Comparación de industrias

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Está viendo información sobre las siguientes industrias:

Financiación de hipotecas
El sector de la financiación de hipotecas proporciona un bien público esencial para que los consumidores puedan adquirir viviendas y contribuye al índice general de la vivienda en propiedad. Las empresas del sector prestan capital a clientes particulares y comerciales, que aportan los bienes inmuebles como aval. Los productos principales son las hipotecas residenciales y comerciales, mientras que otros servicios que se ofrecen incluyen: servicios hipotecarios, seguro de escrituras, servicios de cierre y liquidación, y tasación. Además, las empresas dedicadas a la financiación de hipotecas poseen, administran y financian inversiones relacionadas con los bienes inmuebles, como los certificados de traspaso de hipotecas y las obligaciones hipotecarias garantizadas. Las tendencias recientes del entorno normativo indican que se está produciendo un cambio significativo hacia la protección del consumidor, la divulgación y la rendición de cuentas. La legislación aprobada en respuesta a la crisis hipotecaria de 2008 evidencia las posibilidades de una mayor armonización entre los intereses de la sociedad y los de los inversores a largo plazo.
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Compañías y distribuidores de gas
El sector de compañías y distribuidores de gas se compone de empresas de distribución y comercialización de gas. La distribución de gas implica la utilización de tuberías locales de baja presión para transferir el gas natural de las tuberías de transmisión más grandes a los usuarios finales. Las empresas comercializadoras de gas son agentes que incorporan el gas natural en cantidades ajustadas a las necesidades de sus diferentes clientes y luego lo suministran, generalmente a través de las líneas de transmisión y distribución de otras empresas. Por su parte, la distribución de gas propano implica a una porción relativamente más pequeña de este sector, motivo por el cual esta norma se centra en la distribución de gas natural. Ambos tipos de gas suelen utilizarse para la calefacción y las cocinas de clientes residenciales, comerciales e industriales. En los mercados regulados de forma estructural, se concede a las empresas de suministros un monopolio total sobre la distribución y venta del gas natural. Una autoridad reguladora debe aprobar las tarifas que las empresas de suministros cobran para evitar que abusen de su posición de monopolio. En los mercados desregulados, la distribución y la comercialización están diferenciadas a nivel regulatorio y los clientes pueden elegir a qué empresa comprar el gas. En este caso, la empresa de suministros tiene garantizado el monopolio únicamente sobre la distribución, y está obligada por ley a difundir todo el gas de manera equitativa a lo largo de sus tuberías con una tarifa fija. En general, las empresas del sector deben encargarse de proporcionar gas seguro, fiable y de bajo coste y, a un mismo tiempo, gestionar eficazmente sus efectos sociales y ambientales, como la seguridad de la comunidad y las emisiones de metano.
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Cuestiones relevantes para ambos Industrias (5 de 26)

¿Por qué algunas cuestiones se muestran atenuadas?

Las normas SASB varían según la industria, en función de los diferentes riesgos y oportunidades de sostenibilidad de cada industria. Las cuestiones atenuadas no se identificaron durante el proceso de elaboración de normas como aquellas que pueden afectar al valor de la empresa con mayor probabilidad, por lo que no se incluyen en la norma. Con el tiempo, a medida que el Consejo de Normas SASB siga recibiendo las opiniones del mercado, es posible que se añadan o eliminen algunas cuestiones de la norma. Cada empresa determina por sí misma si una cuestión de sostenibilidad puede afectar a su capacidad de crear valor empresarial. La norma está diseñada para la empresa típica de una industria, pero las empresas individuales pueden optar por informar sobre diferentes cuestiones de sostenibilidad en función de su modelo de negocio único.

