Comparación de industrias

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Está viendo información sobre las siguientes industrias:

  • Sustancias químicas Las compañías del sector químico transforman las materias primas orgánicas e inorgánicas en más de 70 000 productos diversos con una gama de aplicaciones industriales, farmacéuticas, agrícolas, de vivienda, automotrices y de consumo. El sector se suele segmentar en sustancias químicas básicas (productos básicos), sustancias químicas agrícolas y sustancias químicas especializadas. Las sustancias químicas básicas, el mayor segmento por volumen producido, incluyen: polímeros a granel, sustancias petroquímicas, sustancias químicas inorgánicas y otras sustancias químicas industriales. Las sustancias químicas agrícolas incluyen: fertilizantes, sustancias químicas para cultivos y biotecnología agrícola. Las sustancias químicas especializadas incluyen: pinturas y revestimientos, sustancia agroquímicas, selladores, adhesivos, tintes, gases industriales, resinas y catalizadores. Las compañías de mayor tamaño pueden fabricarsimultáneamente sustancias químicas básicas, agrícolas y especializadas, mientras que la mayoría de las compañías se especializan en alguno de los productos. Las compañías químicas suelen fabricar y vender productos a nivel mundial.
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  • Compañías eléctricas y generadores eléctricos El sector de las compañías eléctricas y generadores eléctricos está compuesto por compañías que generan electricidad: construyen, poseen y gestionan líneas de transmisión y distribución (T&D) y venden electricidad. Las compañías de servicios públicos generan electricidad a partir de una serie de fuentes diferentes, entre las que se incluyen, habitualmente, el carbón, el gas natural, la energía nuclear, la energía hidroeléctrica, la energía solar, la energía eólica y otras fuentes de energía renovable y procedente de los combustibles fósiles. El sector abarca compañías que operan en estructuras comerciales tanto reguladas como no reguladas. Las compañías de servicios públicos reguladas mantienen un modelo comercial en el que aceptan la supervisión exhaustiva, por parte de los organismos reguladores, de los mecanismos de fijación de precios y la rentabilidad permitida sobre el capital, entre otros tipos de normativa, a cambio de obtener la licencia de actividad como monopolio. Las compañías no reguladas, o compañías comercializadoras de energía, suelen ser productores independientes de electricidad (PIE) que generan electricidad para venderla al mercado mayorista, que incluye a los compradores de servicios públicos regulados y a otros usuarios finales. Además, el sector se divide en mercados eléctricos regulados y desregulados, en función de la amplitud de las operaciones de los servicios públicos regulados a lo largo de la cadena de valor. Los mercados regulados suelen abarcar compañías de servicios públicos integradas verticalmente que poseen y gestionan todo: desde la generación de energía hasta su distribución minorista. Los mercados desregulados suelen separar la generación de la distribución, diseñada para fomentar la competencia en el nivel de energía al por mayor. En general, las compañías del sector se enfrentan al reto de la compleja misión de proporcionar energía fiable, accesible y de bajo coste, equilibrando al mismo tiempo la protección de la vida humana y el medioambiente.
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Cuestiones relevantes para ambos Industrias (13 de 26)

¿Por qué algunas cuestiones se muestran atenuadas? Las normas SASB varían según la industria, en función de los diferentes riesgos y oportunidades de sostenibilidad de cada industria. Las cuestiones atenuadas no se identificaron durante el proceso de elaboración de normas como aquellas que pueden afectar al valor de la empresa con mayor probabilidad, por lo que no se incluyen en la norma. Con el tiempo, a medida que el Consejo de Normas SASB siga recibiendo las opiniones del mercado, es posible que se añadan o eliminen algunas cuestiones de la norma. Cada empresa determina por sí misma si una cuestión de sostenibilidad puede afectar a su capacidad de crear valor empresarial. La norma está diseñada para la empresa típica de una industria, pero las empresas individuales pueden optar por informar sobre diferentes cuestiones de sostenibilidad en función de su modelo de negocio único.

Temas de divulgación

¿Cuál es la relación entre la categoría de cuestiones generales y los temas de divulgación? La categoría de cuestiones generales es una versión independiente de la industria de los temas de divulgación que aparecen en cada norma del SASB. Los temas de divulgación representan los impactos específicos de la industria en las categorías de cuestiones generales. Los temas de divulgación específicos de la industria garantizan que cada norma del SASB se adapte a la industria, mientras que las categorías de cuestiones generales permiten la comparación entre industrias. Por ejemplo, Salud y nutrición es un tema de divulgación en la industria de las bebidas sin alcohol, que representa una medida específica de la industria de la cuestión general Bienestar del cliente. Sin embargo, la cuestión Bienestar del cliente se manifiesta como el tema de la divulgación Medicamentos falsificados en la industria Biotecnología y productos farmacéuticos.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
      • Emisión de gases de efecto invernadero La fabricación de productos químicos genera emisiones directas (Alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de la quema de combustibles fósiles durante los procesos de fabricación y cogeneración, así como emisiones generadas durante el procesamiento y que proceden de la transformación química de las materias primas. Las emisiones de GEI pueden crear costes para cumplir la normativa o sanciones y riesgos operativos para las compañías químicas. Sin embargo, las repercusiones financieras resultantes variarán en función de la magnitud de las emisiones y de la normativa vigente en materia de emisiones. Puede que el sector esté sujeto a reglamentos cada vez más estrictos, a medida que las naciones tratan de limitar o reducir las emisiones. Las compañías que gestionen de manera rentable las emisiones de GEI a través de una mayor eficiencia energética, el uso de combustibles alternativos o los avances en los procesos de fabricación podrán beneficiarse de una mayor eficiencia operativa y de la reducción del riesgo de incumplimiento de la normativa, entre otros beneficios financieros.
