención y uso de datos sensibles, confidenciales y/o de propiedad de los clientes o usuarios. Incluye los problemas sociales que pueden surgir de incidentes como las violaciones de datos en las que la información personal identificable (IPI) y otros datos de los usuarios o clientes pueden estar expuestos. Aborda la estrategia, las políticas y las prácticas de una empresa relacionadas con la infraestructura informática, la formación del personal, el mantenimiento de registros, la cooperación con las fuerzas del orden y otros mecanismos utilizados para garantizar la seguridad de los datos de los clientes o usuarios.
      • Seguridad de los datos El sector de los servicios de telecomunicaciones es particularmente vulnerable a las amenazas a la seguridad de los datos, ya que las empresas gestionan un volumen cada vez mayor de datos de los clientes, incluida la información de identificación personal, así como datos demográficos, de comportamiento y de localización. Los ejemplos recientes de ataques cibernéticos a infraestructuras críticas de telecomunicaciones ilustran la necesidad de mejorar la seguridad de la red. La prevención, detección y reparación inadecuadas de las amenazas a la seguridad de los datos pueden influir en la adquisición y retención de clientes y dar lugar a una disminución de la cuota de mercado y a una menor demanda de los productos de la empresa. Además de los daños a la reputación y la rotación de los clientes, las filtraciones de datos también pueden dar lugar a un aumento de los gastos, comúnmente asociados a las medidas correctivas, como las ofertas de protección de la identidad y la capacitación de los empleados en materia de protección de datos. Como proveedores de infraestructura crítica, es probable que la capacidad de las empresas para combatir los ataques cibernéticos afecte a la reputación y al valor de la marca, con un impacto a largo plazo en la cuota de mercado y el potencial de crecimiento de los ingresos. Por lo tanto, las empresas que pueden identificar y hacer frente de manera oportuna a los riesgos para la seguridad de los datos probablemente estén en mejores condiciones de proteger la participación en el mercado y el valor de la marca y, al mismo tiempo, reducir la exposición a los riesgos de los ataques cibernéticos. Además, es probable que las normas y reglamentos nuevos y emergentes en materia de seguridad de los datos afecten a los gastos de funcionamiento de las empresas debido al aumento de los costes de cumplimiento.
    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
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    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
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    • Abastecimiento y eficiencia de los materiales Esta categoría aborda cuestiones relacionadas con la resistencia de las cadenas de suministro de materiales a los impactos del cambio climático y otros factores ambientales y sociales externos. Plasma las repercusiones de estos factores externos en la actividad operativa de los proveedores, que pueden afectar además a la disponibilidad y el precio de los recursos clave. Aborda la capacidad de una empresa para gestionar estos riesgos a través del diseño, la fabricación y la gestión del final de la vida útil del producto, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados y renovables, la reducción del uso de materiales clave (desmaterialización), la maximización de la eficiencia de los recursos en la fabricación y la realización de inversiones en I+D en materiales sustitutivos. Además, las empresas pueden gestionar estas cuestiones mediante la selección, el seguimiento y el compromiso con los proveedores para garantizar su resistencia a los riesgos externos. No aborda las cuestiones relacionadas con las externalidades medioambientales y sociales creadas por la actividad operativa de los proveedores individuales, que se tratan en una categoría aparte.
      • Gestión del final de la vida útil del producto Debido a la rápida obsolescencia de los dispositivos de comunicaciones, en particular los teléfonos móviles, estos representan una proporción cada vez mayor de los residuos electrónicos (basura electrónica) que van a parar a los vertederos, impulsado en parte por un bajo índice de reciclaje. Las empresas de servicios de telecomunicaciones se enfrentan a crecientes riesgos normativos relacionados con esta cuestión. Múltiples jurisdicciones han aplicado leyes de reciclaje de residuos electrónicos que obligan a los minoristas y fabricantes de productos electrónicos a crear un sistema de reciclaje, reutilización o eliminación adecuada de los dispositivos electrónicos. Si bien muchas de estas leyes en sus inicios abarcaban un ámbito limitado de productos, las leyes más recientes se extienden a los dispositivos móviles y exigen a las empresas que financien la recogida, el tratamiento, el reciclado o la eliminación adecuada de los residuos electrónicos, a medida que aumentan las preocupaciones en torno a los residuos electrónicos de los dispositivos de comunicaciones. Las leyes sobre residuos electrónicos a menudo exigen que los vendedores o fabricantes paguen por el reciclaje de dichos residuos o que pongan en marcha programas de recogida y reciclaje de productos. Las penalizaciones o los costes, debidos a dichas leyes, junto con los posibles ingresos generados por la renovación y la reventa de productos, proporcionan cada vez más incentivos a las empresas del sector para gestionar los impactos del final de la vida útil. Muchas empresas de servicios de telecomunicaciones trabajan en asociación con los fabricantes de teléfonos para agrupar los servicios de telecomunicaciones y los dispositivos móviles y, por lo tanto, tienen una responsabilidad compartida en la gestión del final del ciclo de vida de esos dispositivos. Su relación con los clientes brinda la oportunidad de gestionar eficazmente el reciclado, la reutilización y la eliminación de los productos. La creación de programas de recuperación de materiales al final de su vida útil para su posterior reutilización, reciclado o refabricación puede permitir a las empresas ahorrar costes y disponer de un suministro más resistente de materiales de fabricación.
