Comparación de industrias

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Está viendo información sobre las siguientes industrias:

  • Distribuidores de asistencia sanitaria Los distribuidores de asistencia sanitaria compran, hacen inventario y venden productos farmacéuticos y material médico a hospitales, farmacias y médicos. La demanda de los servicios del sector está impulsada, en gran medida, por las tarifas de los seguros, el gasto farmacéutico, las enfermedades y la demografía. El aumento de la inscripción en los programas de seguro público en virtud de la Ley de Protección al Paciente y Asistencia Sanitaria Asequible de los Estados Unidos (PPACA), las historias clínicas electrónicas y la consolidación en todo el sector de la asistencia sanitaria probablemente seguirá conformándolo. El sector de la asistencia sanitaria continúa afrontando el énfasis en la reducción de los costes y la mejora de la eficiencia, lo que también impactará en el sector de los distribuidores de asistencia sanitaria. Las empresas de este sector se enfrentan a los retos que plantean la consolidación y las asociaciones entre farmacias, pagadores y fabricantes.
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  • Educación La industria de la educación incluye instituciones educativas con fines de lucro que generan ingresos por las cuotas de los estudiantes. En los niveles primario y secundario, esto incluye principalmente organizaciones de gestión de la educación (EMO) y algunas empresas. En el nivel terciario (o superior), los servicios se prestan a tiempo completo, a tiempo parcial, a distancia y ocasionalmente a través de establecimientos como colegios universitarios, escuelas de negocios y de secretariado, colegios, universidades y escuelas profesionales, incluyendo programas médicos, farmacéuticos y veterinarios. Un número creciente de estudiantes en universidades con fines de lucro realizan cursos on line.
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Cuestiones relevantes para ambos Industrias (7 de 26)

¿Por qué algunas cuestiones se muestran atenuadas? Las normas SASB varían según la industria, en función de los diferentes riesgos y oportunidades de sostenibilidad de cada industria. Las cuestiones atenuadas no se identificaron durante el proceso de elaboración de normas como aquellas que pueden afectar al valor de la empresa con mayor probabilidad, por lo que no se incluyen en la norma. Con el tiempo, a medida que el Consejo de Normas SASB siga recibiendo las opiniones del mercado, es posible que se añadan o eliminen algunas cuestiones de la norma. Cada empresa determina por sí misma si una cuestión de sostenibilidad puede afectar a su capacidad de crear valor empresarial. La norma está diseñada para la empresa típica de una industria, pero las empresas individuales pueden optar por informar sobre diferentes cuestiones de sostenibilidad en función de su modelo de negocio único.

Temas de divulgación

¿Cuál es la relación entre la categoría de cuestiones generales y los temas de divulgación? La categoría de cuestiones generales es una versión independiente de la industria de los temas de divulgación que aparecen en cada norma del SASB. Los temas de divulgación representan los impactos específicos de la industria en las categorías de cuestiones generales. Los temas de divulgación específicos de la industria garantizan que cada norma del SASB se adapte a la industria, mientras que las categorías de cuestiones generales permiten la comparación entre industrias. Por ejemplo, Salud y nutrición es un tema de divulgación en la industria de las bebidas sin alcohol, que representa una medida específica de la industria de la cuestión general Bienestar del cliente. Sin embargo, la cuestión Bienestar del cliente se manifiesta como el tema de la divulgación Medicamentos falsificados en la industria Biotecnología y productos farmacéuticos.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
      • Gestión del combustible de la flota La distribución de productos y suministros de asistencia sanitaria requiere importantes redes de transporte. La preocupación por el cambio climático y la disminución de los recursos naturales puede afectar al precio del combustible y exponer a los distribuidores de productos sanitarios a las fluctuaciones de los costes. Las empresas capaces de mejorar la eficiencia del transporte podrán aumentar el valor accionarial.
    • Seguridad de los datos Esta categoría aborda la gestión de los riesgos relacionados con la recopilación, retención y uso de datos sensibles, confidenciales y/o de propiedad de los clientes o usuarios. Incluye los problemas sociales que pueden surgir de incidentes como las violaciones de datos en las que la información personal identificable (IPI) y otros datos de los usuarios o clientes pueden estar expuestos. Aborda la estrategia, las políticas y las prácticas de una empresa relacionadas con la infraestructura informática, la formación del personal, el mantenimiento de registros, la cooperación con las fuerzas del orden y otros mecanismos utilizados para garantizar la seguridad de los datos de los clientes o usuarios.