    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
      • Calidad del aire Además de los gases de efecto invernadero (GEI), la fabricación de sustancias químicas puede generar emisiones a la atmósfera de, por ejemplo, dióxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP). Como en el caso de los GEI, estas emisiones suelen provenir de la quema de combustibles y el procesamiento de materias primas. En relación con otros sectores, el sector químico es una fuente más destacada de algunas de estas emisiones. Las compañías se enfrentan a costes operativos, costes de cumplimiento de la normativa, sanciones reglamentarias en caso de incumplimiento y gastos de capital relacionados con la gestión de las emisiones, mientras que las repercusiones financieras vinculadas variarán en función de la magnitud de las emisiones y de la normativa vigente. Por ello, la gestión activa del problema a través de las mejoras de los procesos tecnológicos u otras estrategias podrá mitigar esas repercusiones, lo que mejorará los resultados financieros y incrementará el valor de la marca.
    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
      • Gestión de la energía La fabricación de sustancias químicas suele requerir mucha energía, que se utiliza para alimentar las unidades de procesamiento, las plantas de cogeneración, la maquinaria y las instalaciones no manufactureras. El tipo de energía utilizada, la magnitud del consumo y las estrategias de gestión de la energía dependen del tipo de productos fabricados. Por lo general, los combustibles fósiles, como el gas natural y los líquidos de gas natural, son la forma predominante de energía que no procede de las materias primas utilizadas, mientras que la compra de electricidad también puede representar una parte considerable. Por lo tanto, las compras de energía pueden representar una parte destacada de los costes de producción. La combinación energética de una compañía puede incluir la energía generada in situ, la compra de la electricidad de la red y los combustibles fósiles, y la energías renovables y alternativas. Las ventajas y desventajas del uso de esas fuentes de energía incluyen el coste, la fiabilidad del suministro, el uso de agua y las emisiones a la atmósfera conexas, y el cumplimiento y los riesgos reglamentarios. Como tal, la intensidad energética de una compañía y las decisiones de aprovisionamiento de energía podrán afectar a su eficiencia operativa y a su perfil de riesgo a lo largo del tiempo.
    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
      • Gestión del agua El agua es un insumo esencial en la producción de sustancias químicas y se utiliza principalmente para el enfriamiento, la generación de vapor y el procesamiento de materias primas. Los aumentos históricos a largo plazo de la escasez y el coste del agua, y las expectativas de aumentos continuos (debido al consumo excesivo y a la limitación de los suministros, como resultado del crecimiento y los desplazamientos de la población, la contaminación y el cambio climático) indican la mayor importancia de la gestión de los recursos hídricos. La escasez de agua puede incrementar el riesgo de perturbación de las actividades empresariales que consumen agua de forma intensiva y también puede aumentar los costes de la compra de agua y los gastos de capital. Mientras tanto, la fabricación de sustancias químicas puede generar aguas residuales derivadas de los procesos, que deberán ser tratadas antes de ser eliminadas. El incumplimiento de las normas sobre la calidad del agua podrá generar costes de cumplimiento de la normativa y de mitigación, o gastos jurídicos derivados de los litigios. La reducción del uso y el consumo de agua mediante el aumento de la eficiencia y otras estrategias de gestión hídrica podrá reducir los costes de explotación a lo largo del tiempo y podrá mitigar las repercusiones financieras de los reglamentos, la escasez del suministro de agua y las perturbaciones de las actividades relacionadas con la comunidad.
    • Gestión de residuos y materiales peligrosos Esta categoría se ocupa de las cuestiones medioambientales relacionadas con los residuos peligrosos y no peligrosos generados por las empresas. Aborda la gestión de los residuos sólidos de una empresa en la fabricación, la agricultura y otros procesos industriales. Abarca el tratamiento, la manipulación, el almacenamiento, la eliminación y el cumplimiento de la normativa. Esta categoría no incluye las emisiones a la atmósfera ni a las aguas residuales, ni tampoco los residuos del final de la vida útil de los productos, que se tratan en categorías distintas.