Medio ambiente
- Emisiones de GEI
- Calidad del aire
- Gestión de la energía
- Gestión del agua y las aguas residuales
- Gestión de residuos y materiales peligrosos
- Impactos ecológicos
Capital social
- Derechos humanos y relaciones comunitarias
- Privacidad del cliente
- Seguridad de los datos
- Acceso y asequibilidad
  Esta categoría aborda la capacidad de una empresa para garantizar un amplio acceso a sus productos y servicios, específicamente en el contexto de los mercados y/o grupos de población desatendidos. Incluye la gestión de cuestiones relacionadas con las necesidades universales, tales como la accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria, los servicios financieros, los servicios públicos, la educación y las telecomunicaciones.
- Calidad y seguridad de los productos
- Bienestar del cliente
- Prácticas de venta y etiquetado de productos
  Esta categoría aborda los problemas sociales que pueden surgir por no gestionar la transparencia, la exactitud y la comprensibilidad de las declaraciones de marketing, la publicidad y el etiquetado de los productos y servicios. Incluye, por ejemplo, las normas y reglamentos de publicidad, las prácticas de marketing éticas y responsables, el etiquetado engañoso o confuso, así como las prácticas de venta y préstamo discriminatorias o predatorias. Esto puede incluir prácticas de venta engañosas o agresivas en las que las estructuras de incentivos para los empleados podrían fomentar la venta de productos o servicios que no son del interés de los clientes.
Capital humano
- Prácticas laborales
- Salud y seguridad de los empleados
- Compromiso de los empleados, diversidad e inclusión
Modelo de negocio e innovación
- Gestión del diseño y el ciclo de vida de los productos
- Resiliencia del modelo de negocio
  La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
- Gestión de la cadena de suministro
- Abastecimiento y eficiencia de los materiales
- Impactos físicos del cambio climático
  Esta categoría aborda la capacidad de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades asociados a la exposición directa de los activos y operaciones que posee o controla a los impactos físicos reales o potenciales del cambio climático. Recoge los problemas medioambientales y sociales que pueden surgir de las interrupciones operativas debidas a los impactos físicos del cambio climático. Además, recoge los problemas socioeconómicos derivados de que las empresas no incorporen la consideración del cambio climático en los productos y servicios que venden, como el caso de las pólizas de seguros y las hipotecas. Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para adaptarse a la mayor frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos, los cambios climáticos, el riesgo del nivel del mar y otros impactos físicos previstos del cambio climático. La gestión puede implicar la mejora de la resiliencia de los activos físicos y/o de las infraestructuras circundantes, así como la incorporación de consideraciones relacionadas con el cambio climático en las principales actividades empresariales (por ejemplo, la suscripción de hipotecas y seguros, la planificación y el desarrollo de proyectos inmobiliarios).
Liderazgo y gobernanza
- Ética empresarial
- Comportamiento competitivo
- Gestión del entorno jurídico y reglamentario
- Gestión del riesgo de incidentes críticos
  Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
- Gestión del riesgo sistémico

Temas de divulgación

¿Cuál es la relación entre la categoría de cuestiones generales y los temas de divulgación?

La categoría de cuestiones generales es una versión independiente de la industria de los temas de divulgación que aparecen en cada norma del SASB. Los temas de divulgación representan los impactos específicos de la industria en las categorías de cuestiones generales. Los temas de divulgación específicos de la industria garantizan que cada norma del SASB se adapte a la industria, mientras que las categorías de cuestiones generales permiten la comparación entre industrias. Por ejemplo, Salud y nutrición es un tema de divulgación en la industria de las bebidas sin alcohol, que representa una medida específica de la industria de la cuestión general Bienestar del cliente. Sin embargo, la cuestión Bienestar del cliente se manifiesta como el tema de la divulgación Medicamentos falsificados en la industria Biotecnología y productos farmacéuticos.

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- Acceso y asequibilidad
  Esta categoría aborda la capacidad de una empresa para garantizar un amplio acceso a sus productos y servicios, específicamente en el contexto de los mercados y/o grupos de población desatendidos. Incluye la gestión de cuestiones relacionadas con las necesidades universales, tales como la accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria, los servicios financieros, los servicios públicos, la educación y las telecomunicaciones.
  