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    • Calidad y seguridad de los productos Esta categoría aborda cuestiones relacionadas con las características no deseadas de los productos vendidos o los servicios prestados que pueden crear riesgos para la salud o la seguridad de los usuarios finales. Se refiere a la capacidad de una empresa para ofrecer productos y/o servicios manufacturados que cumplan las expectativas de los clientes con respecto a sus características de salud y seguridad. Incluye, entre otras, cuestiones relacionadas con la responsabilidad, la gestión de las retiradas del mercado, las pruebas de los productos y la gestión de las sustancias químicas/contenidos/ingredientes de los productos.
      • Seguridad de los productos Los distribuidores de asistencia sanitaria desempeñan un papel integral en la entrega de productos sanitarios a los consumidores. Por consiguiente, el sector tiene la responsabilidad compartida con los fabricantes de garantizar la seguridad de los productos y dar respuesta a las inquietudes relacionadas con la toxicidad. Además, los distribuidores de productos sanitarios se enfrentan a riesgos adicionales relacionados con las sustancias controladas y la posibilidad de que los productos estén mal etiquetados. Las empresas que limiten las incidencias de la seguridad u otras inquietudes sobre los productos podrán estar en mejores condiciones de proteger el valor accionarial.
    • Bienestar del cliente La categoría aborda las preocupaciones del bienestar de los clientes sobre cuestiones que incluyen, entre otras, la salud y la nutrición de los alimentos y las bebidas, el uso de antibióticos en la producción animal y la gestión de sustancias controladas. Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para ofrecer a los consumidores productos y servicios manufacturados que se ajusten a las expectativas de la sociedad. No incluye cuestiones directamente relacionadas con la calidad y los fallos de seguridad de los productos y servicios fabricados, sino que aborda cualidades inherentes al diseño y la prestación de productos y servicios en los que el bienestar del cliente puede estar en entredicho. El alcance de la categoría también capta la capacidad de las empresas para evitar los productos falsificados.
      • Medicamentos falsificados La Organización Mundial de la Salud estima que los medicamentos falsificados representan más del 10 % de la cadena de suministro farmacéutico en los países de renta baja y media. El problema de la falsificación o la inferior calidad de los medicamentos también presenta un riesgo importante en las economías desarrolladas. Puede que los distribuidores de asistencia sanitaria tengan que afrontar costes adicionales a medida que los gobiernos y los organismos reguladores nacionales tratan de aplicar las reglamentaciones relativas a la cadena de suministro de los medicamentos en un esfuerzo por impedir que los medicamentos falsificados o mal etiquetados entren en el sistema de distribución farmacéutica.
    • Prácticas de venta y etiquetado de productos Esta categoría aborda los problemas sociales que pueden surgir por no gestionar la transparencia, la exactitud y la comprensibilidad de las declaraciones de marketing, la publicidad y el etiquetado de los productos y servicios. Incluye, por ejemplo, las normas y reglamentos de publicidad, las prácticas de marketing éticas y responsables, el etiquetado engañoso o confuso, así como las prácticas de venta y préstamo discriminatorias o predatorias. Esto puede incluir prácticas de venta engañosas o agresivas en las que las estructuras de incentivos para los empleados podrían fomentar la venta de productos o servicios que no son del interés de los clientes.
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    • Gestión del diseño y el ciclo de vida de los productos La categoría aborda la incorporación de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en las características de los productos y servicios proporcionados o vendidos por la empresa. Incluye, entre otras cosas, la gestión de los impactos del ciclo de vida de los productos y servicios, como los relacionados con el envasado, la distribución, la intensidad de los recursos en la fase de uso y otras externalidades medioambientales y sociales que pueden producirse durante su fase de uso o al final de su vida. Esta categoría refleja la capacidad de una empresa para responder a la demanda de los clientes y de la sociedad de productos y servicios más sostenibles, así como para cumplir la normativa medioambiental y social en evolución. No aborda las repercusiones medioambientales o sociales directas de las operaciones de la empresa ni los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores derivados del uso de los productos, que se tratan en otras categorías.
      • Gestión del ciclo de vida del producto Los distribuidores de asistencia sanitaria tienen la responsabilidad de reducir el impacto ambiental de los productos que distribuyen. Existen oportunidades específicas para abordar estos impactos en los programas de empaquetado y recuperación de los productos. Las empresas que puedan dar respuesta a estas inquietudes podrán estar mejor posicionadas para satisfacer la demanda de los clientes y reducir los costes asociados.