      • Gestión de residuos peligrosos La fabricación de sustancias químicas puede generar residuos peligrosos derivados de los procesos, entre otros, metales pesados, ácidos gastados, catalizadores y lodos para el tratamiento de las aguas residuales. Las empresas se enfrentan a problemas normativos y operativos en la gestión de los residuos, ya que algunos de ellos están sujetos a reglamentos relativos al transporte, el tratamiento, el almacenamiento y la eliminación. Las estrategias de gestión de los residuos incluyen la reducción de la generación, el tratamiento y la eliminación eficaces, y el reciclado y la recuperación, siempre que sea posible. Esas actividades, si bien requieren una inversión inicial o gastos de explotación, podrán reducir la estructura de costes a largo plazo de las compañías y mitigar el riesgo de incurrir en responsabilidades de reparación o en sanciones reglamentarias.
    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
      • Relaciones con la comunidad Las compañías químicas son importantes contribuyentes económicos de muchas comunidades, ya que proporcionan oportunidades de empleo y desarrollo comunitario a través de los impuestos y la generación de capital. Mientras tanto, cuestiones como la política medioambiental, la salud de la comunidad y la seguridad de los procesos son asuntos cruciales que tienen importantes implicaciones reglamentarias, operativas, financieras y de reputación para las compañías. Las externalidades medioambientales, como las emisiones a la atmósfera y el uso del agua, pueden afectar, a largo plazo, a la salud humana de quienes viven cerca de las plantas químicas. Mientras tanto, los incidentes de seguridad de los procesos pueden poner en peligro la salud y la seguridad de la comunidad, lo que conlleva sanciones reglamentarias, acciones legales y costes de mitigación. Por consiguiente, las compañías químicas pueden beneficiarse de la creación de relaciones sólidas con las comunidades para mitigar las posibles interrupciones de las actividades, reducir el riesgo de incumplimiento de la normativa, retener a los empleados de más alto nivel, reducir el riesgo de gastos generados por los litigios en caso de producirse incidentes de seguridad en los procesos y garantizar una sólida licencia social para realizar sus actividades. Las compañías pueden adoptar diversas estrategias de participación comunitaria, como la elaboración de planes de participación comunitaria, el establecimiento de códigos y directrices que garanticen la coincidencia entre los intereses de la organización y los de las comunidades circundantes, o la realización de evaluaciones de las repercusiones que examinen los proyectos y mitiguen los posibles efectos adversos.
    • Acceso y asequibilidad Esta categoría aborda la capacidad de una empresa para garantizar un amplio acceso a sus productos y servicios, específicamente en el contexto de los mercados y/o grupos de población desatendidos. Incluye la gestión de cuestiones relacionadas con las necesidades universales, tales como la accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria, los servicios financieros, los servicios públicos, la educación y las telecomunicaciones.
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    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
      • Salud y seguridad de la fuerza laboral Los empleados de las plantas de fabricación de sustancias químicas se enfrentan a riesgos para la salud y la seguridad por la exposición a maquinaria pesada, sustancias nocivas, altas temperaturas y presiones, y a peligros eléctricos, entre otros. La creación de una eficaz cultura de la seguridad es fundamental para mitigar de forma proactiva los efectos sobre la seguridad, que podrían tener consecuencias financieras, como el aumento de los costes de la atención sanitaria, los litigios y la interrupción del trabajo. Manteniendo un entorno de trabajo seguro y promoviendo una cultura de la seguridad, las compañías podrán reducir al mínimo los gastos relacionados con la seguridad y mejorar potencialmente la productividad.
    • Gestión del diseño y el ciclo de vida de los productos La categoría aborda la incorporación de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en las características de los productos y servicios proporcionados o vendidos por la empresa. Incluye, entre otras cosas, la gestión de los impactos del ciclo de vida de los productos y servicios, como los relacionados con el envasado, la distribución, la intensidad de los recursos en la fase de uso y otras externalidades medioambientales y sociales que pueden producirse durante su fase de uso o al final de su vida. Esta categoría refleja la capacidad de una empresa para responder a la demanda de los clientes y de la sociedad de productos y servicios más sostenibles, así como para cumplir la normativa medioambiental y social en evolución. No aborda las repercusiones medioambientales o sociales directas de las operaciones de la empresa ni los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores derivados del uso de los productos, que se tratan en otras categorías.
      • Diseño de productos para conseguir la eficiencia en la fase de uso A medida que la creciente escasez de recursos y las normativas impulsan la necesidad de una mayor eficiencia de los materiales y un menor consumo de energía y emisiones, el sector químico se beneficiará del desarrollo de productos que mejoren la eficiencia de los clientes. Desde la reducción de las emisiones de los automóviles, pasando por la optimización de los materiales, hasta la mejora del rendimiento del aislamiento de los edificios, los productos del sector químico podrán mejorar la eficiencia en multitud de aplicaciones. Por lo tanto, las compañías que desarrollen soluciones rentables que satisfagan las necesidades de los clientes en cuanto a una mayor eficiencia podrán beneficiarse del incremento de los ingresos y la cuota de mercado, de un posicionamiento competitivo más fuerte y de un mayor valor de la marca.