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- Prácticas de venta y etiquetado de productos
  Esta categoría aborda los problemas sociales que pueden surgir por no gestionar la transparencia, la exactitud y la comprensibilidad de las declaraciones de marketing, la publicidad y el etiquetado de los productos y servicios. Incluye, por ejemplo, las normas y reglamentos de publicidad, las prácticas de marketing éticas y responsables, el etiquetado engañoso o confuso, así como las prácticas de venta y préstamo discriminatorias o predatorias. Esto puede incluir prácticas de venta engañosas o agresivas en las que las estructuras de incentivos para los empleados podrían fomentar la venta de productos o servicios que no son del interés de los clientes.
  - Prácticas de préstamo
    El método que adoptan las compañías de financiación de hipotecas cuando incentivan a los empleados, y la forma en que se comunican con los clientes, es importante por diversas razones. En primer lugar, las estructuras de incentivos y las políticas de remuneración de los originadores de préstamos pueden alentarlos involuntariamente a promocionar productos y servicios de préstamo que no redunden en beneficio de sus clientes. En segundo lugar, la falta de transparencia proporcionada a los clientes con respecto a los productos primarios y complementarios puede repercutir en la reputación de una empresa e invitar al escrutinio reglamentario y a costosos litigios. Por último, los resultados deficientes obtenidos de los dos primeros elementos podría afectar a las características de la cartera de productos, lo que daría lugar a una alta concentración de productos de riesgo vendidos. Los reguladores del sector de la financiación de hipotecas dictaron importantes leyes de defensa de los consumidores, a raíz de la crisis financiera de 2008, que tratan de limitar las prácticas de préstamos abusivos que alentaban a los prestatarios cualificados y no cualificados a asumir hipotecas de alto riesgo. Además, esas leyes prohíben que los originadores de hipotecas reciban una compensación vinculada al valor del préstamo y exigen que se proporcione información adicional a los prestatarios. Las empresas de financiación de hipotecas que pueden proporcionar información transparente y asesoramiento justo tendrán más probabilidades de proteger el valor accionarial. Una mayor divulgación de los elementos esenciales de las prácticas de préstamo permitirá a los accionistas determinar qué empresas están mejor posicionadas para proteger el valor.
  - Préstamo discriminatorio
    El sector de la financiación de hipotecas agrega puntos de datos individuales para determinar los términos y condiciones de los préstamos incluyendo disposiciones clave, como la cuantía del préstamo, el tipo de interés, los puntos iniciales u otras comisiones. Sin embargo, el complejo proceso puede dar lugar a prácticas de préstamo discriminatorias, intencionadas o no, por parte del originador de la hipoteca. Los préstamos discriminatorios presentan riesgos importantes en forma de sanciones o acuerdos por infracción de los reglamentos, como la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito de los Estados Unidos (ECOA) o la Ley de Vivienda Justa de los Estados Unidos (FHA), el riesgo para la reputación y los resultados financieros negativos, debido a la fijación incorrecta de los precios de los préstamos. Los procesos de divulgación establecidos para garantizar la concesión de préstamos no discriminatorios, la divulgación del importe de los préstamos hipotecarios desglosado por condición de pertenecer a una minoría junto con las características financieras pertinentes, y la divulgación del importe de las pérdidas monetarias como resultado de los procedimientos judiciales relacionados con la infracción de las leyes y reglamentos aplicables ayudarán a los inversores a evaluar la actuación de la empresa. Las empresas de financiación de hipotecas podrán reducir el riesgo de otorgar préstamos discriminatorios, intencionados o no, mediante la aplicación de procesos sólidos, controles internos y la supervisión de la cartera de préstamos, entre otras técnicas. Las empresas proactivas que desarrollen técnicas sólidas para prevenir la discriminación podrán mitigar eficazmente los riesgos asociados a los préstamos discriminatorios.
- Resiliencia del modelo de negocio
  La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
  
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- Impactos físicos del cambio climático
  Esta categoría aborda la capacidad de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades asociados a la exposición directa de los activos y operaciones que posee o controla a los impactos físicos reales o potenciales del cambio climático. Recoge los problemas medioambientales y sociales que pueden surgir de las interrupciones operativas debidas a los impactos físicos del cambio climático. Además, recoge los problemas socioeconómicos derivados de que las empresas no incorporen la consideración del cambio climático en los productos y servicios que venden, como el caso de las pólizas de seguros y las hipotecas. Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para adaptarse a la mayor frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos, los cambios climáticos, el riesgo del nivel del mar y otros impactos físicos previstos del cambio climático. La gestión puede implicar la mejora de la resiliencia de los activos físicos y/o de las infraestructuras circundantes, así como la incorporación de consideraciones relacionadas con el cambio climático en las principales actividades empresariales (por ejemplo, la suscripción de hipotecas y seguros, la planificación y el desarrollo de proyectos inmobiliarios).
  - Riesgo ambiental de las propiedades hipotecadas
    El incremento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático puede tener un impacto adverso en el sector de la financiación de hipotecas. En concreto, los huracanes, las inundaciones y otros fenómenos relacionados con el cambio climático pueden dar lugar al impago y a la morosidad de los préstamos, al tiempo que disminuyen el valor de los activos subyacentes. La divulgación del riesgo general, los programas de condonación de préstamos y la incorporación del cambio climático al análisis de los préstamos permitirán a los accionistas determinar qué empresas de financiación de hipotecas están mejor posicionadas para proteger el valor a la vista de los riesgos ambientales.
- Gestión del riesgo de incidentes críticos
  Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
  
