Comparación de industrias

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Current language: Español (2018)

Está viendo información sobre las siguientes industrias:

  • Compañías eléctricas y generadores eléctricos El sector de las compañías eléctricas y generadores eléctricos está compuesto por compañías que generan electricidad: construyen, poseen y gestionan líneas de transmisión y distribución (T&D) y venden electricidad. Las compañías de servicios públicos generan electricidad a partir de una serie de fuentes diferentes, entre las que se incluyen, habitualmente, el carbón, el gas natural, la energía nuclear, la energía hidroeléctrica, la energía solar, la energía eólica y otras fuentes de energía renovable y procedente de los combustibles fósiles. El sector abarca compañías que operan en estructuras comerciales tanto reguladas como no reguladas. Las compañías de servicios públicos reguladas mantienen un modelo comercial en el que aceptan la supervisión exhaustiva, por parte de los organismos reguladores, de los mecanismos de fijación de precios y la rentabilidad permitida sobre el capital, entre otros tipos de normativa, a cambio de obtener la licencia de actividad como monopolio. Las compañías no reguladas, o compañías comercializadoras de energía, suelen ser productores independientes de electricidad (PIE) que generan electricidad para venderla al mercado mayorista, que incluye a los compradores de servicios públicos regulados y a otros usuarios finales. Además, el sector se divide en mercados eléctricos regulados y desregulados, en función de la amplitud de las operaciones de los servicios públicos regulados a lo largo de la cadena de valor. Los mercados regulados suelen abarcar compañías de servicios públicos integradas verticalmente que poseen y gestionan todo: desde la generación de energía hasta su distribución minorista. Los mercados desregulados suelen separar la generación de la distribución, diseñada para fomentar la competencia en el nivel de energía al por mayor. En general, las compañías del sector se enfrentan al reto de la compleja misión de proporcionar energía fiable, accesible y de bajo coste, equilibrando al mismo tiempo la protección de la vida humana y el medioambiente.
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  • Minoristas y distribuidores de alimentos El sector de minoristas y distribuidores de alimentos consiste en empresas dedicadas a la venta mayorista y minorista de alimentos, bebidas y productos agrícolas. La venta se produce en supermercados minoristas, tiendas de ultramarinos, supermercados de almacén, tiendas de licores, panaderías, tiendas de alimentos naturales, tiendas de alimentos especializados, pescaderías y centros de distribución. Las empresas pueden especializarse en un tipo de formato de tienda o tener instalaciones de diversos formatos. Los productos suelen proceder de todo el mundo e incluyen carne y productos frescos, alimentos preparados, alimentos precocinados, alimentos procesados, productos de panadería, alimentos congelados y enlatados, bebidas con y sin alcohol y una amplia gama de artículos para el hogar y de cuidado personal.
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Cuestiones relevantes para ambos Industrias (16 de 26)

¿Por qué algunas cuestiones se muestran atenuadas? Las normas SASB varían según la industria, en función de los diferentes riesgos y oportunidades de sostenibilidad de cada industria. Las cuestiones atenuadas no se identificaron durante el proceso de elaboración de normas como aquellas que pueden afectar al valor de la empresa con mayor probabilidad, por lo que no se incluyen en la norma. Con el tiempo, a medida que el Consejo de Normas SASB siga recibiendo las opiniones del mercado, es posible que se añadan o eliminen algunas cuestiones de la norma. Cada empresa determina por sí misma si una cuestión de sostenibilidad puede afectar a su capacidad de crear valor empresarial. La norma está diseñada para la empresa típica de una industria, pero las empresas individuales pueden optar por informar sobre diferentes cuestiones de sostenibilidad en función de su modelo de negocio único.

Temas de divulgación

¿Cuál es la relación entre la categoría de cuestiones generales y los temas de divulgación? La categoría de cuestiones generales es una versión independiente de la industria de los temas de divulgación que aparecen en cada norma del SASB. Los temas de divulgación representan los impactos específicos de la industria en las categorías de cuestiones generales. Los temas de divulgación específicos de la industria garantizan que cada norma del SASB se adapte a la industria, mientras que las categorías de cuestiones generales permiten la comparación entre industrias. Por ejemplo, Salud y nutrición es un tema de divulgación en la industria de las bebidas sin alcohol, que representa una medida específica de la industria de la cuestión general Bienestar del cliente. Sin embargo, la cuestión Bienestar del cliente se manifiesta como el tema de la divulgación Medicamentos falsificados en la industria Biotecnología y productos farmacéuticos.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
      • Emisiones de gases de efecto invernadero y planificación de los recursos energéticos La generación de electricidad representa la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del mundo. Estas emisiones, principalmente de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, son, en su mayoría, subproductos de la quema de combustibles fósiles. Los segmentos de la transmisión o la distribución (T&D) del sector son responsables de una cantidad insignificante de sus emisiones. Las compañías de servicios eléctricos podrían tener que hacer frente a importantes gastos de explotación e inversiones de capital para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a medida que las normas medioambientales se vuelven cada vez más estrictas. Si bien muchos de estos costes pueden trasladarse a los clientes de una compañía de servicios públicos, puede que algunos generadores de energía, especialmente en los mercados desregulados, no sean capaces de recuperar estos costes. Las compañías podrán reducir las emisiones de GEI de la generación de electricidad principalmente planificando meticulosamente sus inversiones en infraestructuras, para garantizar una combinación energética capaz de cumplir los requisitos sobre emisiones establecidos por los reglamentos e implantando tecnologías y procesos líderes en el sector. Ser proactivo en la reducción rentable de las emisiones de GEI puede crear una ventaja competitiva para las compañías y mitigar los costes imprevistos de cumplimiento de la normativa. Si no se calculan adecuadamente las necesidades de las inversiones de capital y los costes de los permisos, u otras dificultades para reducir las emisiones de GEI, podrían producirse importantes impactos negativos sobre los beneficios futuros en forma de amortizaciones de activos, costes de obtención de bonos de carbono o aumentos inesperados de los gastos de explotación e inversiones de capital. Es probable que el énfasis normativo sobre esta cuestión se incremente en los próximos decenios, como lo demuestra el acuerdo internacional para la reducción de las emisiones celebrado en el 21.º período de sesiones de la Conferencia de los Estados Signatarios de las Naciones Unidas, que tuvo lugar a finales de 2015.