      • Gestión de las sustancias químicas para proteger la seguridad y el medioambiente La seguridad y la gestión de los productos es una cuestión fundamental para las compañías del sector químico. El potencial de los efectos de los productos químicos sobre la salud humana o el medioambiente durante la fase de utilización puede influir en la demanda de los productos y en el riesgo de incumplimiento de la normativa, lo que a su vez puede afectar a los ingresos e incrementar los gastos de explotación, los costes de cumplimiento normativo y de mitigación. Por consiguiente, el sector podrá mitigar el riesgo de incumplimiento normativo y aumentar la cuota de mercado elaborando innovadores métodos de gestión de los posibles efectos de los productos durante la fase de utilización, incluida la elaboración de productos alternativos que tengan una toxicidad reducida. Esto podría aportar valor accionarial al mejorar el posicionamiento competitivo, incrementar la cuota de mercado, reducir los riesgos de incumplimiento normativo y aumentar el valor de la marca.
      • Organismos modificados genéticamente Algunas compañías químicas producen semillas para cultivos desarrolladas con tecnología de organismos modificados genéticamente (OGM). La tecnología de los OMG ha mejorado el rendimiento de determinados cultivos, como el maíz y la soja, al alterar la resistencia del cultivo a los pesticidas y herbicidas y mejorar la tolerancia a las sequías, entre otros factores. Al mismo tiempo, los consumidores y los organismos reguladores de algunas zonas han expresado su preocupación por el uso de la tecnología de los OMG, debido a los efectos percibidos del cultivo y el consumo de OMG sobre la salud, el medioambiente y la sociedad. Así pues, las compañías que emplean esa tecnología se enfrentan tanto a las oportunidades de mercado como a los riesgos relacionados con su uso. La adopción de la tecnología de cultivo de OMG es importante en los Estados Unidos, mientras que en otras regiones, como la Unión Europea y China, los organismos reguladores han aplicado prohibiciones, cuotas o requisitos de etiquetado a los productos obtenidos a partir de OMG. Puede que esas prohibiciones de productos o requisitos de etiquetado reduzcan los ingresos o aumenten los costes de los fabricantes, mientras que puede que la percepción reglamentaria y pública afecten al riesgo para la reputación. Por ello, las compañías que respondan eficazmente a los factores del mercado relacionados con los productos obtenidos a partir de OGM podrán mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades.
    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
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    • Gestión del entorno jurídico y reglamentario Esta categoría aborda el enfoque de una empresa para relacionarse con los reguladores en los casos en los que los intereses corporativos y públicos en conflicto pueden tener un potencial impacto medioambiental y social adverso a largo plazo, directo o indirecto. La categoría aborda el nivel de dependencia de una empresa de la política reguladora o de los incentivos económicos (como las subvenciones y los impuestos), las acciones para influir en la política del sector (como a través de los grupos de presión), la dependencia general de un entorno regulador favorable para la competitividad de la empresa y la capacidad para cumplir la normativa pertinente. Puede estar relacionado con la alineación de los puntos de vista de la dirección y de los inversores sobre el compromiso normativo y el cumplimiento en general.
      • Gestión del entorno jurídico y reglamentario El sector químico se enfrenta a una estricta normativa que regula las emisiones a la atmósfera, el vertido de aguas, la seguridad química y la seguridad de los procesos, entre otras cuestiones. Anticiparse y adaptarse a los avances normativos, tanto a corto como a largo plazo, es una cuestión fundamental para el sector, ya que los avances normativos pueden afectar significativamente a la demanda de productos, los costes de fabricación y el valor de la marca. Por lo tanto, las compañías que cuenten con una clara estrategia de gestión del entorno normativo que armonice el desempeño empresarial con los resultados medioambientales sostenibles y que tenga en cuenta las externalidades sociales podrían beneficiarse de la reducción de la incertidumbre normativa, con un mayor valor de marca y una mejor posición competitiva.
    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
      • Seguridad operativa, preparación y respuesta ante emergencias La gestión de la salud, la seguridad y las emergencias es una cuestión fundamental para las compañías del sector químico. Los fallos técnicos, los errores humanos o los factores externos, como las condiciones meteorológicas, pueden liberar de forma accidental sustancias químicas hacia el medioambiente en las plantas de procesamiento o durante el almacenamiento y el transporte. Además, la naturaleza combustible de las sustancias químicas, combinada con las altas temperaturas y presiones de las operaciones que intervienen en la fabricación, eleva el riesgo de explosiones, vertidos peligrosos u otras situaciones de emergencia. Estos sucesos pueden perjudicar a los trabajadores o a las personas de las comunidades cercanas mediante la liberación de emisiones a la atmósfera y de sustancias químicas nocivas, y también pueden tener repercusiones negativas sobre el medioambiente. Puede que las compañías tengan que hacer frente a interrupciones operativas, daños a las instalaciones, daños a la reputación y al aumento de los costes de cumplimiento de la normativa y de reparación, en caso de producirse un incidente durante el procesamiento. Por ello, la gestión sólida de la seguridad de los procesos podrá reducir el tiempo de inactividad operativa, mitigar los costes y el riesgo de incumplimiento de la normativa y garantizar la productividad de la fuerza laboral.
