Comparación de industrias

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Current language: Español (2018)

Está viendo información sobre las siguientes industrias:

  • Sustancias químicas Las compañías del sector químico transforman las materias primas orgánicas e inorgánicas en más de 70 000 productos diversos con una gama de aplicaciones industriales, farmacéuticas, agrícolas, de vivienda, automotrices y de consumo. El sector se suele segmentar en sustancias químicas básicas (productos básicos), sustancias químicas agrícolas y sustancias químicas especializadas. Las sustancias químicas básicas, el mayor segmento por volumen producido, incluyen: polímeros a granel, sustancias petroquímicas, sustancias químicas inorgánicas y otras sustancias químicas industriales. Las sustancias químicas agrícolas incluyen: fertilizantes, sustancias químicas para cultivos y biotecnología agrícola. Las sustancias químicas especializadas incluyen: pinturas y revestimientos, sustancia agroquímicas, selladores, adhesivos, tintes, gases industriales, resinas y catalizadores. Las compañías de mayor tamaño pueden fabricarsimultáneamente sustancias químicas básicas, agrícolas y especializadas, mientras que la mayoría de las compañías se especializan en alguno de los productos. Las compañías químicas suelen fabricar y vender productos a nivel mundial.
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  • Compañías y distribuidores de gas El sector de compañías y distribuidores de gas se compone de empresas de distribución y comercialización de gas. La distribución de gas implica la utilización de tuberías locales de baja presión para transferir el gas natural de las tuberías de transmisión más grandes a los usuarios finales. Las empresas comercializadoras de gas son agentes que incorporan el gas natural en cantidades ajustadas a las necesidades de sus diferentes clientes y luego lo suministran, generalmente a través de las líneas de transmisión y distribución de otras empresas. Por su parte, la distribución de gas propano implica a una porción relativamente más pequeña de este sector, motivo por el cual esta norma se centra en la distribución de gas natural. Ambos tipos de gas suelen utilizarse para la calefacción y las cocinas de clientes residenciales, comerciales e industriales. En los mercados regulados de forma estructural, se concede a las empresas de suministros un monopolio total sobre la distribución y venta del gas natural. Una autoridad reguladora debe aprobar las tarifas que las empresas de suministros cobran para evitar que abusen de su posición de monopolio. En los mercados desregulados, la distribución y la comercialización están diferenciadas a nivel regulatorio y los clientes pueden elegir a qué empresa comprar el gas. En este caso, la empresa de suministros tiene garantizado el monopolio únicamente sobre la distribución, y está obligada por ley a difundir todo el gas de manera equitativa a lo largo de sus tuberías con una tarifa fija. En general, las empresas del sector deben encargarse de proporcionar gas seguro, fiable y de bajo coste y, a un mismo tiempo, gestionar eficazmente sus efectos sociales y ambientales, como la seguridad de la comunidad y las emisiones de metano.
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Cuestiones relevantes para ambos Industrias (12 de 26)

¿Por qué algunas cuestiones se muestran atenuadas? Las normas SASB varían según la industria, en función de los diferentes riesgos y oportunidades de sostenibilidad de cada industria. Las cuestiones atenuadas no se identificaron durante el proceso de elaboración de normas como aquellas que pueden afectar al valor de la empresa con mayor probabilidad, por lo que no se incluyen en la norma. Con el tiempo, a medida que el Consejo de Normas SASB siga recibiendo las opiniones del mercado, es posible que se añadan o eliminen algunas cuestiones de la norma. Cada empresa determina por sí misma si una cuestión de sostenibilidad puede afectar a su capacidad de crear valor empresarial. La norma está diseñada para la empresa típica de una industria, pero las empresas individuales pueden optar por informar sobre diferentes cuestiones de sostenibilidad en función de su modelo de negocio único.