    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
      • Calidad del aire La quema de combustibles durante las operaciones de generación de electricidad genera contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP), contaminantes criterio atmosféricos (CCA) y compuestos orgánicos volátiles (COV). Los CAP, CCA y COV tienen impactos más localizados, aunque no por ello menos importantes, sobre la salud humana y el medioambiente, en comparación con los impactos globales de los gases de efecto invernadero (GEI). Los más comunes e impactantes son los óxidos de nitrógeno (excepto el óxido nitroso), el óxido de azufre, el material particulado (PM), el plomo y el mercurio. Las emisiones de estos contaminantes atmosféricos localizados suelen estar estrictamente reguladas, lo que crea riesgos importantes para los generadores de electricidad. Los riesgos reglamentarios y legales son mayores para las compañías que ejercen su actividad cerca de grandes comunidades. La combinación de generación de energía de una compañía es el mejor indicador de su riesgo relativo relacionado con la calidad del aire. Las emisiones nocivas a la atmósfera procedentes de las operaciones podrán dar lugar a sanciones reglamentarias que generasen gastos extraordinarios, mayores costes de cumplimiento de la reglamentación y nuevas inversiones de capital para instalar la mejor tecnología de control de su clase. En algunos casos, esos gastos podrán ser prohibitivos para la continuación de una instalación. Las compañías podrán gestionar las preocupaciones relativas a la calidad del aire tomando medidas internas que reduzcan las emisiones, así como colaborando con los organismos reguladores para establecer prioridades e incorporar los riesgos a la planificación del capital a corto y largo plazo.
    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
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    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
      • Gestión del agua La generación de electricidad es uno de los sectores del mundo que más extraen agua de manera intensiva. Las plantas de energía termoeléctrica (normalmente de carbón, energía nuclear y gas natural) dependen de grandes cantidades de agua para su enfriamiento. El sector se enfrenta a crecientes riesgos de suministro y de incumplimiento de la normativa relacionados con el agua, lo que puede requerir inversiones de capital en tecnología o incluso generar activos inmovilizados. A medida que los suministros de agua se reducen en muchas regiones (y la generación de electricidad, la agricultura y el uso comunitario competirán por el suministro de agua en el próximo decenio) puede que las centrales eléctricas sean cada vez más incapaces de funcionar a plena capacidad, o de no hacerlo en absoluto, debido a las limitaciones hídricas específicas de cada región. La disponibilidad de agua es un factor esencial que debe tenerse en cuenta al calcular el futuro valor de muchos activos generadores de electricidad y al evaluar las propuestas existentes sobre nuevas fuentes de generación. El incremento de la escasez de agua (debido a factores como el aumento del consumo y la reducción de los suministros derivada del cambio climático, que podría provocar sequías más frecuentes o intensas) podría inducir a las autoridades reguladoras a limitar la capacidad de las compañías para extraer las cantidades de agua necesarias, especialmente en las regiones en las que haya un elevado estrés hídrico inicial. Además, las compañías deberán hacer frente a las crecientes normativas relacionadas con los importantes efectos sobre la biodiversidad que pueden provocar las grandes extracciones. Para mitigar los riesgos, las compañías pueden invertir en sistemas más eficientes de utilización del agua en las plantas existentes y dar prioridad estratégica a la evaluación de la disponibilidad de agua a largo plazo, así como a los riesgos para la biodiversidad relacionados con el agua, al instalar nuevas centrales eléctricas.
    • Gestión de residuos y materiales peligrosos Esta categoría se ocupa de las cuestiones medioambientales relacionadas con los residuos peligrosos y no peligrosos generados por las empresas. Aborda la gestión de los residuos sólidos de una empresa en la fabricación, la agricultura y otros procesos industriales. Abarca el tratamiento, la manipulación, el almacenamiento, la eliminación y el cumplimiento de la normativa. Esta categoría no incluye las emisiones a la atmósfera ni a las aguas residuales, ni tampoco los residuos del final de la vida útil de los productos, que se tratan en categorías distintas.