    • Gestión del riesgo sistémico Esta categoría aborda las contribuciones de la empresa a los riesgos sistémicos, o su gestión, resultantes del debilitamiento o el colapso a gran escala de los sistemas de los que dependen la economía y la sociedad. Esto incluye los sistemas financieros, los sistemas de recursos naturales y los sistemas tecnológicos. Aborda los mecanismos que tiene una empresa para reducir sus contribuciones a los riesgos sistémicos y para mejorar las salvaguardas que pueden mitigar los impactos del fracaso sistémico. En el caso de las instituciones financieras, la categoría también capta la capacidad de la empresa para absorber las perturbaciones derivadas de las tensiones financieras y económicas y cumplir los requisitos reglamentarios más estrictos relacionados con la complejidad y la interconexión de las empresas del sector.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
      • Emisiones de gases de efecto invernadero y planificación de los recursos energéticos La generación de electricidad representa la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del mundo. Estas emisiones, principalmente de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, son, en su mayoría, subproductos de la quema de combustibles fósiles. Los segmentos de la transmisión o la distribución (T&D) del sector son responsables de una cantidad insignificante de sus emisiones. Las compañías de servicios eléctricos podrían tener que hacer frente a importantes gastos de explotación e inversiones de capital para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a medida que las normas medioambientales se vuelven cada vez más estrictas. Si bien muchos de estos costes pueden trasladarse a los clientes de una compañía de servicios públicos, puede que algunos generadores de energía, especialmente en los mercados desregulados, no sean capaces de recuperar estos costes. Las compañías podrán reducir las emisiones de GEI de la generación de electricidad principalmente planificando meticulosamente sus inversiones en infraestructuras, para garantizar una combinación energética capaz de cumplir los requisitos sobre emisiones establecidos por los reglamentos e implantando tecnologías y procesos líderes en el sector. Ser proactivo en la reducción rentable de las emisiones de GEI puede crear una ventaja competitiva para las compañías y mitigar los costes imprevistos de cumplimiento de la normativa. Si no se calculan adecuadamente las necesidades de las inversiones de capital y los costes de los permisos, u otras dificultades para reducir las emisiones de GEI, podrían producirse importantes impactos negativos sobre los beneficios futuros en forma de amortizaciones de activos, costes de obtención de bonos de carbono o aumentos inesperados de los gastos de explotación e inversiones de capital. Es probable que el énfasis normativo sobre esta cuestión se incremente en los próximos decenios, como lo demuestra el acuerdo internacional para la reducción de las emisiones celebrado en el 21.º período de sesiones de la Conferencia de los Estados Signatarios de las Naciones Unidas, que tuvo lugar a finales de 2015.
    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
      • Calidad del aire La quema de combustibles durante las operaciones de generación de electricidad genera contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP), contaminantes criterio atmosféricos (CCA) y compuestos orgánicos volátiles (COV). Los CAP, CCA y COV tienen impactos más localizados, aunque no por ello menos importantes, sobre la salud humana y el medioambiente, en comparación con los impactos globales de los gases de efecto invernadero (GEI). Los más comunes e impactantes son los óxidos de nitrógeno (excepto el óxido nitroso), el óxido de azufre, el material particulado (PM), el plomo y el mercurio. Las emisiones de estos contaminantes atmosféricos localizados suelen estar estrictamente reguladas, lo que crea riesgos importantes para los generadores de electricidad. Los riesgos reglamentarios y legales son mayores para las compañías que ejercen su actividad cerca de grandes comunidades. La combinación de generación de energía de una compañía es el mejor indicador de su riesgo relativo relacionado con la calidad del aire. Las emisiones nocivas a la atmósfera procedentes de las operaciones podrán dar lugar a sanciones reglamentarias que generasen gastos extraordinarios, mayores costes de cumplimiento de la reglamentación y nuevas inversiones de capital para instalar la mejor tecnología de control de su clase. En algunos casos, esos gastos podrán ser prohibitivos para la continuación de una instalación. Las compañías podrán gestionar las preocupaciones relativas a la calidad del aire tomando medidas internas que reduzcan las emisiones, así como colaborando con los organismos reguladores para establecer prioridades e incorporar los riesgos a la planificación del capital a corto y largo plazo.
