Comparación de industrias

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Está viendo información sobre las siguientes industrias:

  • Metales y minería La industria de metales y minería se dedica a la extracción de metales y minerales, a la producción de minerales, a la extracción de piedras, a la fundición y fabricación de metales, al refinado de metales y a las actividades de apoyo a la minería. También produce minerales de hierro, metales de tierras raras y metales y piedras preciosas. Las empresas más grandes de esta industria están integradas verticalmente, desde la minería a través de operaciones globales hasta la venta al por mayor de metales a los clientes.
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  • Sustancias químicas Las compañías del sector químico transforman las materias primas orgánicas e inorgánicas en más de 70 000 productos diversos con una gama de aplicaciones industriales, farmacéuticas, agrícolas, de vivienda, automotrices y de consumo. El sector se suele segmentar en sustancias químicas básicas (productos básicos), sustancias químicas agrícolas y sustancias químicas especializadas. Las sustancias químicas básicas, el mayor segmento por volumen producido, incluyen: polímeros a granel, sustancias petroquímicas, sustancias químicas inorgánicas y otras sustancias químicas industriales. Las sustancias químicas agrícolas incluyen: fertilizantes, sustancias químicas para cultivos y biotecnología agrícola. Las sustancias químicas especializadas incluyen: pinturas y revestimientos, sustancia agroquímicas, selladores, adhesivos, tintes, gases industriales, resinas y catalizadores. Las compañías de mayor tamaño pueden fabricarsimultáneamente sustancias químicas básicas, agrícolas y especializadas, mientras que la mayoría de las compañías se especializan en alguno de los productos. Las compañías químicas suelen fabricar y vender productos a nivel mundial.
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Cuestiones relevantes para ambos Industrias (13 de 26)

¿Por qué algunas cuestiones se muestran atenuadas? Las normas SASB varían según la industria, en función de los diferentes riesgos y oportunidades de sostenibilidad de cada industria. Las cuestiones atenuadas no se identificaron durante el proceso de elaboración de normas como aquellas que pueden afectar al valor de la empresa con mayor probabilidad, por lo que no se incluyen en la norma. Con el tiempo, a medida que el Consejo de Normas SASB siga recibiendo las opiniones del mercado, es posible que se añadan o eliminen algunas cuestiones de la norma. Cada empresa determina por sí misma si una cuestión de sostenibilidad puede afectar a su capacidad de crear valor empresarial. La norma está diseñada para la empresa típica de una industria, pero las empresas individuales pueden optar por informar sobre diferentes cuestiones de sostenibilidad en función de su modelo de negocio único.

Temas de divulgación

¿Cuál es la relación entre la categoría de cuestiones generales y los temas de divulgación? La categoría de cuestiones generales es una versión independiente de la industria de los temas de divulgación que aparecen en cada norma del SASB. Los temas de divulgación representan los impactos específicos de la industria en las categorías de cuestiones generales. Los temas de divulgación específicos de la industria garantizan que cada norma del SASB se adapte a la industria, mientras que las categorías de cuestiones generales permiten la comparación entre industrias. Por ejemplo, Salud y nutrición es un tema de divulgación en la industria de las bebidas sin alcohol, que representa una medida específica de la industria de la cuestión general Bienestar del cliente. Sin embargo, la cuestión Bienestar del cliente se manifiesta como el tema de la divulgación Medicamentos falsificados en la industria Biotecnología y productos farmacéuticos.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
      • Emisión de gases de efecto invernadero Las operaciones mineras son intensivas en energía y generan importantes emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI), incluido el dióxido de carbono procedente del uso de combustible durante las actividades de minería, procesamiento de minerales y fundición. El alcance y el tipo de las emisiones de GEI pueden variar según el metal extraído y procesado. Los esfuerzos normativos para reducir las emisiones de GEI en respuesta a los riesgos que plantea el cambio climático pueden dar lugar a costes de cumplimiento normativo y riesgos adicionales para los metales y las empresas mineras debido a las políticas de mitigación del cambio climático. La eficiencia operativa puede lograrse mediante la reducción rentable de las emisiones de GEI. Esas eficiencias pueden mitigar las posibles repercusiones financieras del aumento de los costes de los combustibles a causa de las regulaciones que tratan de limitar o poner precio a las emisiones de GEI.
    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
      • Calidad del aire Las emisiones atmosféricas de gases que no son de efecto invernadero (GEI) de la industria de metales y minería incluyen contaminantes atmosféricos peligrosos, contaminantes atmosféricos de criterio y compuestos orgánicos volátiles (COV) de las actividades de fundición y refinado. Estos pueden tener impactos significativos y localizados en la salud humana y el medio ambiente. Según el metal, el dióxido de azufre, el plomo, el mercurio, el cadmio y el arsénico no capturados se encuentran entre los principales contaminantes, junto con las partículas. Los impactos financieros resultantes de las emisiones atmosféricas variarán dependiendo de la ubicación específica de las operaciones y de las regulaciones aplicables a las emisiones atmosféricas. La gestión activa de la cuestión, mediante mejoras tecnológicas y de procesos, podría permitir a las empresas limitar los impactos de las cada vez más estrictas regulaciones de la calidad del aire a nivel mundial. Las empresas también podrían beneficiarse de las eficiencias operativas que podrían dar lugar a una estructura de costes más bajos gradualmente.