      • Gestión de las cenizas de carbón Los generadores de electricidad deberán eliminar de forma segura los subproductos peligrosos de sus operaciones. La generación de electricidad a partir del carbón es una fuente importante de residuos peligrosos, debido a su subproducto: la ceniza de carbón. La ceniza de carbón puede afectar significativamente al valor de la empresa en el segmento de generación de electricidad del sector. Esta cuestión afectará a las compañías de manera diferente, dependiendo de la medida en que generen electricidad a partir del carbón. La ceniza de carbón es uno de los mayores flujos de residuos industriales del mundo. Contiene contaminantes de metales pesados que se han relacionado con el cáncer y otras enfermedades graves, especialmente cuando se filtran a las aguas subterráneas. La ceniza de carbón puede tener usos beneficiosos cuando se recicla o se reutiliza, como en la fabricación de hormigón a partir de cenizas volantes o tabiques, lo que ofrece oportunidades de obtener ingresos a las compañías eléctricas. La manipulación segura de la ceniza de carbón, la ubicación de los embalses de ceniza de carbón que minimizan los daños a la vida humana o al medioambiente, la fuerte vigilancia y la contención de la ceniza de carbón y la venta para usos beneficiosos de la ceniza de carbón son estrategias importantes que reducen los costes de cumplimiento de la normativa, así como las sanciones por incumplimiento. Puede haber importantes costes derivados de los litigios o las rectificaciones si la ceniza de carbón se filtra al medioambiente circundante.
    • Seguridad de los datos Esta categoría aborda la gestión de los riesgos relacionados con la recopilación, retención y uso de datos sensibles, confidenciales y/o de propiedad de los clientes o usuarios. Incluye los problemas sociales que pueden surgir de incidentes como las violaciones de datos en las que la información personal identificable (IPI) y otros datos de los usuarios o clientes pueden estar expuestos. Aborda la estrategia, las políticas y las prácticas de una empresa relacionadas con la infraestructura informática, la formación del personal, el mantenimiento de registros, la cooperación con las fuerzas del orden y otros mecanismos utilizados para garantizar la seguridad de los datos de los clientes o usuarios.
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    • Acceso y asequibilidad Esta categoría aborda la capacidad de una empresa para garantizar un amplio acceso a sus productos y servicios, específicamente en el contexto de los mercados y/o grupos de población desatendidos. Incluye la gestión de cuestiones relacionadas con las necesidades universales, tales como la accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria, los servicios financieros, los servicios públicos, la educación y las telecomunicaciones.
      • Asequibilidad de la energía Un objetivo de facto de las compañías eléctricas reguladas es proporcionar electricidad fiable, asequible y sostenible. Las compañías del sector tienen la tarea de gestionar estas prioridades potencialmente competitivas para mantener relaciones favorables con los clientes y los reguladores y, en última instancia, para obtener los beneficios correspondientes para los accionistas. La asequibilidad de la energía es particularmente difícil de equilibrar para las compañías, ya que, a menudo, entra en conflicto con otros objetivos básicos. En general, se considera que las facturas de energía de los servicios públicos son cada vez más inasequibles para los clientes de renta baja (la asequibilidad está determinada tanto por el coste neto de las facturas de energía como por la economía subyacente del cliente). Garantizar que las facturas de los servicios públicos sean asequibles es crucial para las compañías de servicios públicos que trabajan para generar confianza (valor de los activos intangibles) entre los reguladores y los clientes. La calidad de las relaciones regulatorias es un motor de valor esencial para las compañías de servicios públicos y uno de los temas más estudiados por los analistas de inversiones. La disposición de los reguladores a conceder solicitudes de tarifas, modificaciones de la estructura de las tarifas, recuperación de los costes y rentabilidades permitidas es un determinante primordial de los resultados financieros y del riesgo de las inversiones. La gestión eficaz de la asequibilidad puede permitir a las compañías de servicios públicos invertir más capital, revisar favorablemente las estructuras de las tarifas y aumentar los beneficios permitidos. Además, las compañías de servicios públicos que no gestionan eficazmente la asequibilidad están cada vez más expuestas a que los clientes abandonen la red (o reduzcan la dependencia de la red) al aplicar recursos energéticos distribuidos o buscar otras fuentes de energía alternativas (por ejemplo, el uso de la combinación de calor y electricidad por parte de los clientes industriales). La gestión de la asequibilidad implica gestionar un negocio eficiente con una perspectiva y estrategia bien meditadas y a largo plazo, así como trabajar en estrecha colaboración con los reguladores y los responsables de las políticas públicas en materia de estructuras tarifarias y, potencialmente, en los programas de ayudas al pago de facturas. Si bien el carácter preciso de las repercusiones financieras de la asequibilidad está determinado, en gran medida, por los modelos empresariales y las estructuras tarifarias de las compañías de servicios públicos, la asequibilidad es una cuestión empresarial fundamental que las compañías de servicios públicos deberán gestionar en relación con el mantenimiento (y crecimiento) de las bases de clientes, la creación de valor para los activos intangibles, la creación de oportunidades de inversión y rentabilidad y, en última instancia, la obtención de beneficios para los accionistas.