Temas de divulgación

¿Cuál es la relación entre la categoría de cuestiones generales y los temas de divulgación? La categoría de cuestiones generales es una versión independiente de la industria de los temas de divulgación que aparecen en cada norma del SASB. Los temas de divulgación representan los impactos específicos de la industria en las categorías de cuestiones generales. Los temas de divulgación específicos de la industria garantizan que cada norma del SASB se adapte a la industria, mientras que las categorías de cuestiones generales permiten la comparación entre industrias. Por ejemplo, Salud y nutrición es un tema de divulgación en la industria de las bebidas sin alcohol, que representa una medida específica de la industria de la cuestión general Bienestar del cliente. Sin embargo, la cuestión Bienestar del cliente se manifiesta como el tema de la divulgación Medicamentos falsificados en la industria Biotecnología y productos farmacéuticos.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
      • Emisión de gases de efecto invernadero La fabricación de productos químicos genera emisiones directas (Alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de la quema de combustibles fósiles durante los procesos de fabricación y cogeneración, así como emisiones generadas durante el procesamiento y que proceden de la transformación química de las materias primas. Las emisiones de GEI pueden crear costes para cumplir la normativa o sanciones y riesgos operativos para las compañías químicas. Sin embargo, las repercusiones financieras resultantes variarán en función de la magnitud de las emisiones y de la normativa vigente en materia de emisiones. Puede que el sector esté sujeto a reglamentos cada vez más estrictos, a medida que las naciones tratan de limitar o reducir las emisiones. Las compañías que gestionen de manera rentable las emisiones de GEI a través de una mayor eficiencia energética, el uso de combustibles alternativos o los avances en los procesos de fabricación podrán beneficiarse de una mayor eficiencia operativa y de la reducción del riesgo de incumplimiento de la normativa, entre otros beneficios financieros.
    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
      • Calidad del aire Además de los gases de efecto invernadero (GEI), la fabricación de sustancias químicas puede generar emisiones a la atmósfera de, por ejemplo, dióxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP). Como en el caso de los GEI, estas emisiones suelen provenir de la quema de combustibles y el procesamiento de materias primas. En relación con otros sectores, el sector químico es una fuente más destacada de algunas de estas emisiones. Las compañías se enfrentan a costes operativos, costes de cumplimiento de la normativa, sanciones reglamentarias en caso de incumplimiento y gastos de capital relacionados con la gestión de las emisiones, mientras que las repercusiones financieras vinculadas variarán en función de la magnitud de las emisiones y de la normativa vigente. Por ello, la gestión activa del problema a través de las mejoras de los procesos tecnológicos u otras estrategias podrá mitigar esas repercusiones, lo que mejorará los resultados financieros y incrementará el valor de la marca.
    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
      • Gestión de la energía La fabricación de sustancias químicas suele requerir mucha energía, que se utiliza para alimentar las unidades de procesamiento, las plantas de cogeneración, la maquinaria y las instalaciones no manufactureras. El tipo de energía utilizada, la magnitud del consumo y las estrategias de gestión de la energía dependen del tipo de productos fabricados. Por lo general, los combustibles fósiles, como el gas natural y los líquidos de gas natural, son la forma predominante de energía que no procede de las materias primas utilizadas, mientras que la compra de electricidad también puede representar una parte considerable. Por lo tanto, las compras de energía pueden representar una parte destacada de los costes de producción. La combinación energética de una compañía puede incluir la energía generada in situ, la compra de la electricidad de la red y los combustibles fósiles, y la energías renovables y alternativas. Las ventajas y desventajas del uso de esas fuentes de energía incluyen el coste, la fiabilidad del suministro, el uso de agua y las emisiones a la atmósfera conexas, y el cumplimiento y los riesgos reglamentarios. Como tal, la intensidad energética de una compañía y las decisiones de aprovisionamiento de energía podrán afectar a su eficiencia operativa y a su perfil de riesgo a lo largo del tiempo.