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- Acceso y asequibilidad
  Esta categoría aborda la capacidad de una empresa para garantizar un amplio acceso a sus productos y servicios, específicamente en el contexto de los mercados y/o grupos de población desatendidos. Incluye la gestión de cuestiones relacionadas con las necesidades universales, tales como la accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria, los servicios financieros, los servicios públicos, la educación y las telecomunicaciones.
  - Asequibilidad de la energía
    Un objetivo de facto de los servicios de gas regulados es suministrar el gas natural a los clientes de una manera segura, fiable y respetuosa con el medioambiente. Las empresas del sector deben encargarse de gestionar estas prioridades, que podrían entrar en conflicto entre sí, para mantener relaciones favorables con los clientes y los organismos reguladores y, en última instancia, para obtener los beneficios adecuados para los accionistas. La asequibilidad de la energía, desde la perspectiva del cliente de los servicios públicos para clientes, es particularmente difícil de equilibrar, ya que a menudo entra en conflicto con otros objetivos fundamentales. La opinión generalizada es que las facturas de energía de los servicios públicos resultan cada vez más caras para los clientes con bajos ingresos (la asequibilidad está determinada tanto por el coste neto de las facturas de energía como por la economía subyacente de los clientes). Actuar para garantizar que las facturas de los servicios públicos sean asequibles es fundamental para que las empresas de suministros inspiren confianza (valor de los activos intangibles) en los reguladores y los clientes. La calidad de las relaciones regulatorias con reguladores es un aspecto clave para las empresas de servicios públicos a la hora de generar valor, y una de las cuestiones más estudiadas por los analistas de inversiones. La disposición de las autoridades reguladoras, o la falta de ella, a la hora de conceder solicitudes de tarifas, modificaciones de la estructura tarifaria, la recuperación de costes y los ingresos permitidos resulta determinante para el rendimiento financiero y del riesgo de las inversiones. La gestión eficaz de la asequibilidad puede dar a las empresas de servicios públicos la oportunidad de invertir más capital, revisar favorablemente las estructuras tarifarias y aumentar los ingresos permitidos. Además, los proveedores de servicios básicos que no gestionan eficazmente la asequibilidad están cada vez más expuestos a que los clientes obtengan suministros diferentes del gas natural (o a que reduzcan la energía que necesitan) buscando fuentes de energía alternativas (por ejemplo, el uso de la cogeneración de calor y electricidad por parte de los clientes industriales). La gestión de la asequibilidad implica dirigir un negocio eficiente, con una perspectiva y estrategia a largo plazo bien pensadas, y trabajar en estrecha colaboración con las autoridades reguladoras y los responsables de las políticas públicas en las estructuras tarifarias y, potencialmente, en los programas de asistencia para el pago de facturas. Si bien la naturaleza precisa de las repercusiones financieras de la asequibilidad está determinada en gran medida por los modelos de negocio de las empresas de servicios públicos y las estructuras tarifarias, la asequibilidad es un aspecto fundamental que las empresas de suministros deben gestionar en términos de mantenimiento (y crecimiento) de las bases de clientes, creación de valor de los activos intangibles, creación de oportunidades de inversión y de ganancias y, en última instancia, obtención de beneficios para los accionistas.
- Prácticas de venta y etiquetado de productos
  Esta categoría aborda los problemas sociales que pueden surgir por no gestionar la transparencia, la exactitud y la comprensibilidad de las declaraciones de marketing, la publicidad y el etiquetado de los productos y servicios. Incluye, por ejemplo, las normas y reglamentos de publicidad, las prácticas de marketing éticas y responsables, el etiquetado engañoso o confuso, así como las prácticas de venta y préstamo discriminatorias o predatorias. Esto puede incluir prácticas de venta engañosas o agresivas en las que las estructuras de incentivos para los empleados podrían fomentar la venta de productos o servicios que no son del interés de los clientes.
  