    • Calidad y seguridad de los productos Esta categoría aborda cuestiones relacionadas con las características no deseadas de los productos vendidos o los servicios prestados que pueden crear riesgos para la salud o la seguridad de los usuarios finales. Se refiere a la capacidad de una empresa para ofrecer productos y/o servicios manufacturados que cumplan las expectativas de los clientes con respecto a sus características de salud y seguridad. Incluye, entre otras, cuestiones relacionadas con la responsabilidad, la gestión de las retiradas del mercado, las pruebas de los productos y la gestión de las sustancias químicas/contenidos/ingredientes de los productos.
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    • Bienestar del cliente La categoría aborda las preocupaciones del bienestar de los clientes sobre cuestiones que incluyen, entre otras, la salud y la nutrición de los alimentos y las bebidas, el uso de antibióticos en la producción animal y la gestión de sustancias controladas. Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para ofrecer a los consumidores productos y servicios manufacturados que se ajusten a las expectativas de la sociedad. No incluye cuestiones directamente relacionadas con la calidad y los fallos de seguridad de los productos y servicios fabricados, sino que aborda cualidades inherentes al diseño y la prestación de productos y servicios en los que el bienestar del cliente puede estar en entredicho. El alcance de la categoría también capta la capacidad de las empresas para evitar los productos falsificados.
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    • Prácticas de venta y etiquetado de productos Esta categoría aborda los problemas sociales que pueden surgir por no gestionar la transparencia, la exactitud y la comprensibilidad de las declaraciones de marketing, la publicidad y el etiquetado de los productos y servicios. Incluye, por ejemplo, las normas y reglamentos de publicidad, las prácticas de marketing éticas y responsables, el etiquetado engañoso o confuso, así como las prácticas de venta y préstamo discriminatorias o predatorias. Esto puede incluir prácticas de venta engañosas o agresivas en las que las estructuras de incentivos para los empleados podrían fomentar la venta de productos o servicios que no son del interés de los clientes.
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    • Prácticas laborales Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para mantener las normas laborales comúnmente aceptadas en el lugar de trabajo, incluido el cumplimiento de la legislación laboral y de las normas internacionalmente aceptadas. Esto incluye, entre otras cosas, garantizar los derechos humanos básicos relacionados con el trabajo infantil, el trabajo forzoso o en régimen de servidumbre, la explotación laboral, los salarios justos y el pago de horas extras, y otros derechos básicos de los trabajadores. También incluye las políticas de salario mínimo y la provisión de beneficios, que pueden influir en la forma de atraer, retener y motivar a la mano de obra. La categoría también aborda la relación de la empresa con el trabajo organizado y la libertad de asociación.
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    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
      • Salud y seguridad de la fuerza laboral Los empleados de las compañías del sector se enfrentan a numerosos peligros durante la construcción y el mantenimiento de las líneas de transmisión y distribución de electricidad (T&D), así como con los diversos medios de generación de electricidad. Muchos de estos empleados trabajan durante largos períodos de tiempo a grandes alturas, manejan maquinaria pesada y se enfrentan a riesgos de electrocución. Si bien la industria ha hecho importantes avances en materia de seguridad, continúa habiendo riesgos y oportunidades importantes que seguir mejorando. La naturaleza del sector (necesario para la vida y las economías modernas, así como un monopolio habitualmente admitido por la sociedad) significa que las actuaciones de las compañías del sector se someten a un importante escrutinio público y reglamentario. Las compañías deberán mantener una cultura de la seguridad para garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas para sus trabajadores, garantizar una fuerte productividad operativa, defender opiniones positivas desde la perspectiva de los reguladores y gestionar los posibles riesgos de las sanciones reglamentarias.
    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
      • Eficiencia del uso final y demanda La eficiencia energética es un método de bajo coste del ciclo de vida que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ya que es necesario generar menos electricidad para proporcionar los mismos servicios energéticos de uso final. Las compañías de servicios públicos pueden participar en una amplia gama de actividades que promuevan la eficiencia y la conservación de la energía entre sus clientes. Entre esas estrategias figuran la oferta de bonificaciones para los electrodomésticos de bajo consumo desde el punto de vista energético, la colocación de aislamiento térmico en los hogares de los clientes, la educación de los clientes en métodos de ahorro de energía, la oferta de incentivos a los clientes para que reduzcan el uso de la electricidad en los momentos de máxima demanda («respuesta a la demanda») y la inversión en tecnologías, como los medidores inteligentes, que permiten a los clientes realizar el seguimiento de su propio uso de la energía, entre otras muchas estrategias. Estas iniciativas, que ahorran dinero a los consumidores, también pueden manifestarse en la reducción de los costes de explotación de las compañías de servicios públicos eléctricos porque pueden reducir la máxima demanda. Además, dependiendo de la aceptación del nombramiento de compañías de servicios públicos en la región de una compañía, la eficiencia energética podría ser una prioridad normativa antes de contemplar la construcción de nuevas obras. La forma en que una compañía de servicios públicos eléctricos puede ganar o perder con esta tendencia a la mitigación de los GEI se basa, en gran medida, en su entorno normativo. Las estructuras tarifarias tradicionales no suelen dar a las compañías eléctricas ningún incentivo para la eficiencia energética y, además, pueden padecer económicamente las reducciones de la demanda de los clientes. Esto está impulsando cada vez más a las compañías eléctricas, y a sus reguladores y clientes, a buscar alternativas para la fijación de las tarifas. Esa concepción de tarifas alternativas suele «desvincular» los ingresos de las compañías de servicios públicos del consumo de los clientes, y también puede incorporar incentivos explícitos para la eficiencia del uso final y la reducción de la demanda. En general, las compañías cuyo plan estratégico se esfuerza por reducir los riesgos de las fluctuaciones de la demanda obtienen una rentabilidad adecuada y oportuna de las inversiones necesarias en materia de eficiencia. Además, la reducción de los costes a través de iniciativas de eficiencia ayudará a posicionar a las empresas de servicios públicos para que obtengan mayores beneficios ajustados al riesgo a largo plazo.