    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
      • Gestión del agua El agua es un insumo esencial en la producción de sustancias químicas y se utiliza principalmente para el enfriamiento, la generación de vapor y el procesamiento de materias primas. Los aumentos históricos a largo plazo de la escasez y el coste del agua, y las expectativas de aumentos continuos (debido al consumo excesivo y a la limitación de los suministros, como resultado del crecimiento y los desplazamientos de la población, la contaminación y el cambio climático) indican la mayor importancia de la gestión de los recursos hídricos. La escasez de agua puede incrementar el riesgo de perturbación de las actividades empresariales que consumen agua de forma intensiva y también puede aumentar los costes de la compra de agua y los gastos de capital. Mientras tanto, la fabricación de sustancias químicas puede generar aguas residuales derivadas de los procesos, que deberán ser tratadas antes de ser eliminadas. El incumplimiento de las normas sobre la calidad del agua podrá generar costes de cumplimiento de la normativa y de mitigación, o gastos jurídicos derivados de los litigios. La reducción del uso y el consumo de agua mediante el aumento de la eficiencia y otras estrategias de gestión hídrica podrá reducir los costes de explotación a lo largo del tiempo y podrá mitigar las repercusiones financieras de los reglamentos, la escasez del suministro de agua y las perturbaciones de las actividades relacionadas con la comunidad.
    • Gestión de residuos y materiales peligrosos Esta categoría se ocupa de las cuestiones medioambientales relacionadas con los residuos peligrosos y no peligrosos generados por las empresas. Aborda la gestión de los residuos sólidos de una empresa en la fabricación, la agricultura y otros procesos industriales. Abarca el tratamiento, la manipulación, el almacenamiento, la eliminación y el cumplimiento de la normativa. Esta categoría no incluye las emisiones a la atmósfera ni a las aguas residuales, ni tampoco los residuos del final de la vida útil de los productos, que se tratan en categorías distintas.
      • Gestión de residuos peligrosos La fabricación de sustancias químicas puede generar residuos peligrosos derivados de los procesos, entre otros, metales pesados, ácidos gastados, catalizadores y lodos para el tratamiento de las aguas residuales. Las empresas se enfrentan a problemas normativos y operativos en la gestión de los residuos, ya que algunos de ellos están sujetos a reglamentos relativos al transporte, el tratamiento, el almacenamiento y la eliminación. Las estrategias de gestión de los residuos incluyen la reducción de la generación, el tratamiento y la eliminación eficaces, y el reciclado y la recuperación, siempre que sea posible. Esas actividades, si bien requieren una inversión inicial o gastos de explotación, podrán reducir la estructura de costes a largo plazo de las compañías y mitigar el riesgo de incurrir en responsabilidades de reparación o en sanciones reglamentarias.
    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
      • Relaciones con la comunidad Las compañías químicas son importantes contribuyentes económicos de muchas comunidades, ya que proporcionan oportunidades de empleo y desarrollo comunitario a través de los impuestos y la generación de capital. Mientras tanto, cuestiones como la política medioambiental, la salud de la comunidad y la seguridad de los procesos son asuntos cruciales que tienen importantes implicaciones reglamentarias, operativas, financieras y de reputación para las compañías. Las externalidades medioambientales, como las emisiones a la atmósfera y el uso del agua, pueden afectar, a largo plazo, a la salud humana de quienes viven cerca de las plantas químicas. Mientras tanto, los incidentes de seguridad de los procesos pueden poner en peligro la salud y la seguridad de la comunidad, lo que conlleva sanciones reglamentarias, acciones legales y costes de mitigación. Por consiguiente, las compañías químicas pueden beneficiarse de la creación de relaciones sólidas con las comunidades para mitigar las posibles interrupciones de las actividades, reducir el riesgo de incumplimiento de la normativa, retener a los empleados de más alto nivel, reducir el riesgo de gastos generados por los litigios en caso de producirse incidentes de seguridad en los procesos y garantizar una sólida licencia social para realizar sus actividades. Las compañías pueden adoptar diversas estrategias de participación comunitaria, como la elaboración de planes de participación comunitaria, el establecimiento de códigos y directrices que garanticen la coincidencia entre los intereses de la organización y los de las comunidades circundantes, o la realización de evaluaciones de las repercusiones que examinen los proyectos y mitiguen los posibles efectos adversos.