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- Resiliencia del modelo de negocio
  La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
  - Eficiencia del uso final
    El gas natural produce menos emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que otros combustibles fósiles. Por lo tanto, el aumento de su uso la economía es una estrategia clave para muchos gobiernos y autoridades reguladoras que se esfuerzan por reducir las emisiones de GEI. Sin embargo, a pesar de que las emisiones son relativamente menores, en conjunto, la cadena de valor del gas natural sigue produciendo niveles significativos de emisiones de GEI. A medida que los encargados de la formulación de políticas y las autoridades reguladoras tratan de abordar el cambio climático, el consumo eficiente de gas natural cobrará una gran importancia a largo plazo. Existen numerosas medidas que las empresas de servicios públicos pueden adoptar para promover la eficiencia energética entre sus clientes, entre las que se incluyen ofrecer descuentos para los electrodomésticos con un consumo eficiente de energía, climatizar las viviendas de los clientes e inculcarles métodos de ahorro de energía. La medida en que una empresa de suministro de gas puede ganar o perder a causa de la tendencia de reducir los GEI depende significativamente de su entorno normativo. Las estructuras tarifarias tradicionales generalmente no conceden incentivos por fomentar la eficiencia energética a las empresas de gas que, además, pueden sufrir económicamente a causa de la disminución de la demanda por parte de los clientes. Es por este motivo que las empresas de suministro de gas, las autoridades reguladores y los clientes muestran un creciente interés en tarificaciones alternativas. Dicha tarificación suele «disociar» los ingresos de los servicios públicos del consumo de los clientes, y también puede incorporar incentivos explícitos para el buen rendimiento de las empresas de suministro en lo que respecta a la eficiencia del uso final y la disminución de la demanda. En general, las empresas cuyo plan estratégico incluye iniciativas de eficiencia destinadas a reducir los riesgos de las fluctuaciones de la demanda, obtener ganancias de las inversiones necesarias y reducir los costes, tienen más probabilidades de estar bien posicionadas para incrementar sus beneficios ajustados al riesgo a largo plazo.
- Impactos físicos del cambio climático
  Esta categoría aborda la capacidad de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades asociados a la exposición directa de los activos y operaciones que posee o controla a los impactos físicos reales o potenciales del cambio climático. Recoge los problemas medioambientales y sociales que pueden surgir de las interrupciones operativas debidas a los impactos físicos del cambio climático. Además, recoge los problemas socioeconómicos derivados de que las empresas no incorporen la consideración del cambio climático en los productos y servicios que venden, como el caso de las pólizas de seguros y las hipotecas. Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para adaptarse a la mayor frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos, los cambios climáticos, el riesgo del nivel del mar y otros impactos físicos previstos del cambio climático. La gestión puede implicar la mejora de la resiliencia de los activos físicos y/o de las infraestructuras circundantes, así como la incorporación de consideraciones relacionadas con el cambio climático en las principales actividades empresariales (por ejemplo, la suscripción de hipotecas y seguros, la planificación y el desarrollo de proyectos inmobiliarios).
  