    • Gestión de la cadena de suministro Esta categoría aborda la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza dentro de la cadena de suministro de una empresa. Aborda las cuestiones relacionadas con las externalidades medioambientales y sociales creadas por los proveedores a través de sus actividades operativas. Estas cuestiones incluyen, entre otras, la responsabilidad medioambiental, los derechos humanos, las prácticas laborales y la ética y la corrupción. La gestión puede implicar el cribado, la selección, el seguimiento y el compromiso con los proveedores sobre sus impactos ambientales y sociales. Esta categoría no aborda las repercusiones de los factores externos, tales como el cambio climático y otros factores medioambientales y sociales, en las operaciones de los proveedores y/o en la disponibilidad y el precio de los recursos clave, que se tratan en una categoría aparte.
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    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
      • Seguridad nuclear y gestión de las emergencias Los incidentes nucleares, aunque son extremadamente infrecuentes, pueden tener importantes consecuencias para la salud humana y el medioambiente, ya que los accidentes nucleares pueden ser graves si se producen. Si bien los propietarios de las centrales nucleares de muchas regiones han trabajado durante décadas sin que se produjeran incidentes importantes en materia de seguridad pública, la existencia de incidentes poco frecuentes, pero de gran magnitud, en cualquier lugar del mundo puede tener importantes repercusiones sobre todo el sector de la energía nuclear. Las compañías que posean y gestionen plantas nucleares podrían afrontar la pérdida de su licencia de actividad, ya sea en su totalidad o en la explotación de las plantas nucleares, así como muchas otras consecuencias financieras en caso de producirse un accidente, aunque las compañías están aseguradas y pueden contar con protecciones legales contra ciertas responsabilidades. El incumplimiento de las normativas en materia de seguridad podría resultar sumamente costoso para los gestores de centrales nucleares: en circunstancias extremas puede hacer que la continuación del funcionamiento de la central resulte antieconómica. Como resultado de las importantes repercusiones financieras, tanto las procedentes del cumplimiento continuo de las normas de seguridad como de la materialización de los incidentes de riesgo de cola, las compañías que posean o gestionen centrales nucleares deberán estar atentas al cumplimiento de las normas de seguridad, las prácticas óptimas y las mejoras de sus instalaciones. También deberán mantener una sólida formación para la preparación de su personal ante situaciones de emergencia, así como una fuerte cultura de la seguridad. Estas medidas podrán reducir la probabilidad de que se produzcan accidentes y permitir que una compañía detecte y responda eficazmente a esos incidentes.
    • Gestión del riesgo sistémico Esta categoría aborda las contribuciones de la empresa a los riesgos sistémicos, o su gestión, resultantes del debilitamiento o el colapso a gran escala de los sistemas de los que dependen la economía y la sociedad. Esto incluye los sistemas financieros, los sistemas de recursos naturales y los sistemas tecnológicos. Aborda los mecanismos que tiene una empresa para reducir sus contribuciones a los riesgos sistémicos y para mejorar las salvaguardas que pueden mitigar los impactos del fracaso sistémico. En el caso de las instituciones financieras, la categoría también capta la capacidad de la empresa para absorber las perturbaciones derivadas de las tensiones financieras y económicas y cumplir los requisitos reglamentarios más estrictos relacionados con la complejidad y la interconexión de las empresas del sector.
      • Resistencia de la red eléctrica La electricidad es fundamental para el funcionamiento continuo de la mayoría de los elementos de la vida moderna, desde la medicina hasta las finanzas, lo que crea una dependencia social de servicio continuo. Hay costes sociales potencialmente altos por las grandes interrupciones que se producen en la infraestructuras eléctricas. Las interrupciones pueden estar causadas por fenómenos meteorológicos extremos, desastres naturales y ciberataques. Conforme la frecuencia y la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático continúen aumentando, todos los segmentos de las compañías eléctricas (y especialmente las grandes operaciones de transmisión y distribución [T&D]) se enfrentarán a crecientes amenazas físicas a sus infraestructuras. Esto podría provocar frecuentes o importantes interrupciones del servicio, cortes y la necesidad de actualizar o reparar los equipos dañados o puestos en riesgo, todo lo cual podría generar costes sustanciales y perjudicar las perspectivas de los reguladores y los clientes. El incremento del uso de la tecnología de redes eléctricas inteligentes tiene varios beneficios, entre ellos, el fortalecimiento de la resistencia de la red a los fenómenos meteorológicos extremos. Sin embargo, esta tecnología puede hacer que la red sea más vulnerable a los ataques cibernéticos, ya que proporciona a los piratas informáticos más accesos a los sistemas de las infraestructuras. Las compañías deberán aplicar estrategias que reduzcan al mínimo la probabilidad y la magnitud de los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos y los ciberataques. Podrán seguir siendo competitivas frente a la creciente competencia externa presentando activamente procedimientos tarifarios convincentes que mejoren la fiabilidad, la resistencia y la calidad de sus infraestructuras.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
      • Gestión del combustible de la flota Las empresas del sector de minoristas y distribuidores de alimentos poseen y operan flotas de vehículos para transportar los productos desde el punto de distribución al de venta al por menor. El consumo de combustible de dichas flotas supone un gasto importante, tanto en términos de costes operativos como de gastos de capital. El consumo de combustibles fósiles puede provocar impactos ambientales, como el cambio climático y la contaminación. Esos impactos ambientales pueden exponer a minoristas y distribuidores de alimentos al riesgo de las regulaciones. La eficiencia lograda por el uso de combustibles puede reducir los costes, mitigar la exposición a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y limitar la huella de carbono asociada al almacenamiento y el transporte. A largo plazo, el ahorro operativo y la menor exposición a los riesgos regulatorios pueden compensar los gastos de capital invertidos a corto plazo en flotas de bajo consumo de combustible y en tecnologías más eficientes desde el punto de vista energético.