    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
      • Gestión de la energía La producción de metales y minería suele ser intensiva en energía, y una proporción importante del consumo de energía en la industria corresponde a la electricidad comprada. Si bien la combustión de combustible de las instalaciones contribuye a las emisiones de GEI directas de la industria (alcance 1), la compra de electricidad en la red puede dar lugar a emisiones indirectas (alcance 2). La intensidad energética de las operaciones puede aumentar con la disminución de las leyes de los depósitos y el aumento de la profundidad y la escala de las operaciones mineras. La elección entre la electricidad in situ frente a la electricidad procedente de la red y el uso de energías alternativas puede desempeñar un papel importante para influir tanto en los costes como en la fiabilidad del suministro de energía. La energía asequible y de fácil acceso es un importante factor competitivo en un mercado de productos básicos impulsado por la competencia mundial, y los combustibles y la electricidad adquiridos pueden representar una proporción significativa de los costes totales de producción. Por consiguiente, la forma en que una empresa gestiona su eficiencia e intensidad energética general, su dependencia de diferentes tipos de energía y su capacidad de acceso a fuentes de energía alternativas puede ser un factor material.
    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
      • Gestión del agua La producción de metales y minería puede afectar tanto a la disponibilidad como a la calidad de los recursos hídricos locales. Las empresas de metales y minerales se enfrentan a riesgos operativos, normativos y de reputación debido a la escasez de agua, los costes de adquisición de agua, las regulaciones sobre los efluentes o la cantidad de agua utilizada, y la competencia con las comunidades locales y otras industrias por los recursos hídricos limitados. Los impactos asociados a la gestión del agua pueden incluir mayores costes, responsabilidades e ingresos perdidos debido a la reducción o suspensión de las operaciones. La gravedad de esos riesgos puede variar según la disponibilidad de agua de la región y el entorno reglamentario. Las empresas del sector pueden desplegar nuevas tecnologías para gestionar los riesgos relacionados con el agua, como la desalinización, la recirculación de agua y soluciones innovadoras de eliminación de residuos. La reducción del uso del agua y de la contaminación puede crear eficiencias operativas para las empresas y disminuir sus costes de operación.
    • Gestión de residuos y materiales peligrosos Esta categoría se ocupa de las cuestiones medioambientales relacionadas con los residuos peligrosos y no peligrosos generados por las empresas. Aborda la gestión de los residuos sólidos de una empresa en la fabricación, la agricultura y otros procesos industriales. Abarca el tratamiento, la manipulación, el almacenamiento, la eliminación y el cumplimiento de la normativa. Esta categoría no incluye las emisiones a la atmósfera ni a las aguas residuales, ni tampoco los residuos del final de la vida útil de los productos, que se tratan en categorías distintas.
      • Gestión de residuos y materiales peligrosos La industria de metales y minería genera grandes volúmenes de residuos de procesamiento y fundición de minerales, incluidas escorias y residuos, algunos de los cuales pueden ser peligrosos o químicamente reactivos. Los embalses de residuos pueden cubrir grandes áreas de tierra. Esto puede representar una amenaza significativa si los embalses estallan, se derrumban o se filtran, lo que provoca la pérdida de vidas o daños a los bienes y los ecosistemas. Los residuos minerales también se almacenan a menudo en un foso, utilizando minas de superficie a cielo abierto abandonadas. Ese almacenamiento puede crear el potencial de contaminación de las aguas subterráneas y podría afectar a la estabilidad de las minas activas en la zona. Las empresas que reducen y reciclan las corrientes de residuos al tiempo que aplican políticas para gestionar los riesgos relacionados con la integridad de las instalaciones de evacuación de residuos mineros pueden disfrutar de menores riesgos normativos y de litigios, responsabilidades de remediación y costes. Además, las instalaciones de evacuación de residuos mineros pueden contener residuos químicos peligrosos procedentes de las operaciones de extracción y procesamiento. La capacidad de las empresas para gestionar la obtención, el transporte, el uso y la eliminación de los productos químicos y subproductos de la minería y el procesamiento de metales puede reducir los riesgos asociados.