    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
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    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
      • Gestión del agua La generación de electricidad es uno de los sectores del mundo que más extraen agua de manera intensiva. Las plantas de energía termoeléctrica (normalmente de carbón, energía nuclear y gas natural) dependen de grandes cantidades de agua para su enfriamiento. El sector se enfrenta a crecientes riesgos de suministro y de incumplimiento de la normativa relacionados con el agua, lo que puede requerir inversiones de capital en tecnología o incluso generar activos inmovilizados. A medida que los suministros de agua se reducen en muchas regiones (y la generación de electricidad, la agricultura y el uso comunitario competirán por el suministro de agua en el próximo decenio) puede que las centrales eléctricas sean cada vez más incapaces de funcionar a plena capacidad, o de no hacerlo en absoluto, debido a las limitaciones hídricas específicas de cada región. La disponibilidad de agua es un factor esencial que debe tenerse en cuenta al calcular el futuro valor de muchos activos generadores de electricidad y al evaluar las propuestas existentes sobre nuevas fuentes de generación. El incremento de la escasez de agua (debido a factores como el aumento del consumo y la reducción de los suministros derivada del cambio climático, que podría provocar sequías más frecuentes o intensas) podría inducir a las autoridades reguladoras a limitar la capacidad de las compañías para extraer las cantidades de agua necesarias, especialmente en las regiones en las que haya un elevado estrés hídrico inicial. Además, las compañías deberán hacer frente a las crecientes normativas relacionadas con los importantes efectos sobre la biodiversidad que pueden provocar las grandes extracciones. Para mitigar los riesgos, las compañías pueden invertir en sistemas más eficientes de utilización del agua en las plantas existentes y dar prioridad estratégica a la evaluación de la disponibilidad de agua a largo plazo, así como a los riesgos para la biodiversidad relacionados con el agua, al instalar nuevas centrales eléctricas.
    • Gestión de residuos y materiales peligrosos Esta categoría se ocupa de las cuestiones medioambientales relacionadas con los residuos peligrosos y no peligrosos generados por las empresas. Aborda la gestión de los residuos sólidos de una empresa en la fabricación, la agricultura y otros procesos industriales. Abarca el tratamiento, la manipulación, el almacenamiento, la eliminación y el cumplimiento de la normativa. Esta categoría no incluye las emisiones a la atmósfera ni a las aguas residuales, ni tampoco los residuos del final de la vida útil de los productos, que se tratan en categorías distintas.
      • Gestión de las cenizas de carbón Los generadores de electricidad deberán eliminar de forma segura los subproductos peligrosos de sus operaciones. La generación de electricidad a partir del carbón es una fuente importante de residuos peligrosos, debido a su subproducto: la ceniza de carbón. La ceniza de carbón puede afectar significativamente al valor de la empresa en el segmento de generación de electricidad del sector. Esta cuestión afectará a las compañías de manera diferente, dependiendo de la medida en que generen electricidad a partir del carbón. La ceniza de carbón es uno de los mayores flujos de residuos industriales del mundo. Contiene contaminantes de metales pesados que se han relacionado con el cáncer y otras enfermedades graves, especialmente cuando se filtran a las aguas subterráneas. La ceniza de carbón puede tener usos beneficiosos cuando se recicla o se reutiliza, como en la fabricación de hormigón a partir de cenizas volantes o tabiques, lo que ofrece oportunidades de obtener ingresos a las compañías eléctricas. La manipulación segura de la ceniza de carbón, la ubicación de los embalses de ceniza de carbón que minimizan los daños a la vida humana o al medioambiente, la fuerte vigilancia y la contención de la ceniza de carbón y la venta para usos beneficiosos de la ceniza de carbón son estrategias importantes que reducen los costes de cumplimiento de la normativa, así como las sanciones por incumplimiento. Puede haber importantes costes derivados de los litigios o las rectificaciones si la ceniza de carbón se filtra al medioambiente circundante.
    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
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    • Acceso y asequibilidad Esta categoría aborda la capacidad de una empresa para garantizar un amplio acceso a sus productos y servicios, específicamente en el contexto de los mercados y/o grupos de población desatendidos. Incluye la gestión de cuestiones relacionadas con las necesidades universales, tales como la accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria, los servicios financieros, los servicios públicos, la educación y las telecomunicaciones.
      • Asequibilidad de la energía Un objetivo de facto de las compañías eléctricas reguladas es proporcionar electricidad fiable, asequible y sostenible. Las compañías del sector tienen la tarea de gestionar estas prioridades potencialmente competitivas para mantener relaciones favorables con los clientes y los reguladores y, en última instancia, para obtener los beneficios correspondientes para los accionistas. La asequibilidad de la energía es particularmente difícil de equilibrar para las compañías, ya que, a menudo, entra en conflicto con otros objetivos básicos. En general, se considera que las facturas de energía de los servicios públicos son cada vez más inasequibles para los clientes de renta baja (la asequibilidad está determinada tanto por el coste neto de las facturas de energía como por la economía subyacente del cliente). Garantizar que las facturas de los servicios públicos sean asequibles es crucial para las compañías de servicios públicos que trabajan para generar confianza (valor de los activos intangibles) entre los reguladores y los clientes. La calidad de las relaciones regulatorias es un motor de valor esencial para las compañías de servicios públicos y uno de los temas más estudiados por los analistas de inversiones. La disposición de los reguladores a conceder solicitudes de tarifas, modificaciones de la estructura de las tarifas, recuperación de los costes y rentabilidades permitidas es un determinante primordial de los resultados financieros y del riesgo de las inversiones. La gestión eficaz de la asequibilidad puede permitir a las compañías de servicios públicos invertir más capital, revisar favorablemente las estructuras de las tarifas y aumentar los beneficios permitidos. Además, las compañías de servicios públicos que no gestionan eficazmente la asequibilidad están cada vez más expuestas a que los clientes abandonen la red (o reduzcan la dependencia de la red) al aplicar recursos energéticos distribuidos o buscar otras fuentes de energía alternativas (por ejemplo, el uso de la combinación de calor y electricidad por parte de los clientes industriales). La gestión de la asequibilidad implica gestionar un negocio eficiente con una perspectiva y estrategia bien meditadas y a largo plazo, así como trabajar en estrecha colaboración con los reguladores y los responsables de las políticas públicas en materia de estructuras tarifarias y, potencialmente, en los programas de ayudas al pago de facturas. Si bien el carácter preciso de las repercusiones financieras de la asequibilidad está determinado, en gran medida, por los modelos empresariales y las estructuras tarifarias de las compañías de servicios públicos, la asequibilidad es una cuestión empresarial fundamental que las compañías de servicios públicos deberán gestionar en relación con el mantenimiento (y crecimiento) de las bases de clientes, la creación de valor para los activos intangibles, la creación de oportunidades de inversión y rentabilidad y, en última instancia, la obtención de beneficios para los accionistas.