    • Acceso y asequibilidad Esta categoría aborda la capacidad de una empresa para garantizar un amplio acceso a sus productos y servicios, específicamente en el contexto de los mercados y/o grupos de población desatendidos. Incluye la gestión de cuestiones relacionadas con las necesidades universales, tales como la accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria, los servicios financieros, los servicios públicos, la educación y las telecomunicaciones.
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    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
      • Salud y seguridad de la fuerza laboral Los empleados de las plantas de fabricación de sustancias químicas se enfrentan a riesgos para la salud y la seguridad por la exposición a maquinaria pesada, sustancias nocivas, altas temperaturas y presiones, y a peligros eléctricos, entre otros. La creación de una eficaz cultura de la seguridad es fundamental para mitigar de forma proactiva los efectos sobre la seguridad, que podrían tener consecuencias financieras, como el aumento de los costes de la atención sanitaria, los litigios y la interrupción del trabajo. Manteniendo un entorno de trabajo seguro y promoviendo una cultura de la seguridad, las compañías podrán reducir al mínimo los gastos relacionados con la seguridad y mejorar potencialmente la productividad.
    • Gestión del diseño y el ciclo de vida de los productos La categoría aborda la incorporación de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en las características de los productos y servicios proporcionados o vendidos por la empresa. Incluye, entre otras cosas, la gestión de los impactos del ciclo de vida de los productos y servicios, como los relacionados con el envasado, la distribución, la intensidad de los recursos en la fase de uso y otras externalidades medioambientales y sociales que pueden producirse durante su fase de uso o al final de su vida. Esta categoría refleja la capacidad de una empresa para responder a la demanda de los clientes y de la sociedad de productos y servicios más sostenibles, así como para cumplir la normativa medioambiental y social en evolución. No aborda las repercusiones medioambientales o sociales directas de las operaciones de la empresa ni los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores derivados del uso de los productos, que se tratan en otras categorías.
      • Diseño de productos para conseguir la eficiencia en la fase de uso A medida que la creciente escasez de recursos y las normativas impulsan la necesidad de una mayor eficiencia de los materiales y un menor consumo de energía y emisiones, el sector químico se beneficiará del desarrollo de productos que mejoren la eficiencia de los clientes. Desde la reducción de las emisiones de los automóviles, pasando por la optimización de los materiales, hasta la mejora del rendimiento del aislamiento de los edificios, los productos del sector químico podrán mejorar la eficiencia en multitud de aplicaciones. Por lo tanto, las compañías que desarrollen soluciones rentables que satisfagan las necesidades de los clientes en cuanto a una mayor eficiencia podrán beneficiarse del incremento de los ingresos y la cuota de mercado, de un posicionamiento competitivo más fuerte y de un mayor valor de la marca.
      • Gestión de las sustancias químicas para proteger la seguridad y el medioambiente La seguridad y la gestión de los productos es una cuestión fundamental para las compañías del sector químico. El potencial de los efectos de los productos químicos sobre la salud humana o el medioambiente durante la fase de utilización puede influir en la demanda de los productos y en el riesgo de incumplimiento de la normativa, lo que a su vez puede afectar a los ingresos e incrementar los gastos de explotación, los costes de cumplimiento normativo y de mitigación. Por consiguiente, el sector podrá mitigar el riesgo de incumplimiento normativo y aumentar la cuota de mercado elaborando innovadores métodos de gestión de los posibles efectos de los productos durante la fase de utilización, incluida la elaboración de productos alternativos que tengan una toxicidad reducida. Esto podría aportar valor accionarial al mejorar el posicionamiento competitivo, incrementar la cuota de mercado, reducir los riesgos de incumplimiento normativo y aumentar el valor de la marca.