    • Impactos ecológicos Esta categoría aborda la gestión de los impactos de la empresa en los ecosistemas y la biodiversidad a través de actividades que incluyen, entre otras, el uso de la tierra para la exploración, la extracción de recursos naturales y el cultivo, así como el desarrollo, la construcción y el emplazamiento de proyectos. Los impactos incluyen, entre otros, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats y la deforestación en todas las fases: planificación, adquisición de terrenos, obtención de permisos, desarrollo, operaciones y rehabilitación de emplazamientos. La categoría no cubre los impactos del cambio climático en los ecosistemas y la biodiversidad.
      • Efectos en la biodiversidad El desarrollo, la operación, el cierre y la remediación de las minas pueden tener una serie de impactos en la biodiversidad, como alteraciones del paisaje, eliminación de la vegetación e impactos en los hábitats de la vida silvestre. El drenaje ácido de la roca es un riesgo especialmente importante: se trata de agua muy ácida, rica en metales pesados, que se forma cuando el agua superficial y el subsuelo poco profundo entran en contacto con la sobrecarga de la mina. El drenaje ácido de roca puede tener efectos perjudiciales para los seres humanos, los animales y las plantas. Los impactos de las operaciones mineras en la biodiversidad pueden afectar a la valoración de las reservas y crear riesgos operacionales. Las características ambientales de las tierras donde se encuentran las reservas podrían aumentar los costes de extracción debido al creciente interés en la protección de los ecosistemas. Las empresas podrían también enfrentarse a barreras reglamentarias o de reputación para acceder a las reservas en zonas ecológicamente sensibles. Esto puede incluir el nuevo estatus de protección otorgado a las zonas donde se ubican las reservas. Las compañías mineras y de metales se enfrentan a riesgos normativos relacionados con la recuperación después del cierre de una mina, según los requisitos normativos aplicables para restaurar las propiedades mineras de acuerdo con un plan de recuperación previo y aprobado. Los costes materiales pueden surgir de la eliminación o cobertura de las pilas de basura, el cumplimiento de las obligaciones de tratamiento de agua y el desmantelamiento de la infraestructura al final de la vida útil. Además, las operaciones mineras en curso están sujetas a las leyes que protegen las especies en peligro de extinción. Las empresas que cuentan con un plan eficaz de ordenación ambiental para las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto pueden reducir al mínimo sus costes de cumplimiento y sus responsabilidades legales, encontrar menos resistencia en el desarrollo de nuevas minas y evitar dificultades en la obtención de permisos, el acceso a las reservas y las demoras en la terminación del proyecto.
    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
      • Seguridad, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas Las empresas de metales y minería se enfrentan a riesgos adicionales relacionados con la comunidad cuando operan en zonas de conflicto y en zonas con instituciones de gestión, estado de derecho y legislación débiles o ausentes para proteger los derechos humanos. También se enfrentan a riesgos cuando operan en zonas con comunidades vulnerables, como los pueblos indígenas. Las empresas que utilizan fuerzas de seguridad privadas o gubernamentales para proteger a sus trabajadores y sus bienes pueden contribuir, a sabiendas o no, a las violaciones de los derechos humanos, incluido el uso excesivo de la fuerza. Los pueblos indígenas suelen ser los sectores más vulnerables de la población, con una capacidad limitada para defender sus derechos e intereses singulares. Las empresas que se considera que contribuyen a las violaciones de los derechos humanos o que no rinden cuentas de los derechos de los pueblos indígenas pueden verse afectadas por protestas, disturbios o suspensión de permisos. Podrían tener que hacer frente a costes sustanciales relacionados con los pagos de indemnizaciones o acuerdos, así como a la reducción del valor de sus reservas en esas zonas. A falta de leyes nacionales que aborden esos casos, han surgido varios instrumentos internacionales que proporcionan directrices a las empresas. Entre esos instrumentos figura la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para las decisiones que los afectan. Con una mayor concienciación, varios países también están empezando a aplicar leyes específicas que protegen los derechos de los pueblos indígenas, lo que crea un creciente riesgo reglamentario para las empresas.
      • Relaciones con la comunidad Las instalaciones mineras suelen estar activas durante largos períodos de tiempo, y las empresas pueden participar en múltiples proyectos en una región que pueden tener una amplia gama de repercusiones en la comunidad. Los derechos e intereses de la comunidad pueden verse afectados por los efectos ambientales y sociales de las operaciones mineras, como la competencia por el acceso a los recursos energéticos o hídricos locales, las emisiones a la atmósfera y al agua y los residuos de las operaciones. Las empresas mineras dependen del apoyo de las comunidades locales para poder obtener permisos y arrendamientos, así como para llevar a cabo sus actividades sin interrupciones. Las compañías pueden experimentar impactos financieros adversos si la comunidad interfiere, o presiona a su gobierno para que interfiera, con los derechos de una compañía minera en relación con su capacidad de acceso, desarrollo y producción de reservas. Además de las preocupaciones de la comunidad sobre los impactos directos de los proyectos, la presencia de actividades mineras puede dar lugar a preocupaciones socioeconómicas conexas, como la educación, la salud, los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de la comunidad. Las empresas metalúrgicas y mineras que se consideran dedicadas a la búsqueda de rentas y a la explotación de los recursos de un país o una comunidad sin aportar a cambio ningún beneficio socioeconómico pueden verse expuestas al riesgo de las acciones, motivadas por el nacionalismo de los recursos y por los gobiernos y comunidades anfitriones. Entre ellas podrían figurar la imposición de impuestos especiales y restricciones a la exportación. Las empresas de las industrias extractivas pueden adoptar diversas estrategias de participación comunitaria en sus operaciones mundiales para gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con los derechos e intereses de la comunidad. Las estrategias suelen apoyarse en la integración de la participación comunitaria en las fases del ciclo del proyecto. Las empresas están empezando a adoptar un enfoque de «valor compartido» para proporcionar un beneficio socioeconómico clave a la comunidad, permitiendo al mismo tiempo que la empresa opere de manera rentable.