    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
      • Salud y seguridad de la fuerza laboral Los empleados de las compañías del sector se enfrentan a numerosos peligros durante la construcción y el mantenimiento de las líneas de transmisión y distribución de electricidad (T&D), así como con los diversos medios de generación de electricidad. Muchos de estos empleados trabajan durante largos períodos de tiempo a grandes alturas, manejan maquinaria pesada y se enfrentan a riesgos de electrocución. Si bien la industria ha hecho importantes avances en materia de seguridad, continúa habiendo riesgos y oportunidades importantes que seguir mejorando. La naturaleza del sector (necesario para la vida y las economías modernas, así como un monopolio habitualmente admitido por la sociedad) significa que las actuaciones de las compañías del sector se someten a un importante escrutinio público y reglamentario. Las compañías deberán mantener una cultura de la seguridad para garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas para sus trabajadores, garantizar una fuerte productividad operativa, defender opiniones positivas desde la perspectiva de los reguladores y gestionar los posibles riesgos de las sanciones reglamentarias.
    • Gestión del diseño y el ciclo de vida de los productos La categoría aborda la incorporación de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en las características de los productos y servicios proporcionados o vendidos por la empresa. Incluye, entre otras cosas, la gestión de los impactos del ciclo de vida de los productos y servicios, como los relacionados con el envasado, la distribución, la intensidad de los recursos en la fase de uso y otras externalidades medioambientales y sociales que pueden producirse durante su fase de uso o al final de su vida. Esta categoría refleja la capacidad de una empresa para responder a la demanda de los clientes y de la sociedad de productos y servicios más sostenibles, así como para cumplir la normativa medioambiental y social en evolución. No aborda las repercusiones medioambientales o sociales directas de las operaciones de la empresa ni los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores derivados del uso de los productos, que se tratan en otras categorías.
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    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
      • Eficiencia del uso final y demanda La eficiencia energética es un método de bajo coste del ciclo de vida que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ya que es necesario generar menos electricidad para proporcionar los mismos servicios energéticos de uso final. Las compañías de servicios públicos pueden participar en una amplia gama de actividades que promuevan la eficiencia y la conservación de la energía entre sus clientes. Entre esas estrategias figuran la oferta de bonificaciones para los electrodomésticos de bajo consumo desde el punto de vista energético, la colocación de aislamiento térmico en los hogares de los clientes, la educación de los clientes en métodos de ahorro de energía, la oferta de incentivos a los clientes para que reduzcan el uso de la electricidad en los momentos de máxima demanda («respuesta a la demanda») y la inversión en tecnologías, como los medidores inteligentes, que permiten a los clientes realizar el seguimiento de su propio uso de la energía, entre otras muchas estrategias. Estas iniciativas, que ahorran dinero a los consumidores, también pueden manifestarse en la reducción de los costes de explotación de las compañías de servicios públicos eléctricos porque pueden reducir la máxima demanda. Además, dependiendo de la aceptación del nombramiento de compañías de servicios públicos en la región de una compañía, la eficiencia energética podría ser una prioridad normativa antes de contemplar la construcción de nuevas obras. La forma en que una compañía de servicios públicos eléctricos puede ganar o perder con esta tendencia a la mitigación de los GEI se basa, en gran medida, en su entorno normativo. Las estructuras tarifarias tradicionales no suelen dar a las compañías eléctricas ningún incentivo para la eficiencia energética y, además, pueden padecer económicamente las reducciones de la demanda de los clientes. Esto está impulsando cada vez más a las compañías eléctricas, y a sus reguladores y clientes, a buscar alternativas para la fijación de las tarifas. Esa concepción de tarifas alternativas suele «desvincular» los ingresos de las compañías de servicios públicos del consumo de los clientes, y también puede incorporar incentivos explícitos para la eficiencia del uso final y la reducción de la demanda. En general, las compañías cuyo plan estratégico se esfuerza por reducir los riesgos de las fluctuaciones de la demanda obtienen una rentabilidad adecuada y oportuna de las inversiones necesarias en materia de eficiencia. Además, la reducción de los costes a través de iniciativas de eficiencia ayudará a posicionar a las empresas de servicios públicos para que obtengan mayores beneficios ajustados al riesgo a largo plazo.