      • Organismos modificados genéticamente Algunas compañías químicas producen semillas para cultivos desarrolladas con tecnología de organismos modificados genéticamente (OGM). La tecnología de los OMG ha mejorado el rendimiento de determinados cultivos, como el maíz y la soja, al alterar la resistencia del cultivo a los pesticidas y herbicidas y mejorar la tolerancia a las sequías, entre otros factores. Al mismo tiempo, los consumidores y los organismos reguladores de algunas zonas han expresado su preocupación por el uso de la tecnología de los OMG, debido a los efectos percibidos del cultivo y el consumo de OMG sobre la salud, el medioambiente y la sociedad. Así pues, las compañías que emplean esa tecnología se enfrentan tanto a las oportunidades de mercado como a los riesgos relacionados con su uso. La adopción de la tecnología de cultivo de OMG es importante en los Estados Unidos, mientras que en otras regiones, como la Unión Europea y China, los organismos reguladores han aplicado prohibiciones, cuotas o requisitos de etiquetado a los productos obtenidos a partir de OMG. Puede que esas prohibiciones de productos o requisitos de etiquetado reduzcan los ingresos o aumenten los costes de los fabricantes, mientras que puede que la percepción reglamentaria y pública afecten al riesgo para la reputación. Por ello, las compañías que respondan eficazmente a los factores del mercado relacionados con los productos obtenidos a partir de OGM podrán mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades.
    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
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    • Gestión del entorno jurídico y reglamentario Esta categoría aborda el enfoque de una empresa para relacionarse con los reguladores en los casos en los que los intereses corporativos y públicos en conflicto pueden tener un potencial impacto medioambiental y social adverso a largo plazo, directo o indirecto. La categoría aborda el nivel de dependencia de una empresa de la política reguladora o de los incentivos económicos (como las subvenciones y los impuestos), las acciones para influir en la política del sector (como a través de los grupos de presión), la dependencia general de un entorno regulador favorable para la competitividad de la empresa y la capacidad para cumplir la normativa pertinente. Puede estar relacionado con la alineación de los puntos de vista de la dirección y de los inversores sobre el compromiso normativo y el cumplimiento en general.
      • Gestión del entorno jurídico y reglamentario El sector químico se enfrenta a una estricta normativa que regula las emisiones a la atmósfera, el vertido de aguas, la seguridad química y la seguridad de los procesos, entre otras cuestiones. Anticiparse y adaptarse a los avances normativos, tanto a corto como a largo plazo, es una cuestión fundamental para el sector, ya que los avances normativos pueden afectar significativamente a la demanda de productos, los costes de fabricación y el valor de la marca. Por lo tanto, las compañías que cuenten con una clara estrategia de gestión del entorno normativo que armonice el desempeño empresarial con los resultados medioambientales sostenibles y que tenga en cuenta las externalidades sociales podrían beneficiarse de la reducción de la incertidumbre normativa, con un mayor valor de marca y una mejor posición competitiva.