      • Emisiones atmosféricas por la refrigeración Las emisiones de las sustancias químicas de refrigeración de los equipos utilizados para almacenar y exhibir alimentos perecederos plantean riesgos regulatorios exclusivos para el sector de los minoristas y distribuidores de alimentos. Las regulaciones internacionales sobre los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) tienen por objeto mitigar el daño que causan a la capa de ozono. Además, muchos de los HCFC e hidrofluorocarbonos (HFC) comunes son gases de efecto invernadero (GEI) muy potentes, lo que aumenta la exposición del sector a las regulaciones relacionadas con el cambio climático. Los reguladores pueden considerar la imposición de sanciones a empresas que infrinjan la normativa sobre emisiones y obligarlas a actualizar o sustituir los equipos, lo que supone gastos de capital para reducir sus emisiones o sustituir los refrigerantes existentes con alternativas posiblemente más caras, pero menos perjudiciales para el medioambiente.
    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
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    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
      • Gestión de la energía Las instalaciones de venta minorista y distribución de alimentos suelen consumir más energía que otros tipos de espacios comerciales. La energía se utiliza sobre todo para la refrigeración, la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC), así como para la iluminación. Las empresas del sector suelen comprar la mayor parte de la electricidad que consumen, aunque algunas están empezando a generar energía propia o añadir energía renovable a su combinación energética. La producción y el consumo de energía tienen impactos ambientales, como el cambio climático y la contaminación, que pueden repercutir indirecta, pero sustancialmente, en las operaciones de los minoristas y distribuidores de alimentos. Las empresas que gestionan su uso general de energía aumentando la eficiencia y el uso de fuentes de energía alternativas pueden aumentar su rentabilidad reduciendo los gastos y disminuyendo el riesgo.
    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
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    • Gestión de residuos y materiales peligrosos Esta categoría se ocupa de las cuestiones medioambientales relacionadas con los residuos peligrosos y no peligrosos generados por las empresas. Aborda la gestión de los residuos sólidos de una empresa en la fabricación, la agricultura y otros procesos industriales. Abarca el tratamiento, la manipulación, el almacenamiento, la eliminación y el cumplimiento de la normativa. Esta categoría no incluye las emisiones a la atmósfera ni a las aguas residuales, ni tampoco los residuos del final de la vida útil de los productos, que se tratan en categorías distintas.
      • Gestión de residuos alimentarios El sector de minoristas y distribuidores de alimentos genera residuos alimentarios en diversas etapas de su actividad. Entre esos residuos están los alimentos comestibles o útiles que no llegan a los consumidores, así como los que se estropean o se dañan durante el transporte o el almacenamiento o en los estantes de las tiendas. La pérdida de alimentos y los residuos alimentarios representan una derroche de mercancías vendibles para las empresas del sector y, en términos más generales, de los recursos utilizados para la producción, como la tierra, el agua, la mano de obra, la energía y las sustancias químicas agrícolas, aparte de contribuir a la inseguridad alimentaria. Además, los residuos de alimentos pueden generar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante su descomposición en los vertederos. La gestión eficaz de los residuos de alimentos puede representar una oportunidad financiera para reducir los costes asociados a la pérdida de existencias, así como ayudar a mejorar la seguridad alimentaria desviando con mayor eficacia los recursos alimentarios hacia fines benéficos.
    • Seguridad de los datos Esta categoría aborda la gestión de los riesgos relacionados con la recopilación, retención y uso de datos sensibles, confidenciales y/o de propiedad de los clientes o usuarios. Incluye los problemas sociales que pueden surgir de incidentes como las violaciones de datos en las que la información personal identificable (IPI) y otros datos de los usuarios o clientes pueden estar expuestos. Aborda la estrategia, las políticas y las prácticas de una empresa relacionadas con la infraestructura informática, la formación del personal, el mantenimiento de registros, la cooperación con las fuerzas del orden y otros mecanismos utilizados para garantizar la seguridad de los datos de los clientes o usuarios.