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- Gestión del riesgo de incidentes críticos
  Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
  - Integridad de las infraestructuras de suministro de gas
    La explotación de una vasta red de gasoductos, equipos e instalaciones de almacenamiento requiere un enfoque polifacético y a largo plazo que garantice la integridad de dichas infraestructuras y la gestión de los riesgos relacionados. Mientras que los clientes dependen de suministros de gas continuamente disponibles, las empresas deben encargarse de gestionar los riesgos sustanciales —incluidos aquellos relacionados con la salud humana, la propiedad y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)— resultantes del uso de las redes de distribución de gas y las infraestructuras pertinentes. El deterioro de las infraestructuras, una supervisión y un mantenimiento inadecuados y otros factores operativos pueden dar lugar a fugas de gas. Las fugas de gas pueden ocasionar riesgos relacionados con la seguridad, como las pérdidas de contención, que, a su vez, pueden provocar incendios o explosiones que pueden ser particularmente graves en las zonas urbanas donde las empresas suelen operar. Además, las fugas de gas también causan emisiones fugitivas (metano) con efectos nocivos sobre el medioambiente. Los servicios de gas regulados no suelen incurrir en costes directos por fugas de gas, ya que el coste del gas suele repercutirse directamente en los clientes (aunque esto puede variar dependiendo de la región). Sin embargo, las fugas de gas que ocasionan riesgos relacionados con la seguridad o emisiones fugitivas pueden afectar financieramente a las empresas a través de diversos canales reglamentarios, legales y de demanda del producto. Los accidentes, en particular los mortales, pueden dar lugar a demandas por negligencia contra las empresas, lo que desencadena batallas judiciales y multas. Las emisiones de GEI pueden suscitar un mayor escrutinio reglamentario —un elemento primordial directamente relacionado con los resultados financieros, dada la importancia de las relaciones regulatorias— y posibles multas y sanciones. Es importante señalar que los servicios de gas regulados también pueden beneficiarse financieramente de las oportunidades de inversión de capital destinadas a mejorar el rendimiento y mitigar los riesgos relacionados con la seguridad y las emisiones. Estas inversiones de capital pueden provocar bases tarifarias más elevadas, lo que en última instancia beneficia a la empresa y a sus accionistas. Las empresas tratan de gestionar esos riesgos mediante la sustitución de los gasoductos, las inspecciones y la supervisión periódicas, la formación de los empleados y la preparación ante casos de emergencia, las inversiones en tecnología y otras estrategias, y todo ello normalmente en estrecha colaboración con los organismos reguladores. En muchas partes de Estados Unidos, la preocupación por el deterioro de las infraestructuras ha hecho que las empresas del sector busquen formas de agilizar el proceso de aprobación para la sustitución, especialmente en los casos en que los gasoductos se encuentran cerca de zonas con una densidad de población alta.

Categoría de cuestiones generales

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Acceso y asequibilidad

Asequibilidad de la energía
Un objetivo de facto de los servicios de gas regulados es suministrar el gas natural a los clientes de una manera segura, fiable y respetuosa con el medioambiente. Las empresas del sector deben encargarse de gestionar estas prioridades, que podrían entrar en conflicto entre sí, para mantener relaciones favorables con los clientes y los organismos reguladores y, en última instancia, para obtener los beneficios adecuados para los accionistas. La asequibilidad de la energía, desde la perspectiva del cliente de los servicios públicos para clientes, es particularmente difícil de equilibrar, ya que a menudo entra en conflicto con otros objetivos fundamentales. La opinión generalizada es que las facturas de energía de los servicios públicos resultan cada vez más caras para los clientes con bajos ingresos (la asequibilidad está determinada tanto por el coste neto de las facturas de energía como por la economía subyacente de los clientes). Actuar para garantizar que las facturas de los servicios públicos sean asequibles es fundamental para que las empresas de suministros inspiren confianza (valor de los activos intangibles) en los reguladores y los clientes. La calidad de las relaciones regulatorias con reguladores es un aspecto clave para las empresas de servicios públicos a la hora de generar valor, y una de las cuestiones más estudiadas por los analistas de inversiones. La disposición de las autoridades reguladoras, o la falta de ella, a la hora de conceder solicitudes de tarifas, modificaciones de la estructura tarifaria, la recuperación de costes y los ingresos permitidos resulta determinante para el rendimiento financiero y del riesgo de las inversiones. La gestión eficaz de la asequibilidad puede dar a las empresas de servicios públicos la oportunidad de invertir más capital, revisar favorablemente las estructuras tarifarias y aumentar los ingresos permitidos. Además, los proveedores de servicios básicos que no gestionan eficazmente la asequibilidad están cada vez más expuestos a que los clientes obtengan suministros diferentes del gas natural (o a que reduzcan la energía que necesitan) buscando fuentes de energía alternativas (por ejemplo, el uso de la cogeneración de calor y electricidad por parte de los clientes industriales). La gestión de la asequibilidad implica dirigir un negocio eficiente, con una perspectiva y estrategia a largo plazo bien pensadas, y trabajar en estrecha colaboración con las autoridades reguladoras y los responsables de las políticas públicas en las estructuras tarifarias y, potencialmente, en los programas de asistencia para el pago de facturas. Si bien la naturaleza precisa de las repercusiones financieras de la asequibilidad está determinada en gran medida por los modelos de negocio de las empresas de servicios públicos y las estructuras tarifarias, la asequibilidad es un aspecto fundamental que las empresas de suministros deben gestionar en términos de mantenimiento (y crecimiento) de las bases de clientes, creación de valor de los activos intangibles, creación de oportunidades de inversión y de ganancias y, en última instancia, obtención de beneficios para los accionistas.