    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
      • Seguridad operativa, preparación y respuesta ante emergencias La gestión de la salud, la seguridad y las emergencias es una cuestión fundamental para las compañías del sector químico. Los fallos técnicos, los errores humanos o los factores externos, como las condiciones meteorológicas, pueden liberar de forma accidental sustancias químicas hacia el medioambiente en las plantas de procesamiento o durante el almacenamiento y el transporte. Además, la naturaleza combustible de las sustancias químicas, combinada con las altas temperaturas y presiones de las operaciones que intervienen en la fabricación, eleva el riesgo de explosiones, vertidos peligrosos u otras situaciones de emergencia. Estos sucesos pueden perjudicar a los trabajadores o a las personas de las comunidades cercanas mediante la liberación de emisiones a la atmósfera y de sustancias químicas nocivas, y también pueden tener repercusiones negativas sobre el medioambiente. Puede que las compañías tengan que hacer frente a interrupciones operativas, daños a las instalaciones, daños a la reputación y al aumento de los costes de cumplimiento de la normativa y de reparación, en caso de producirse un incidente durante el procesamiento. Por ello, la gestión sólida de la seguridad de los procesos podrá reducir el tiempo de inactividad operativa, mitigar los costes y el riesgo de incumplimiento de la normativa y garantizar la productividad de la fuerza laboral.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
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    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
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    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
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    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
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    • Gestión de residuos y materiales peligrosos Esta categoría se ocupa de las cuestiones medioambientales relacionadas con los residuos peligrosos y no peligrosos generados por las empresas. Aborda la gestión de los residuos sólidos de una empresa en la fabricación, la agricultura y otros procesos industriales. Abarca el tratamiento, la manipulación, el almacenamiento, la eliminación y el cumplimiento de la normativa. Esta categoría no incluye las emisiones a la atmósfera ni a las aguas residuales, ni tampoco los residuos del final de la vida útil de los productos, que se tratan en categorías distintas.
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    • Derechos humanos y relaciones comunitarias Esta categoría aborda la gestión de la relación entre las empresas y las comunidades en las que operan, incluidas, entre otras, la gestión de los impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos fundamentales y el tratamiento de los pueblos indígenas. Más concretamente, dicha gestión puede abarcar los impactos socioeconómicos en la comunidad, el compromiso de la comunidad, la justicia medioambiental, el cultivo de la mano de obra local, el impacto en las empresas locales, la licencia para operar y las evaluaciones de impacto medioambiental/social. La categoría no incluye impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica o los residuos que, aunque pueden afectar a la salud y la seguridad de los miembros de las comunidades locales, se tratan en categorías separadas.
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    • Acceso y asequibilidad Esta categoría aborda la capacidad de una empresa para garantizar un amplio acceso a sus productos y servicios, específicamente en el contexto de los mercados y/o grupos de población desatendidos. Incluye la gestión de cuestiones relacionadas con las necesidades universales, tales como la accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria, los servicios financieros, los servicios públicos, la educación y las telecomunicaciones.
      • Asequibilidad de la energía Un objetivo de facto de los servicios de gas regulados es suministrar el gas natural a los clientes de una manera segura, fiable y respetuosa con el medioambiente. Las empresas del sector deben encargarse de gestionar estas prioridades, que podrían entrar en conflicto entre sí, para mantener relaciones favorables con los clientes y los organismos reguladores y, en última instancia, para obtener los beneficios adecuados para los accionistas. La asequibilidad de la energía, desde la perspectiva del cliente de los servicios públicos para clientes, es particularmente difícil de equilibrar, ya que a menudo entra en conflicto con otros objetivos fundamentales. La opinión generalizada es que las facturas de energía de los servicios públicos resultan cada vez más caras para los clientes con bajos ingresos (la asequibilidad está determinada tanto por el coste neto de las facturas de energía como por la economía subyacente de los clientes). Actuar para garantizar que las facturas de los servicios públicos sean asequibles es fundamental para que las empresas de suministros inspiren confianza (valor de los activos intangibles) en los reguladores y los clientes. La calidad de las relaciones regulatorias con reguladores es un aspecto clave para las empresas de servicios públicos a la hora de generar valor, y una de las cuestiones más estudiadas por los analistas de inversiones. La disposición de las autoridades reguladoras, o la falta de ella, a la hora de conceder solicitudes de tarifas, modificaciones de la estructura tarifaria, la recuperación de costes y los ingresos permitidos resulta determinante para el rendimiento financiero y del riesgo de las inversiones. La gestión eficaz de la asequibilidad puede dar a las empresas de servicios públicos la oportunidad de invertir más capital, revisar favorablemente las estructuras tarifarias y aumentar los ingresos permitidos. Además, los proveedores de servicios básicos que no gestionan eficazmente la asequibilidad están cada vez más expuestos a que los clientes obtengan suministros diferentes del gas natural (o a que reduzcan la energía que necesitan) buscando fuentes de energía alternativas (por ejemplo, el uso de la cogeneración de calor y electricidad por parte de los clientes industriales). La gestión de la asequibilidad implica dirigir un negocio eficiente, con una perspectiva y estrategia a largo plazo bien pensadas, y trabajar en estrecha colaboración con las autoridades reguladoras y los responsables de las políticas públicas en las estructuras tarifarias y, potencialmente, en los programas de asistencia para el pago de facturas. Si bien la naturaleza precisa de las repercusiones financieras de la asequibilidad está determinada en gran medida por los modelos de negocio de las empresas de servicios públicos y las estructuras tarifarias, la asequibilidad es un aspecto fundamental que las empresas de suministros deben gestionar en términos de mantenimiento (y crecimiento) de las bases de clientes, creación de valor de los activos intangibles, creación de oportunidades de inversión y de ganancias y, en última instancia, obtención de beneficios para los accionistas.