    • Prácticas laborales Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para mantener las normas laborales comúnmente aceptadas en el lugar de trabajo, incluido el cumplimiento de la legislación laboral y de las normas internacionalmente aceptadas. Esto incluye, entre otras cosas, garantizar los derechos humanos básicos relacionados con el trabajo infantil, el trabajo forzoso o en régimen de servidumbre, la explotación laboral, los salarios justos y el pago de horas extras, y otros derechos básicos de los trabajadores. También incluye las políticas de salario mínimo y la provisión de beneficios, que pueden influir en la forma de atraer, retener y motivar a la mano de obra. La categoría también aborda la relación de la empresa con el trabajo organizado y la libertad de asociación.
      • Relaciones laborales Las empresas de metales y minería se enfrentan a una tensión inherente entre la necesidad de reducir el coste de la mano de obra para seguir siendo competitivas en cuanto a precios, y la de gestionar los recursos humanos para garantizar el rendimiento a largo plazo. Las condiciones de trabajo relacionadas con las operaciones metalúrgicas y mineras suelen ser físicamente exigentes y peligrosas. Los sindicatos desempeñan un papel fundamental en la representación de los intereses de los trabajadores y en la gestión de los convenios colectivos de trabajo para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, las empresas de metales y minería suelen operar en zonas donde los derechos de los trabajadores no están debidamente protegidos. Los matices de las preocupaciones de los trabajadores, tanto nacionales como internacionales, hacen que la gestión de las relaciones laborales sea fundamental para las empresas metalúrgicas y mineras. Los conflictos con los trabajadores pueden dar lugar a huelgas laborales y otras alteraciones que pueden retrasar o detener la producción. Las interrupciones del trabajo frecuentemente generan una pérdida significativa de ingresos y daños a la reputación. El estrés laboral continuo puede afectar la rentabilidad a largo plazo de la empresa. Al mismo tiempo, los resultados positivos de la participación laboral efectiva pueden incluir mejores prácticas de trabajo, utilización de la mano de obra, así como la reducción de incidentes de seguridad, accidentes o muertes.
    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
      • Salud y seguridad de la fuerza laboral La seguridad es fundamental para las operaciones mineras porque las condiciones de trabajo suelen ser peligrosas. La industria de metales y minería tiene tasas de mortalidad relativamente altas en comparación con otras industrias. Las muertes o lesiones pueden ser el resultado de una serie de peligros asociados con la industria, incluyendo el transporte motorizado y la maquinaria, así como la integridad de la mina. Los registros deficientes de salud y seguridad pueden dar lugar a multas y sanciones, y a un aumento de los costes de cumplimiento de las normas debido a una supervisión más estricta. La capacidad de una empresa para proteger la salud y la seguridad de sus empleados y para crear una cultura de seguridad y bienestar entre los empleados de todos los niveles puede ayudar a prevenir accidentes, reducir los costes y el tiempo de inactividad operativa, así como mejorar la productividad de la fuerza laboral.
    • Gestión del diseño y el ciclo de vida de los productos La categoría aborda la incorporación de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en las características de los productos y servicios proporcionados o vendidos por la empresa. Incluye, entre otras cosas, la gestión de los impactos del ciclo de vida de los productos y servicios, como los relacionados con el envasado, la distribución, la intensidad de los recursos en la fase de uso y otras externalidades medioambientales y sociales que pueden producirse durante su fase de uso o al final de su vida. Esta categoría refleja la capacidad de una empresa para responder a la demanda de los clientes y de la sociedad de productos y servicios más sostenibles, así como para cumplir la normativa medioambiental y social en evolución. No aborda las repercusiones medioambientales o sociales directas de las operaciones de la empresa ni los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores derivados del uso de los productos, que se tratan en otras categorías.