      • Seguridad de los datos Mediante las transacciones de pago electrónico y el intercambio de datos financieros personales, los minoristas de alimentos establecen una relación de confianza con los consumidores. Se pueden producir filtraciones de datos mediante infracciones en la tecnología de pago físico, denominadas infracciones de los puntos de venta, o mediante ataques a la ciberseguridad. Las filtraciones de datos que ocasionan el robo o la pérdida de los datos privados de los clientes pueden socavar su confianza en la capacidad de una empresa para gestionar con seguridad su información privada. Esta pérdida de confianza podría dar lugar a una reducción del número de visitas de clientes, de ingresos y del valor de la marca. Los minoristas que cuentan con sistemas tecnológicos y de gestión sólidos para evitar o responder a las filtraciones de datos pueden posicionarse favorablemente respecto a los clientes y reducir los posibles litigios y costes consiguientes.
    • Acceso y asequibilidad Esta categoría aborda la capacidad de una empresa para garantizar un amplio acceso a sus productos y servicios, específicamente en el contexto de los mercados y/o grupos de población desatendidos. Incluye la gestión de cuestiones relacionadas con las necesidades universales, tales como la accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria, los servicios financieros, los servicios públicos, la educación y las telecomunicaciones.
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    • Calidad y seguridad de los productos Esta categoría aborda cuestiones relacionadas con las características no deseadas de los productos vendidos o los servicios prestados que pueden crear riesgos para la salud o la seguridad de los usuarios finales. Se refiere a la capacidad de una empresa para ofrecer productos y/o servicios manufacturados que cumplan las expectativas de los clientes con respecto a sus características de salud y seguridad. Incluye, entre otras, cuestiones relacionadas con la responsabilidad, la gestión de las retiradas del mercado, las pruebas de los productos y la gestión de las sustancias químicas/contenidos/ingredientes de los productos.
      • Seguridad alimentaria Mantener la calidad y la seguridad de los productos es crucial para el sector de la venta de minoristas y distribuidores de alimentos, ya que la contaminación por agentes patógenos, sustancias peligrosas o el deterioro, puede suponer riesgos para la salud humana. La contaminación puede suceder en cualquier etapa de la cadena de valor de los alimentos, como la producción, el procesamiento, el transporte, la distribución y la venta al por menor. Aunque es posible que las empresas de venta de alimentos al por menor no sean directamente responsables de todos los incidentes relacionados con la seguridad alimentaria y la retirada de productos, participan en el proceso y pueden sufrir ramificaciones financieras, daños al valor de la marca, reducción de ingresos y aumento de costes por retiradas de productos, pérdidas de existencias o litigios. Las medidas para evitar el deterioro y la contaminación incluyen el control de la temperatura, la inspección frecuente de los alimentos y la selección de proveedores.
    • Bienestar del cliente La categoría aborda las preocupaciones del bienestar de los clientes sobre cuestiones que incluyen, entre otras, la salud y la nutrición de los alimentos y las bebidas, el uso de antibióticos en la producción animal y la gestión de sustancias controladas. Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para ofrecer a los consumidores productos y servicios manufacturados que se ajusten a las expectativas de la sociedad. No incluye cuestiones directamente relacionadas con la calidad y los fallos de seguridad de los productos y servicios fabricados, sino que aborda cualidades inherentes al diseño y la prestación de productos y servicios en los que el bienestar del cliente puede estar en entredicho. El alcance de la categoría también capta la capacidad de las empresas para evitar los productos falsificados.
      • Salud y nutrición de los productos La mayor concienciación de los consumidores sobre el contenido y valor nutricional de alimentos y su posible impacto en la salud está conformando el panorama competitivo del sector de minoristas y distribuidores de alimentos. La demanda de productos alimenticios que se elaboran con ingredientes naturales o que están certificados como ecológicos, con bajo contenido en grasa y azúcar, o elaborados sin organismos genéticamente modificados (OGM), ha impulsado el crecimiento del sector en los últimos años. Aunque los vínculos entre la salud de los consumidores y ciertos alimentos no están bien establecidos, los consumidores muestran preferencia por categorías de alimentos que perciben como más saludables. Los minoristas de alimentos que reconocen los riesgos y oportunidades que representa este cambio en las preferencias y se adaptan a la demanda están en mejores condiciones de aprovechar la oportunidad de obtener ingresos y cuotas de mercado adicionales.
    • Prácticas de venta y etiquetado de productos Esta categoría aborda los problemas sociales que pueden surgir por no gestionar la transparencia, la exactitud y la comprensibilidad de las declaraciones de marketing, la publicidad y el etiquetado de los productos y servicios. Incluye, por ejemplo, las normas y reglamentos de publicidad, las prácticas de marketing éticas y responsables, el etiquetado engañoso o confuso, así como las prácticas de venta y préstamo discriminatorias o predatorias. Esto puede incluir prácticas de venta engañosas o agresivas en las que las estructuras de incentivos para los empleados podrían fomentar la venta de productos o servicios que no son del interés de los clientes.