    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
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    • Gestión del diseño y el ciclo de vida de los productos La categoría aborda la incorporación de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en las características de los productos y servicios proporcionados o vendidos por la empresa. Incluye, entre otras cosas, la gestión de los impactos del ciclo de vida de los productos y servicios, como los relacionados con el envasado, la distribución, la intensidad de los recursos en la fase de uso y otras externalidades medioambientales y sociales que pueden producirse durante su fase de uso o al final de su vida. Esta categoría refleja la capacidad de una empresa para responder a la demanda de los clientes y de la sociedad de productos y servicios más sostenibles, así como para cumplir la normativa medioambiental y social en evolución. No aborda las repercusiones medioambientales o sociales directas de las operaciones de la empresa ni los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores derivados del uso de los productos, que se tratan en otras categorías.
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    • Resiliencia del modelo de negocio La categoría aborda la capacidad de una industria para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a la incorporación de las transiciones sociales, medioambientales y políticas en la planificación del modelo de negocio a largo plazo. Esto incluye la respuesta a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y con limitaciones climáticas, así como el crecimiento y la creación de nuevos mercados entre las poblaciones socioeconómicas desatendidas y subatendidas. La categoría destaca los sectores en los que la evolución de las realidades medioambientales y sociales puede obligar a las empresas a adaptarse fundamentalmente o puede poner en peligro sus modelos de negocio.
      • Eficiencia del uso final El gas natural produce menos emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que otros combustibles fósiles. Por lo tanto, el aumento de su uso la economía es una estrategia clave para muchos gobiernos y autoridades reguladoras que se esfuerzan por reducir las emisiones de GEI. Sin embargo, a pesar de que las emisiones son relativamente menores, en conjunto, la cadena de valor del gas natural sigue produciendo niveles significativos de emisiones de GEI. A medida que los encargados de la formulación de políticas y las autoridades reguladoras tratan de abordar el cambio climático, el consumo eficiente de gas natural cobrará una gran importancia a largo plazo. Existen numerosas medidas que las empresas de servicios públicos pueden adoptar para promover la eficiencia energética entre sus clientes, entre las que se incluyen ofrecer descuentos para los electrodomésticos con un consumo eficiente de energía, climatizar las viviendas de los clientes e inculcarles métodos de ahorro de energía. La medida en que una empresa de suministro de gas puede ganar o perder a causa de la tendencia de reducir los GEI depende significativamente de su entorno normativo. Las estructuras tarifarias tradicionales generalmente no conceden incentivos por fomentar la eficiencia energética a las empresas de gas que, además, pueden sufrir económicamente a causa de la disminución de la demanda por parte de los clientes. Es por este motivo que las empresas de suministro de gas, las autoridades reguladores y los clientes muestran un creciente interés en tarificaciones alternativas. Dicha tarificación suele «disociar» los ingresos de los servicios públicos del consumo de los clientes, y también puede incorporar incentivos explícitos para el buen rendimiento de las empresas de suministro en lo que respecta a la eficiencia del uso final y la disminución de la demanda. En general, las empresas cuyo plan estratégico incluye iniciativas de eficiencia destinadas a reducir los riesgos de las fluctuaciones de la demanda, obtener ganancias de las inversiones necesarias y reducir los costes, tienen más probabilidades de estar bien posicionadas para incrementar sus beneficios ajustados al riesgo a largo plazo.