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    • Ética empresarial Esta categoría aborda el enfoque de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades que rodean la conducta ética en los negocios, incluido el fraude, la corrupción, el soborno y los pagos de facilitación, las responsabilidades fiduciarias y otros comportamientos que pueden tener un componente ético. Esto incluye la sensibilidad a las normas y estándares empresariales, ya que cambian con el tiempo, la jurisdicción y la cultura. Aborda la capacidad de la empresa para prestar servicios que satisfagan las normas profesionales y éticas más estrictas del sector, lo que significa evitar los conflictos de intereses, la tergiversación, la parcialidad y la negligencia mediante la formación adecuada de los empleados y la aplicación de políticas y procedimientos que garanticen que los empleados prestan servicios libres de prejuicios y errores.
      • Ética empresarial y transparencia La gestión de la ética empresarial y el mantenimiento de un nivel adecuado de transparencia en los pagos a los gobiernos o a las personas son cuestiones importantes para la industria minera. Esto se debe a la importancia de las relaciones gubernamentales para la capacidad de las empresas de hacer negocios en esta industria y de obtener acceso a las reservas mineras. La aparición de varias leyes e iniciativas contra la corrupción, el soborno y la transparencia de los pagos crea mecanismos reguladores para reducir ciertos riesgos. Las violaciones de esas leyes podrían dar lugar a importantes costes únicos o a mayores costes de cumplimiento continuo, mientras que el cumplimiento satisfactorio de esos reglamentos podría brindar oportunidades de mitigación de riesgos y evitar resultados adversos. Las empresas con importantes reservas o que operan en países propensos a la corrupción podrían enfrentar mayores riesgos. Las empresas se ven presionadas para garantizar que sus estructuras de gestión y sus prácticas comerciales puedan hacer frente a la corrupción y a la participación voluntaria o involuntaria en pagos o regalos ilegales o no éticos a funcionarios del gobierno o a particulares.
    • Gestión del entorno jurídico y reglamentario Esta categoría aborda el enfoque de una empresa para relacionarse con los reguladores en los casos en los que los intereses corporativos y públicos en conflicto pueden tener un potencial impacto medioambiental y social adverso a largo plazo, directo o indirecto. La categoría aborda el nivel de dependencia de una empresa de la política reguladora o de los incentivos económicos (como las subvenciones y los impuestos), las acciones para influir en la política del sector (como a través de los grupos de presión), la dependencia general de un entorno regulador favorable para la competitividad de la empresa y la capacidad para cumplir la normativa pertinente. Puede estar relacionado con la alineación de los puntos de vista de la dirección y de los inversores sobre el compromiso normativo y el cumplimiento en general.
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    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
      • Emisión de gases de efecto invernadero La fabricación de productos químicos genera emisiones directas (Alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de la quema de combustibles fósiles durante los procesos de fabricación y cogeneración, así como emisiones generadas durante el procesamiento y que proceden de la transformación química de las materias primas. Las emisiones de GEI pueden crear costes para cumplir la normativa o sanciones y riesgos operativos para las compañías químicas. Sin embargo, las repercusiones financieras resultantes variarán en función de la magnitud de las emisiones y de la normativa vigente en materia de emisiones. Puede que el sector esté sujeto a reglamentos cada vez más estrictos, a medida que las naciones tratan de limitar o reducir las emisiones. Las compañías que gestionen de manera rentable las emisiones de GEI a través de una mayor eficiencia energética, el uso de combustibles alternativos o los avances en los procesos de fabricación podrán beneficiarse de una mayor eficiencia operativa y de la reducción del riesgo de incumplimiento de la normativa, entre otros beneficios financieros.
    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
      • Calidad del aire Además de los gases de efecto invernadero (GEI), la fabricación de sustancias químicas puede generar emisiones a la atmósfera de, por ejemplo, dióxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP). Como en el caso de los GEI, estas emisiones suelen provenir de la quema de combustibles y el procesamiento de materias primas. En relación con otros sectores, el sector químico es una fuente más destacada de algunas de estas emisiones. Las compañías se enfrentan a costes operativos, costes de cumplimiento de la normativa, sanciones reglamentarias en caso de incumplimiento y gastos de capital relacionados con la gestión de las emisiones, mientras que las repercusiones financieras vinculadas variarán en función de la magnitud de las emisiones y de la normativa vigente. Por ello, la gestión activa del problema a través de las mejoras de los procesos tecnológicos u otras estrategias podrá mitigar esas repercusiones, lo que mejorará los resultados financieros y incrementará el valor de la marca.