Prácticas de venta y etiquetado de productos

Prácticas de préstamo
El método que adoptan las compañías de financiación de hipotecas cuando incentivan a los empleados, y la forma en que se comunican con los clientes, es importante por diversas razones. En primer lugar, las estructuras de incentivos y las políticas de remuneración de los originadores de préstamos pueden alentarlos involuntariamente a promocionar productos y servicios de préstamo que no redunden en beneficio de sus clientes. En segundo lugar, la falta de transparencia proporcionada a los clientes con respecto a los productos primarios y complementarios puede repercutir en la reputación de una empresa e invitar al escrutinio reglamentario y a costosos litigios. Por último, los resultados deficientes obtenidos de los dos primeros elementos podría afectar a las características de la cartera de productos, lo que daría lugar a una alta concentración de productos de riesgo vendidos. Los reguladores del sector de la financiación de hipotecas dictaron importantes leyes de defensa de los consumidores, a raíz de la crisis financiera de 2008, que tratan de limitar las prácticas de préstamos abusivos que alentaban a los prestatarios cualificados y no cualificados a asumir hipotecas de alto riesgo. Además, esas leyes prohíben que los originadores de hipotecas reciban una compensación vinculada al valor del préstamo y exigen que se proporcione información adicional a los prestatarios. Las empresas de financiación de hipotecas que pueden proporcionar información transparente y asesoramiento justo tendrán más probabilidades de proteger el valor accionarial. Una mayor divulgación de los elementos esenciales de las prácticas de préstamo permitirá a los accionistas determinar qué empresas están mejor posicionadas para proteger el valor.
Préstamo discriminatorio
El sector de la financiación de hipotecas agrega puntos de datos individuales para determinar los términos y condiciones de los préstamos incluyendo disposiciones clave, como la cuantía del préstamo, el tipo de interés, los puntos iniciales u otras comisiones. Sin embargo, el complejo proceso puede dar lugar a prácticas de préstamo discriminatorias, intencionadas o no, por parte del originador de la hipoteca. Los préstamos discriminatorios presentan riesgos importantes en forma de sanciones o acuerdos por infracción de los reglamentos, como la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito de los Estados Unidos (ECOA) o la Ley de Vivienda Justa de los Estados Unidos (FHA), el riesgo para la reputación y los resultados financieros negativos, debido a la fijación incorrecta de los precios de los préstamos. Los procesos de divulgación establecidos para garantizar la concesión de préstamos no discriminatorios, la divulgación del importe de los préstamos hipotecarios desglosado por condición de pertenecer a una minoría junto con las características financieras pertinentes, y la divulgación del importe de las pérdidas monetarias como resultado de los procedimientos judiciales relacionados con la infracción de las leyes y reglamentos aplicables ayudarán a los inversores a evaluar la actuación de la empresa. Las empresas de financiación de hipotecas podrán reducir el riesgo de otorgar préstamos discriminatorios, intencionados o no, mediante la aplicación de procesos sólidos, controles internos y la supervisión de la cartera de préstamos, entre otras técnicas. Las empresas proactivas que desarrollen técnicas sólidas para prevenir la discriminación podrán mitigar eficazmente los riesgos asociados a los préstamos discriminatorios.

Resiliencia del modelo de negocio

Eficiencia del uso final
El gas natural produce menos emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que otros combustibles fósiles. Por lo tanto, el aumento de su uso la economía es una estrategia clave para muchos gobiernos y autoridades reguladoras que se esfuerzan por reducir las emisiones de GEI. Sin embargo, a pesar de que las emisiones son relativamente menores, en conjunto, la cadena de valor del gas natural sigue produciendo niveles significativos de emisiones de GEI. A medida que los encargados de la formulación de políticas y las autoridades reguladoras tratan de abordar el cambio climático, el consumo eficiente de gas natural cobrará una gran importancia a largo plazo. Existen numerosas medidas que las empresas de servicios públicos pueden adoptar para promover la eficiencia energética entre sus clientes, entre las que se incluyen ofrecer descuentos para los electrodomésticos con un consumo eficiente de energía, climatizar las viviendas de los clientes e inculcarles métodos de ahorro de energía. La medida en que una empresa de suministro de gas puede ganar o perder a causa de la tendencia de reducir los GEI depende significativamente de su entorno normativo. Las estructuras tarifarias tradicionales generalmente no conceden incentivos por fomentar la eficiencia energética a las empresas de gas que, además, pueden sufrir económicamente a causa de la disminución de la demanda por parte de los clientes. Es por este motivo que las empresas de suministro de gas, las autoridades reguladores y los clientes muestran un creciente interés en tarificaciones alternativas. Dicha tarificación suele «disociar» los ingresos de los servicios públicos del consumo de los clientes, y también puede incorporar incentivos explícitos para el buen rendimiento de las empresas de suministro en lo que respecta a la eficiencia del uso final y la disminución de la demanda. En general, las empresas cuyo plan estratégico incluye iniciativas de eficiencia destinadas a reducir los riesgos de las fluctuaciones de la demanda, obtener ganancias de las inversiones necesarias y reducir los costes, tienen más probabilidades de estar bien posicionadas para incrementar sus beneficios ajustados al riesgo a largo plazo.