    • Ética empresarial Esta categoría aborda el enfoque de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades que rodean la conducta ética en los negocios, incluido el fraude, la corrupción, el soborno y los pagos de facilitación, las responsabilidades fiduciarias y otros comportamientos que pueden tener un componente ético. Esto incluye la sensibilidad a las normas y estándares empresariales, ya que cambian con el tiempo, la jurisdicción y la cultura. Aborda la capacidad de la empresa para prestar servicios que satisfagan las normas profesionales y éticas más estrictas del sector, lo que significa evitar los conflictos de intereses, la tergiversación, la parcialidad y la negligencia mediante la formación adecuada de los empleados y la aplicación de políticas y procedimientos que garanticen que los empleados prestan servicios libres de prejuicios y errores.
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    • Comportamiento competitivo Esta categoría abarca los problemas sociales asociados a la existencia de monopolios, que pueden incluir, entre otros, precios excesivos, mala calidad del servicio e ineficiencias. Aborda la gestión de una empresa de las expectativas legales y sociales en torno a las prácticas monopolísticas y anticompetitivas, incluidas las cuestiones relacionadas con el poder de negociación, la colusión, la fijación o manipulación de precios y la protección de las patentes y la propiedad intelectual.
      • Comportamiento competitivo e Internet abierto La industria de los servicios de telecomunicaciones contiene ejemplos clásicos de monopolios naturales, en los que los altos costes de capital pueden permitirles ofrecer la producción más eficiente. Dada la naturaleza concentrada de las empresas de telecomunicaciones, cable y satélite, estas deben gestionar sus estrategias de crecimiento dentro de los parámetros de un marco regulador diseñado para garantizar la competencia. Además del monopolio natural, muchas empresas de esta industria se benefician de monopolios de acceso a terminales en la llamada «última milla» de sus redes, dada su relación contractual con cada abonado y las barreras que impiden a los abonados cambiar de proveedor de servicios. La naturaleza de esta relación es la base de gran parte del debate sobre la necesidad de proteger un Internet abierto, en el que todos los datos de Internet reciban el mismo trato en cuanto a rendimiento y acceso. La industria se enfrenta a medidas legislativas y reglamentarias en curso destinadas a garantizar la competencia, lo que podría limitar la cuota de mercado y el potencial de crecimiento de algunos grandes actores. La actividad de fusión y adquisición de los agentes dominantes del mercado ha sido objeto de un examen reglamentario. Esto ha dado lugar a que las empresas abandonen los planes de consolidación, afectando a su valor. La fuerte dependencia de la posición dominante en el mercado también puede ser una fuente de riesgo si las empresas son vulnerables a las impugnaciones legales, lo que aumenta su perfil de riesgo y el coste de capital.
    • Gestión del entorno jurídico y reglamentario Esta categoría aborda el enfoque de una empresa para relacionarse con los reguladores en los casos en los que los intereses corporativos y públicos en conflicto pueden tener un potencial impacto medioambiental y social adverso a largo plazo, directo o indirecto. La categoría aborda el nivel de dependencia de una empresa de la política reguladora o de los incentivos económicos (como las subvenciones y los impuestos), las acciones para influir en la política del sector (como a través de los grupos de presión), la dependencia general de un entorno regulador favorable para la competitividad de la empresa y la capacidad para cumplir la normativa pertinente. Puede estar relacionado con la alineación de los puntos de vista de la dirección y de los inversores sobre el compromiso normativo y el cumplimiento en general.
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    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
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    • Gestión del riesgo sistémico Esta categoría aborda las contribuciones de la empresa a los riesgos sistémicos, o su gestión, resultantes del debilitamiento o el colapso a gran escala de los sistemas de los que dependen la economía y la sociedad. Esto incluye los sistemas financieros, los sistemas de recursos naturales y los sistemas tecnológicos. Aborda los mecanismos que tiene una empresa para reducir sus contribuciones a los riesgos sistémicos y para mejorar las salvaguardas que pueden mitigar los impactos del fracaso sistémico. En el caso de las instituciones financieras, la categoría también capta la capacidad de la empresa para absorber las perturbaciones derivadas de las tensiones financieras y económicas y cumplir los requisitos reglamentarios más estrictos relacionados con la complejidad y la interconexión de las empresas del sector.
      • Gestión de los riesgos sistémicos por alteraciones tecnológicas Dada la importancia sistémica de las redes de telecomunicaciones, puede crearse una interrupción sistémica o en toda la economía si la infraestructura de la red de las empresas de servicios de telecomunicaciones no es fiable y es propensa a riesgos de continuidad de las actividades. A medida que aumente la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático, las empresas de servicios de telecomunicaciones se enfrentarán a crecientes amenazas físicas para la infraestructura de la red, con repercusiones sociales o sistémicas potencialmente importantes. En ausencia de una infraestructura resistente y fiable, las empresas pueden enfrentarse a la pérdida de ingresos asociada a las interrupciones del servicio y a gastos de capital no previstos para reparar los equipos dañados o en peligro. Es probable que las empresas que apliquen con éxito medidas para hacer frente a los riesgos de la continuidad de las actividades, incluida la identificación de las operaciones comerciales críticas, o para aumentar la resistencia del sistema, reduzcan sustancialmente su exposición a los riesgos y, por lo tanto, disminuyan su coste de capital. Si bien la aplicación de esas medidas puede tener costes iniciales, es probable que las empresas vean beneficios a largo plazo a nivel de reducción de los costes de reparación en casos de interrupciones de gran impacto.

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