    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
      • Gestión de la energía La fabricación de sustancias químicas suele requerir mucha energía, que se utiliza para alimentar las unidades de procesamiento, las plantas de cogeneración, la maquinaria y las instalaciones no manufactureras. El tipo de energía utilizada, la magnitud del consumo y las estrategias de gestión de la energía dependen del tipo de productos fabricados. Por lo general, los combustibles fósiles, como el gas natural y los líquidos de gas natural, son la forma predominante de energía que no procede de las materias primas utilizadas, mientras que la compra de electricidad también puede representar una parte considerable. Por lo tanto, las compras de energía pueden representar una parte destacada de los costes de producción. La combinación energética de una compañía puede incluir la energía generada in situ, la compra de la electricidad de la red y los combustibles fósiles, y la energías renovables y alternativas. Las ventajas y desventajas del uso de esas fuentes de energía incluyen el coste, la fiabilidad del suministro, el uso de agua y las emisiones a la atmósfera conexas, y el cumplimiento y los riesgos reglamentarios. Como tal, la intensidad energética de una compañía y las decisiones de aprovisionamiento de energía podrán afectar a su eficiencia operativa y a su perfil de riesgo a lo largo del tiempo.
    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
      • Gestión del agua El agua es un insumo esencial en la producción de sustancias químicas y se utiliza principalmente para el enfriamiento, la generación de vapor y el procesamiento de materias primas. Los aumentos históricos a largo plazo de la escasez y el coste del agua, y las expectativas de aumentos continuos (debido al consumo excesivo y a la limitación de los suministros, como resultado del crecimiento y los desplazamientos de la población, la contaminación y el cambio climático) indican la mayor importancia de la gestión de los recursos hídricos. La escasez de agua puede incrementar el riesgo de perturbación de las actividades empresariales que consumen agua de forma intensiva y también puede aumentar los costes de la compra de agua y los gastos de capital. Mientras tanto, la fabricación de sustancias químicas puede generar aguas residuales derivadas de los procesos, que deberán ser tratadas antes de ser eliminadas. El incumplimiento de las normas sobre la calidad del agua podrá generar costes de cumplimiento de la normativa y de mitigación, o gastos jurídicos derivados de los litigios. La reducción del uso y el consumo de agua mediante el aumento de la eficiencia y otras estrategias de gestión hídrica podrá reducir los costes de explotación a lo largo del tiempo y podrá mitigar las repercusiones financieras de los reglamentos, la escasez del suministro de agua y las perturbaciones de las actividades relacionadas con la comunidad.
    • Gestión de residuos y materiales peligrosos Esta categoría se ocupa de las cuestiones medioambientales relacionadas con los residuos peligrosos y no peligrosos generados por las empresas. Aborda la gestión de los residuos sólidos de una empresa en la fabricación, la agricultura y otros procesos industriales. Abarca el tratamiento, la manipulación, el almacenamiento, la eliminación y el cumplimiento de la normativa. Esta categoría no incluye las emisiones a la atmósfera ni a las aguas residuales, ni tampoco los residuos del final de la vida útil de los productos, que se tratan en categorías distintas.
      • Gestión de residuos peligrosos La fabricación de sustancias químicas puede generar residuos peligrosos derivados de los procesos, entre otros, metales pesados, ácidos gastados, catalizadores y lodos para el tratamiento de las aguas residuales. Las empresas se enfrentan a problemas normativos y operativos en la gestión de los residuos, ya que algunos de ellos están sujetos a reglamentos relativos al transporte, el tratamiento, el almacenamiento y la eliminación. Las estrategias de gestión de los residuos incluyen la reducción de la generación, el tratamiento y la eliminación eficaces, y el reciclado y la recuperación, siempre que sea posible. Esas actividades, si bien requieren una inversión inicial o gastos de explotación, podrán reducir la estructura de costes a largo plazo de las compañías y mitigar el riesgo de incurrir en responsabilidades de reparación o en sanciones reglamentarias.
    • Impactos ecológicos Esta categoría aborda la gestión de los impactos de la empresa en los ecosistemas y la biodiversidad a través de actividades que incluyen, entre otras, el uso de la tierra para la exploración, la extracción de recursos naturales y el cultivo, así como el desarrollo, la construcción y el emplazamiento de proyectos. Los impactos incluyen, entre otros, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats y la deforestación en todas las fases: planificación, adquisición de terrenos, obtención de permisos, desarrollo, operaciones y rehabilitación de emplazamientos. La categoría no cubre los impactos del cambio climático en los ecosistemas y la biodiversidad.
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    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
      • Relaciones con la comunidad Las compañías químicas son importantes contribuyentes económicos de muchas comunidades, ya que proporcionan oportunidades de empleo y desarrollo comunitario a través de los impuestos y la generación de capital. Mientras tanto, cuestiones como la política medioambiental, la salud de la comunidad y la seguridad de los procesos son asuntos cruciales que tienen importantes implicaciones reglamentarias, operativas, financieras y de reputación para las compañías. Las externalidades medioambientales, como las emisiones a la atmósfera y el uso del agua, pueden afectar, a largo plazo, a la salud humana de quienes viven cerca de las plantas químicas. Mientras tanto, los incidentes de seguridad de los procesos pueden poner en peligro la salud y la seguridad de la comunidad, lo que conlleva sanciones reglamentarias, acciones legales y costes de mitigación. Por consiguiente, las compañías químicas pueden beneficiarse de la creación de relaciones sólidas con las comunidades para mitigar las posibles interrupciones de las actividades, reducir el riesgo de incumplimiento de la normativa, retener a los empleados de más alto nivel, reducir el riesgo de gastos generados por los litigios en caso de producirse incidentes de seguridad en los procesos y garantizar una sólida licencia social para realizar sus actividades. Las compañías pueden adoptar diversas estrategias de participación comunitaria, como la elaboración de planes de participación comunitaria, el establecimiento de códigos y directrices que garanticen la coincidencia entre los intereses de la organización y los de las comunidades circundantes, o la realización de evaluaciones de las repercusiones que examinen los proyectos y mitiguen los posibles efectos adversos.