    • Ética empresarial Esta categoría aborda el enfoque de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades que rodean la conducta ética en los negocios, incluido el fraude, la corrupción, el soborno y los pagos de facilitación, las responsabilidades fiduciarias y otros comportamientos que pueden tener un componente ético. Esto incluye la sensibilidad a las normas y estándares empresariales, ya que cambian con el tiempo, la jurisdicción y la cultura. Aborda la capacidad de la empresa para prestar servicios que satisfagan las normas profesionales y éticas más estrictas del sector, lo que significa evitar los conflictos de intereses, la tergiversación, la parcialidad y la negligencia mediante la formación adecuada de los empleados y la aplicación de políticas y procedimientos que garanticen que los empleados prestan servicios libres de prejuicios y errores.
      • Ética empresarial Los distribuidores de asistencia sanitaria están sujetos a diversas leyes estatales, nacionales e internacionales. En los Estados Unidos, estas leyes incluyen la Ley de Falsas Reclamaciones (FCA) y la Ley estadounidense de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA). Las empresas que puedan garantizar el cumplimiento de las normas correspondientes podrán evitar los litigios, que podrían generar costosas sanciones o resoluciones.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
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    • Seguridad de los datos Esta categoría aborda la gestión de los riesgos relacionados con la recopilación, retención y uso de datos sensibles, confidenciales y/o de propiedad de los clientes o usuarios. Incluye los problemas sociales que pueden surgir de incidentes como las violaciones de datos en las que la información personal identificable (IPI) y otros datos de los usuarios o clientes pueden estar expuestos. Aborda la estrategia, las políticas y las prácticas de una empresa relacionadas con la infraestructura informática, la formación del personal, el mantenimiento de registros, la cooperación con las fuerzas del orden y otros mecanismos utilizados para garantizar la seguridad de los datos de los clientes o usuarios.
      • Seguridad de los datos Los colegios y universidades son objetivos frecuentes y atractivos para los ciberdelincuentes. La industria puede enfrentarse a riesgos de seguridad de los datos debido al gran número de registros personales procesados y almacenados, a la mezcla de propiedad intelectual e información de identificación personal que se conserva (por ejemplo, números de seguridad social, registros de vacunación y otra información necesaria para la admisión), y al entorno abierto y de colaboración de muchos campus. La exposición de información delicada mediante infracciones de la seguridad cibernética, otras actividades malintencionadas o la negligencia de los estudiantes puede dar lugar a importantes externalidades sociales, como el fraude y el robo de identidad. Las filtraciones de datos pueden comprometer la percepción pública de la eficacia de las medidas de seguridad de una escuela, lo que podría dar lugar a daños a la reputación y a dificultades para atraer y retener a los estudiantes, así como a costes significativos para arreglar las consecuencias de una filtración y prevenir futuras filtraciones. Una mayor divulgación del número y la naturaleza de las filtraciones de seguridad, las estrategias de gestión para hacer frente a esos riesgos y las políticas y procedimientos para proteger la información de los estudiantes permitirán a los accionistas comprender la eficacia de las estrategias de gestión que emplean las escuelas en relación con esta cuestión.
    • Calidad y seguridad de los productos Esta categoría aborda cuestiones relacionadas con las características no deseadas de los productos vendidos o los servicios prestados que pueden crear riesgos para la salud o la seguridad de los usuarios finales. Se refiere a la capacidad de una empresa para ofrecer productos y/o servicios manufacturados que cumplan las expectativas de los clientes con respecto a sus características de salud y seguridad. Incluye, entre otras, cuestiones relacionadas con la responsabilidad, la gestión de las retiradas del mercado, las pruebas de los productos y la gestión de las sustancias químicas/contenidos/ingredientes de los productos.
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    • Bienestar del cliente La categoría aborda las preocupaciones del bienestar de los clientes sobre cuestiones que incluyen, entre otras, la salud y la nutrición de los alimentos y las bebidas, el uso de antibióticos en la producción animal y la gestión de sustancias controladas. Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para ofrecer a los consumidores productos y servicios manufacturados que se ajusten a las expectativas de la sociedad. No incluye cuestiones directamente relacionadas con la calidad y los fallos de seguridad de los productos y servicios fabricados, sino que aborda cualidades inherentes al diseño y la prestación de productos y servicios en los que el bienestar del cliente puede estar en entredicho. El alcance de la categoría también capta la capacidad de las empresas para evitar los productos falsificados.