    • Gestión del entorno jurídico y reglamentario Esta categoría aborda el enfoque de una empresa para relacionarse con los reguladores en los casos en los que los intereses corporativos y públicos en conflicto pueden tener un potencial impacto medioambiental y social adverso a largo plazo, directo o indirecto. La categoría aborda el nivel de dependencia de una empresa de la política reguladora o de los incentivos económicos (como las subvenciones y los impuestos), las acciones para influir en la política del sector (como a través de los grupos de presión), la dependencia general de un entorno regulador favorable para la competitividad de la empresa y la capacidad para cumplir la normativa pertinente. Puede estar relacionado con la alineación de los puntos de vista de la dirección y de los inversores sobre el compromiso normativo y el cumplimiento en general.
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    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
      • Integridad de las infraestructuras de suministro de gas La explotación de una vasta red de gasoductos, equipos e instalaciones de almacenamiento requiere un enfoque polifacético y a largo plazo que garantice la integridad de dichas infraestructuras y la gestión de los riesgos relacionados. Mientras que los clientes dependen de suministros de gas continuamente disponibles, las empresas deben encargarse de gestionar los riesgos sustanciales —incluidos aquellos relacionados con la salud humana, la propiedad y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)— resultantes del uso de las redes de distribución de gas y las infraestructuras pertinentes. El deterioro de las infraestructuras, una supervisión y un mantenimiento inadecuados y otros factores operativos pueden dar lugar a fugas de gas. Las fugas de gas pueden ocasionar riesgos relacionados con la seguridad, como las pérdidas de contención, que, a su vez, pueden provocar incendios o explosiones que pueden ser particularmente graves en las zonas urbanas donde las empresas suelen operar. Además, las fugas de gas también causan emisiones fugitivas (metano) con efectos nocivos sobre el medioambiente. Los servicios de gas regulados no suelen incurrir en costes directos por fugas de gas, ya que el coste del gas suele repercutirse directamente en los clientes (aunque esto puede variar dependiendo de la región). Sin embargo, las fugas de gas que ocasionan riesgos relacionados con la seguridad o emisiones fugitivas pueden afectar financieramente a las empresas a través de diversos canales reglamentarios, legales y de demanda del producto. Los accidentes, en particular los mortales, pueden dar lugar a demandas por negligencia contra las empresas, lo que desencadena batallas judiciales y multas. Las emisiones de GEI pueden suscitar un mayor escrutinio reglamentario —un elemento primordial directamente relacionado con los resultados financieros, dada la importancia de las relaciones regulatorias— y posibles multas y sanciones. Es importante señalar que los servicios de gas regulados también pueden beneficiarse financieramente de las oportunidades de inversión de capital destinadas a mejorar el rendimiento y mitigar los riesgos relacionados con la seguridad y las emisiones. Estas inversiones de capital pueden provocar bases tarifarias más elevadas, lo que en última instancia beneficia a la empresa y a sus accionistas. Las empresas tratan de gestionar esos riesgos mediante la sustitución de los gasoductos, las inspecciones y la supervisión periódicas, la formación de los empleados y la preparación ante casos de emergencia, las inversiones en tecnología y otras estrategias, y todo ello normalmente en estrecha colaboración con los organismos reguladores. En muchas partes de Estados Unidos, la preocupación por el deterioro de las infraestructuras ha hecho que las empresas del sector busquen formas de agilizar el proceso de aprobación para la sustitución, especialmente en los casos en que los gasoductos se encuentran cerca de zonas con una densidad de población alta.

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