    • Prácticas laborales Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para mantener las normas laborales comúnmente aceptadas en el lugar de trabajo, incluido el cumplimiento de la legislación laboral y de las normas internacionalmente aceptadas. Esto incluye, entre otras cosas, garantizar los derechos humanos básicos relacionados con el trabajo infantil, el trabajo forzoso o en régimen de servidumbre, la explotación laboral, los salarios justos y el pago de horas extras, y otros derechos básicos de los trabajadores. También incluye las políticas de salario mínimo y la provisión de beneficios, que pueden influir en la forma de atraer, retener y motivar a la mano de obra. La categoría también aborda la relación de la empresa con el trabajo organizado y la libertad de asociación.
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    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
      • Salud y seguridad de la fuerza laboral Los empleados de las plantas de fabricación de sustancias químicas se enfrentan a riesgos para la salud y la seguridad por la exposición a maquinaria pesada, sustancias nocivas, altas temperaturas y presiones, y a peligros eléctricos, entre otros. La creación de una eficaz cultura de la seguridad es fundamental para mitigar de forma proactiva los efectos sobre la seguridad, que podrían tener consecuencias financieras, como el aumento de los costes de la atención sanitaria, los litigios y la interrupción del trabajo. Manteniendo un entorno de trabajo seguro y promoviendo una cultura de la seguridad, las compañías podrán reducir al mínimo los gastos relacionados con la seguridad y mejorar potencialmente la productividad.
    • Gestión del diseño y el ciclo de vida de los productos La categoría aborda la incorporación de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en las características de los productos y servicios proporcionados o vendidos por la empresa. Incluye, entre otras cosas, la gestión de los impactos del ciclo de vida de los productos y servicios, como los relacionados con el envasado, la distribución, la intensidad de los recursos en la fase de uso y otras externalidades medioambientales y sociales que pueden producirse durante su fase de uso o al final de su vida. Esta categoría refleja la capacidad de una empresa para responder a la demanda de los clientes y de la sociedad de productos y servicios más sostenibles, así como para cumplir la normativa medioambiental y social en evolución. No aborda las repercusiones medioambientales o sociales directas de las operaciones de la empresa ni los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores derivados del uso de los productos, que se tratan en otras categorías.
      • Diseño de productos para conseguir la eficiencia en la fase de uso A medida que la creciente escasez de recursos y las normativas impulsan la necesidad de una mayor eficiencia de los materiales y un menor consumo de energía y emisiones, el sector químico se beneficiará del desarrollo de productos que mejoren la eficiencia de los clientes. Desde la reducción de las emisiones de los automóviles, pasando por la optimización de los materiales, hasta la mejora del rendimiento del aislamiento de los edificios, los productos del sector químico podrán mejorar la eficiencia en multitud de aplicaciones. Por lo tanto, las compañías que desarrollen soluciones rentables que satisfagan las necesidades de los clientes en cuanto a una mayor eficiencia podrán beneficiarse del incremento de los ingresos y la cuota de mercado, de un posicionamiento competitivo más fuerte y de un mayor valor de la marca.
      • Gestión de las sustancias químicas para proteger la seguridad y el medioambiente La seguridad y la gestión de los productos es una cuestión fundamental para las compañías del sector químico. El potencial de los efectos de los productos químicos sobre la salud humana o el medioambiente durante la fase de utilización puede influir en la demanda de los productos y en el riesgo de incumplimiento de la normativa, lo que a su vez puede afectar a los ingresos e incrementar los gastos de explotación, los costes de cumplimiento normativo y de mitigación. Por consiguiente, el sector podrá mitigar el riesgo de incumplimiento normativo y aumentar la cuota de mercado elaborando innovadores métodos de gestión de los posibles efectos de los productos durante la fase de utilización, incluida la elaboración de productos alternativos que tengan una toxicidad reducida. Esto podría aportar valor accionarial al mejorar el posicionamiento competitivo, incrementar la cuota de mercado, reducir los riesgos de incumplimiento normativo y aumentar el valor de la marca.