      • Calidad de la educación y empleo remunerado El aumento de los requisitos de matrícula está empujando a más estudiantes a solicitar préstamos gubernamentales y privados para financiar su educación. El rápido crecimiento de la deuda estudiantil crea importantes externalidades económicas y sociales si los préstamos estudiantiles entran en mora. Muchos programas en universidades con fines de lucro preparan a los estudiantes para un empleo remunerado en ocupaciones reconocidas. Por lo tanto, las universidades que proporcionan una educación de alta calidad y facilitan la finalización de los programas aumentan las posibilidades de que los graduados obtengan un empleo y paguen sus préstamos. En ausencia de suficiente apoyo educativo y de gestión de la carrera, los graduados pueden terminar con una gran deuda y pocas habilidades empleables. Un desempeño deficiente en las mediciones de la responsabilidad, como los índices de graduación, las tasas de impago y las tasas de inserción laboral, puede poner en peligro la elegibilidad para recibir financiación en virtud del Título IV de la Ley de Educación Superior de los Estados Unidos y, por lo tanto, la principal fuente de ingresos de muchas instituciones de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la divulgación transparente de estas mediciones a los posibles estudiantes está directamente relacionada con la capacidad de las instituciones de atraer y retener a los estudiantes.
    • Prácticas de venta y etiquetado de productos Esta categoría aborda los problemas sociales que pueden surgir por no gestionar la transparencia, la exactitud y la comprensibilidad de las declaraciones de marketing, la publicidad y el etiquetado de los productos y servicios. Incluye, por ejemplo, las normas y reglamentos de publicidad, las prácticas de marketing éticas y responsables, el etiquetado engañoso o confuso, así como las prácticas de venta y préstamo discriminatorias o predatorias. Esto puede incluir prácticas de venta engañosas o agresivas en las que las estructuras de incentivos para los empleados podrían fomentar la venta de productos o servicios que no son del interés de los clientes.
      • Prácticas de comercialización y reclutamiento Las empresas educativas con fines de lucro que admiten y matriculan más estudiantes generan más ingresos. Por lo tanto, las empresas pueden recurrir a estrategias de contratación agresivas, como gastar cantidades significativas de dinero en marketing en lugar de en instrucción y servicios para los estudiantes. Estas prácticas de contratación agresivas han dado lugar a un escrutinio público y reglamentario adicional de las empresas educativas con fines de lucro. El uso de anuncios falsos o engañosos para reclutar a futuros estudiantes puede dar lugar a importantes multas para las empresas y a la pérdida de la elegibilidad para optar a los préstamos para estudiantes financiados por el gobierno. Los límites de estas fuentes de financiación pueden crear incentivos con el fin de que las empresas engañen a los estudiantes para que acepten préstamos privados que no pueden devolver, lo que supone un riesgo importante para la reputación de las empresas del sector. Una mayor divulgación permitirá a los accionistas comprender mejor las políticas y prácticas de las empresas en materia de marketing y contratación para atraer a los estudiantes.
    • Gestión del diseño y el ciclo de vida de los productos La categoría aborda la incorporación de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en las características de los productos y servicios proporcionados o vendidos por la empresa. Incluye, entre otras cosas, la gestión de los impactos del ciclo de vida de los productos y servicios, como los relacionados con el envasado, la distribución, la intensidad de los recursos en la fase de uso y otras externalidades medioambientales y sociales que pueden producirse durante su fase de uso o al final de su vida. Esta categoría refleja la capacidad de una empresa para responder a la demanda de los clientes y de la sociedad de productos y servicios más sostenibles, así como para cumplir la normativa medioambiental y social en evolución. No aborda las repercusiones medioambientales o sociales directas de las operaciones de la empresa ni los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores derivados del uso de los productos, que se tratan en otras categorías.
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    • Ética empresarial Esta categoría aborda el enfoque de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades que rodean la conducta ética en los negocios, incluido el fraude, la corrupción, el soborno y los pagos de facilitación, las responsabilidades fiduciarias y otros comportamientos que pueden tener un componente ético. Esto incluye la sensibilidad a las normas y estándares empresariales, ya que cambian con el tiempo, la jurisdicción y la cultura. Aborda la capacidad de la empresa para prestar servicios que satisfagan las normas profesionales y éticas más estrictas del sector, lo que significa evitar los conflictos de intereses, la tergiversación, la parcialidad y la negligencia mediante la formación adecuada de los empleados y la aplicación de políticas y procedimientos que garanticen que los empleados prestan servicios libres de prejuicios y errores.
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