Impactos físicos del cambio climático

Riesgo ambiental de las propiedades hipotecadas
El incremento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático puede tener un impacto adverso en el sector de la financiación de hipotecas. En concreto, los huracanes, las inundaciones y otros fenómenos relacionados con el cambio climático pueden dar lugar al impago y a la morosidad de los préstamos, al tiempo que disminuyen el valor de los activos subyacentes. La divulgación del riesgo general, los programas de condonación de préstamos y la incorporación del cambio climático al análisis de los préstamos permitirán a los accionistas determinar qué empresas de financiación de hipotecas están mejor posicionadas para proteger el valor a la vista de los riesgos ambientales.

Gestión del riesgo de incidentes críticos

Integridad de las infraestructuras de suministro de gas
La explotación de una vasta red de gasoductos, equipos e instalaciones de almacenamiento requiere un enfoque polifacético y a largo plazo que garantice la integridad de dichas infraestructuras y la gestión de los riesgos relacionados. Mientras que los clientes dependen de suministros de gas continuamente disponibles, las empresas deben encargarse de gestionar los riesgos sustanciales —incluidos aquellos relacionados con la salud humana, la propiedad y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)— resultantes del uso de las redes de distribución de gas y las infraestructuras pertinentes. El deterioro de las infraestructuras, una supervisión y un mantenimiento inadecuados y otros factores operativos pueden dar lugar a fugas de gas. Las fugas de gas pueden ocasionar riesgos relacionados con la seguridad, como las pérdidas de contención, que, a su vez, pueden provocar incendios o explosiones que pueden ser particularmente graves en las zonas urbanas donde las empresas suelen operar. Además, las fugas de gas también causan emisiones fugitivas (metano) con efectos nocivos sobre el medioambiente. Los servicios de gas regulados no suelen incurrir en costes directos por fugas de gas, ya que el coste del gas suele repercutirse directamente en los clientes (aunque esto puede variar dependiendo de la región). Sin embargo, las fugas de gas que ocasionan riesgos relacionados con la seguridad o emisiones fugitivas pueden afectar financieramente a las empresas a través de diversos canales reglamentarios, legales y de demanda del producto. Los accidentes, en particular los mortales, pueden dar lugar a demandas por negligencia contra las empresas, lo que desencadena batallas judiciales y multas. Las emisiones de GEI pueden suscitar un mayor escrutinio reglamentario —un elemento primordial directamente relacionado con los resultados financieros, dada la importancia de las relaciones regulatorias— y posibles multas y sanciones. Es importante señalar que los servicios de gas regulados también pueden beneficiarse financieramente de las oportunidades de inversión de capital destinadas a mejorar el rendimiento y mitigar los riesgos relacionados con la seguridad y las emisiones. Estas inversiones de capital pueden provocar bases tarifarias más elevadas, lo que en última instancia beneficia a la empresa y a sus accionistas. Las empresas tratan de gestionar esos riesgos mediante la sustitución de los gasoductos, las inspecciones y la supervisión periódicas, la formación de los empleados y la preparación ante casos de emergencia, las inversiones en tecnología y otras estrategias, y todo ello normalmente en estrecha colaboración con los organismos reguladores. En muchas partes de Estados Unidos, la preocupación por el deterioro de las infraestructuras ha hecho que las empresas del sector busquen formas de agilizar el proceso de aprobación para la sustitución, especialmente en los casos en que los gasoductos se encuentran cerca de zonas con una densidad de población alta.

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