    • Gestión del entorno jurídico y reglamentario Esta categoría aborda el enfoque de una empresa para relacionarse con los reguladores en los casos en los que los intereses corporativos y públicos en conflicto pueden tener un potencial impacto medioambiental y social adverso a largo plazo, directo o indirecto. La categoría aborda el nivel de dependencia de una empresa de la política reguladora o de los incentivos económicos (como las subvenciones y los impuestos), las acciones para influir en la política del sector (como a través de los grupos de presión), la dependencia general de un entorno regulador favorable para la competitividad de la empresa y la capacidad para cumplir la normativa pertinente. Puede estar relacionado con la alineación de los puntos de vista de la dirección y de los inversores sobre el compromiso normativo y el cumplimiento en general.
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    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
      • Seguridad nuclear y gestión de las emergencias Los incidentes nucleares, aunque son extremadamente infrecuentes, pueden tener importantes consecuencias para la salud humana y el medioambiente, ya que los accidentes nucleares pueden ser graves si se producen. Si bien los propietarios de las centrales nucleares de muchas regiones han trabajado durante décadas sin que se produjeran incidentes importantes en materia de seguridad pública, la existencia de incidentes poco frecuentes, pero de gran magnitud, en cualquier lugar del mundo puede tener importantes repercusiones sobre todo el sector de la energía nuclear. Las compañías que posean y gestionen plantas nucleares podrían afrontar la pérdida de su licencia de actividad, ya sea en su totalidad o en la explotación de las plantas nucleares, así como muchas otras consecuencias financieras en caso de producirse un accidente, aunque las compañías están aseguradas y pueden contar con protecciones legales contra ciertas responsabilidades. El incumplimiento de las normativas en materia de seguridad podría resultar sumamente costoso para los gestores de centrales nucleares: en circunstancias extremas puede hacer que la continuación del funcionamiento de la central resulte antieconómica. Como resultado de las importantes repercusiones financieras, tanto las procedentes del cumplimiento continuo de las normas de seguridad como de la materialización de los incidentes de riesgo de cola, las compañías que posean o gestionen centrales nucleares deberán estar atentas al cumplimiento de las normas de seguridad, las prácticas óptimas y las mejoras de sus instalaciones. También deberán mantener una sólida formación para la preparación de su personal ante situaciones de emergencia, así como una fuerte cultura de la seguridad. Estas medidas podrán reducir la probabilidad de que se produzcan accidentes y permitir que una compañía detecte y responda eficazmente a esos incidentes.
    • Gestión del riesgo sistémico Esta categoría aborda las contribuciones de la empresa a los riesgos sistémicos, o su gestión, resultantes del debilitamiento o el colapso a gran escala de los sistemas de los que dependen la economía y la sociedad. Esto incluye los sistemas financieros, los sistemas de recursos naturales y los sistemas tecnológicos. Aborda los mecanismos que tiene una empresa para reducir sus contribuciones a los riesgos sistémicos y para mejorar las salvaguardas que pueden mitigar los impactos del fracaso sistémico. En el caso de las instituciones financieras, la categoría también capta la capacidad de la empresa para absorber las perturbaciones derivadas de las tensiones financieras y económicas y cumplir los requisitos reglamentarios más estrictos relacionados con la complejidad y la interconexión de las empresas del sector.
      • Resistencia de la red eléctrica La electricidad es fundamental para el funcionamiento continuo de la mayoría de los elementos de la vida moderna, desde la medicina hasta las finanzas, lo que crea una dependencia social de servicio continuo. Hay costes sociales potencialmente altos por las grandes interrupciones que se producen en la infraestructuras eléctricas. Las interrupciones pueden estar causadas por fenómenos meteorológicos extremos, desastres naturales y ciberataques. Conforme la frecuencia y la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático continúen aumentando, todos los segmentos de las compañías eléctricas (y especialmente las grandes operaciones de transmisión y distribución [T&D]) se enfrentarán a crecientes amenazas físicas a sus infraestructuras. Esto podría provocar frecuentes o importantes interrupciones del servicio, cortes y la necesidad de actualizar o reparar los equipos dañados o puestos en riesgo, todo lo cual podría generar costes sustanciales y perjudicar las perspectivas de los reguladores y los clientes. El incremento del uso de la tecnología de redes eléctricas inteligentes tiene varios beneficios, entre ellos, el fortalecimiento de la resistencia de la red a los fenómenos meteorológicos extremos. Sin embargo, esta tecnología puede hacer que la red sea más vulnerable a los ataques cibernéticos, ya que proporciona a los piratas informáticos más accesos a los sistemas de las infraestructuras. Las compañías deberán aplicar estrategias que reduzcan al mínimo la probabilidad y la magnitud de los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos y los ciberataques. Podrán seguir siendo competitivas frente a la creciente competencia externa presentando activamente procedimientos tarifarios convincentes que mejoren la fiabilidad, la resistencia y la calidad de sus infraestructuras.

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