      • Organismos modificados genéticamente Algunas compañías químicas producen semillas para cultivos desarrolladas con tecnología de organismos modificados genéticamente (OGM). La tecnología de los OMG ha mejorado el rendimiento de determinados cultivos, como el maíz y la soja, al alterar la resistencia del cultivo a los pesticidas y herbicidas y mejorar la tolerancia a las sequías, entre otros factores. Al mismo tiempo, los consumidores y los organismos reguladores de algunas zonas han expresado su preocupación por el uso de la tecnología de los OMG, debido a los efectos percibidos del cultivo y el consumo de OMG sobre la salud, el medioambiente y la sociedad. Así pues, las compañías que emplean esa tecnología se enfrentan tanto a las oportunidades de mercado como a los riesgos relacionados con su uso. La adopción de la tecnología de cultivo de OMG es importante en los Estados Unidos, mientras que en otras regiones, como la Unión Europea y China, los organismos reguladores han aplicado prohibiciones, cuotas o requisitos de etiquetado a los productos obtenidos a partir de OMG. Puede que esas prohibiciones de productos o requisitos de etiquetado reduzcan los ingresos o aumenten los costes de los fabricantes, mientras que puede que la percepción reglamentaria y pública afecten al riesgo para la reputación. Por ello, las compañías que respondan eficazmente a los factores del mercado relacionados con los productos obtenidos a partir de OGM podrán mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades.
    • Ética empresarial Esta categoría aborda el enfoque de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades que rodean la conducta ética en los negocios, incluido el fraude, la corrupción, el soborno y los pagos de facilitación, las responsabilidades fiduciarias y otros comportamientos que pueden tener un componente ético. Esto incluye la sensibilidad a las normas y estándares empresariales, ya que cambian con el tiempo, la jurisdicción y la cultura. Aborda la capacidad de la empresa para prestar servicios que satisfagan las normas profesionales y éticas más estrictas del sector, lo que significa evitar los conflictos de intereses, la tergiversación, la parcialidad y la negligencia mediante la formación adecuada de los empleados y la aplicación de políticas y procedimientos que garanticen que los empleados prestan servicios libres de prejuicios y errores.
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    • Gestión del entorno jurídico y reglamentario Esta categoría aborda el enfoque de una empresa para relacionarse con los reguladores en los casos en los que los intereses corporativos y públicos en conflicto pueden tener un potencial impacto medioambiental y social adverso a largo plazo, directo o indirecto. La categoría aborda el nivel de dependencia de una empresa de la política reguladora o de los incentivos económicos (como las subvenciones y los impuestos), las acciones para influir en la política del sector (como a través de los grupos de presión), la dependencia general de un entorno regulador favorable para la competitividad de la empresa y la capacidad para cumplir la normativa pertinente. Puede estar relacionado con la alineación de los puntos de vista de la dirección y de los inversores sobre el compromiso normativo y el cumplimiento en general.
      • Gestión del entorno jurídico y reglamentario El sector químico se enfrenta a una estricta normativa que regula las emisiones a la atmósfera, el vertido de aguas, la seguridad química y la seguridad de los procesos, entre otras cuestiones. Anticiparse y adaptarse a los avances normativos, tanto a corto como a largo plazo, es una cuestión fundamental para el sector, ya que los avances normativos pueden afectar significativamente a la demanda de productos, los costes de fabricación y el valor de la marca. Por lo tanto, las compañías que cuenten con una clara estrategia de gestión del entorno normativo que armonice el desempeño empresarial con los resultados medioambientales sostenibles y que tenga en cuenta las externalidades sociales podrían beneficiarse de la reducción de la incertidumbre normativa, con un mayor valor de marca y una mejor posición competitiva.
    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
      • Seguridad operativa, preparación y respuesta ante emergencias La gestión de la salud, la seguridad y las emergencias es una cuestión fundamental para las compañías del sector químico. Los fallos técnicos, los errores humanos o los factores externos, como las condiciones meteorológicas, pueden liberar de forma accidental sustancias químicas hacia el medioambiente en las plantas de procesamiento o durante el almacenamiento y el transporte. Además, la naturaleza combustible de las sustancias químicas, combinada con las altas temperaturas y presiones de las operaciones que intervienen en la fabricación, eleva el riesgo de explosiones, vertidos peligrosos u otras situaciones de emergencia. Estos sucesos pueden perjudicar a los trabajadores o a las personas de las comunidades cercanas mediante la liberación de emisiones a la atmósfera y de sustancias químicas nocivas, y también pueden tener repercusiones negativas sobre el medioambiente. Puede que las compañías tengan que hacer frente a interrupciones operativas, daños a las instalaciones, daños a la reputación y al aumento de los costes de cumplimiento de la normativa y de reparación, en caso de producirse un incidente durante el procesamiento. Por ello, la gestión sólida de la seguridad de los procesos podrá reducir el tiempo de inactividad operativa, mitigar los costes y el riesgo de incumplimiento de la normativa y garantizar la productividad de la fuerza laboral.

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