      • Etiquetado y marketing de productos La comunicación con los consumidores mediante el etiquetado y el marketing de los productos es una faceta importante de la venta al por menor de alimentos. La exactitud y minuciosidad de la información presentada en el etiquetado de los alimentos cada vez tiene más importancia tanto para los compradores como para los reguladores. Sobre todo para la venta de productos de marca propia fabricados para minoristas de alimentos, habida cuenta de las repercusiones directas en la reputación de la marca. Para fundamentar las decisiones de compra, los consumidores buscan hoy en día información adicional sobre los ingredientes de los productos, como el contenido de organismos genéticamente modificados (OGM) y las repercusiones en la salud y la nutrición. Estas cuestiones pueden afectar al panorama competitivo del sector, ya que las empresas pueden enfrentarse a litigios o críticas por formular con declaraciones engañosas o no adaptarse a la exigencia de los consumidores de una mayor transparencia en el etiquetado. Estos factores pueden repercutir en el valor de la marca y el crecimiento de los ingresos de los minoristas. Además, las regulaciones sobre al etiquetado preciso de los productos y sus ingredientes suponen un riesgo de sanciones o litigios para las empresas de venta de alimentos al por menor.
    • Prácticas laborales Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para mantener las normas laborales comúnmente aceptadas en el lugar de trabajo, incluido el cumplimiento de la legislación laboral y de las normas internacionalmente aceptadas. Esto incluye, entre otras cosas, garantizar los derechos humanos básicos relacionados con el trabajo infantil, el trabajo forzoso o en régimen de servidumbre, la explotación laboral, los salarios justos y el pago de horas extras, y otros derechos básicos de los trabajadores. También incluye las políticas de salario mínimo y la provisión de beneficios, que pueden influir en la forma de atraer, retener y motivar a la mano de obra. La categoría también aborda la relación de la empresa con el trabajo organizado y la libertad de asociación.
      • Prácticas laborales El sector de minoristas y distribuidores de alimentos tiene muchos empleados que trabajan por horas. Los bajos salarios medios del sector, que ayudan a las empresas a mantener bajos los precios de los productos, pueden ocasionar riesgos laborales. La insatisfacción de los trabajadores respecto a los salarios y ventajas, junto con las altas tasas de sindicalización, han provocado huelgas en las principales empresas de venta de alimentos al por menor, lo que ocasiona interrupciones del negocio y daños a la reputación. Además, las empresas se han visto involucradas en casos de discriminación racial y de género, lo que a veces ha dado lugar a costosos acuerdos financieros. Las empresas pueden beneficiarse de la adopción de una perspectiva a largo plazo en la gestión de los trabajadores, incluida su remuneración y prestaciones, para proteger así los derechos de los trabajadores y aumentar su productividad, al tiempo que fortalecen su reputación y su valor de marca.
    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
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    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
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    • Gestión de la cadena de suministro Esta categoría aborda la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza dentro de la cadena de suministro de una empresa. Aborda las cuestiones relacionadas con las externalidades medioambientales y sociales creadas por los proveedores a través de sus actividades operativas. Estas cuestiones incluyen, entre otras, la responsabilidad medioambiental, los derechos humanos, las prácticas laborales y la ética y la corrupción. La gestión puede implicar el cribado, la selección, el seguimiento y el compromiso con los proveedores sobre sus impactos ambientales y sociales. Esta categoría no aborda las repercusiones de los factores externos, tales como el cambio climático y otros factores medioambientales y sociales, en las operaciones de los proveedores y/o en la disponibilidad y el precio de los recursos clave, que se tratan en una categoría aparte.
      • Gestión de los impactos ambientales y sociales en la cadena de suministro Los minoristas y distribuidores de alimentos disponen de una amplia variedad de proveedores que se enfrentan a un sinfín de desafíos en materia de sostenibilidad, como la conservación de recursos, la escasez de agua, el bienestar animal, las prácticas laborales justas o el cambio climático. Si se gestionan de forma deficiente, estos problemas pueden afectar al precio y a la disponibilidad de alimentos. Además, los consumidores están cada vez más preocupados por los métodos de producción, los orígenes y las externalidades asociadas a los alimentos que compran, lo que puede afectar a la reputación de una empresa. Los minoristas y distribuidores de alimentos también pueden colaborar con los proveedores en el diseño del embalaje para ahorrar en los costes de transporte, mejorar la reputación de la marca y reducir el impacto ambiental. Las empresas que puedan hacer frente a los riesgos de abastecimiento mediante la evaluación y el compromiso con los proveedores, la aplicación de directrices de abastecimiento sostenible y el aumento de la transparencia en la cadena de suministro, probablemente estarán mejor posicionadas para fortalecer la cadena de suministro, mitigar los riesgos de reputación y aumentar la demanda de los consumidores o captar nuevas oportunidades de mercado.
    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
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    • Gestión del riesgo sistémico Esta categoría aborda las contribuciones de la empresa a los riesgos sistémicos, o su gestión, resultantes del debilitamiento o el colapso a gran escala de los sistemas de los que dependen la economía y la sociedad. Esto incluye los sistemas financieros, los sistemas de recursos naturales y los sistemas tecnológicos. Aborda los mecanismos que tiene una empresa para reducir sus contribuciones a los riesgos sistémicos y para mejorar las salvaguardas que pueden mitigar los impactos del fracaso sistémico. En el caso de las instituciones financieras, la categoría también capta la capacidad de la empresa para absorber las perturbaciones derivadas de las tensiones financieras y económicas y cumplir los requisitos reglamentarios más estrictos relacionados con la complejidad y la interconexión de las empresas del sector.
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