Comparación de industrias

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Current language: Español (2018)

Está viendo información sobre las siguientes industrias:

  • Transporte ferroviario El sector del transporte ferroviario consta de empresas que proporcionan servicios de transporte de carga por ferrocarril y servicios auxiliares. Entre las principales actividades figuran el transporte de carga en contenedores y a granel, incluidos los bienes de consumo y los productos básicos. Las empresas ferroviarias suelen ser propietarias, mantener y explotar sus redes ferroviarias, lo que puede requerir importantes gastos de capital. Los Estados Unidos gestionan la red ferroviaria más larga del mundo, seguidos de cerca por Rusia, China, India, Canadá, Alemania y Francia. El sector presenta economías de densidad a causa de sus efectos de red, lo que se presta a condiciones de monopolio natural. Junto con los grandes costes irrecuperables de la infraestructura ferroviaria, esto proporciona una ventaja competitiva a las empresas ya establecidas en el sector y crea barreras de entrada para las nuevas empresas.
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  • Bienes inmuebles El sector inmobiliario está compuesto por compañías que poseen, desarrollan y generalmente manejan activos inmobiliarios que generan ingresos. Las compañías de este sector suelen estructurarse como fondos de inversión inmobiliaria (FII) y operan en una amplia gama de segmentos dentro del sector inmobiliario, que incluyen viviendas, comercios, oficinas, centros sanitarios, industrias y hoteles. Los FII se centran normalmente en la propiedad directa de los activos inmobiliarios, proporcionando así a los inversores la oportunidad de obtener una exposición inmobiliaria sin tener la propiedad de los activos ni gestionarlos directamente. Aunque los FII suelen concentrarse en un segmento del sector inmobiliario, muchos FII se diversifican invirtiendo en varios tipos de inmueble.
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Cuestiones relevantes para ambos Industrias (9 de 26)

¿Por qué algunas cuestiones se muestran atenuadas? Las normas SASB varían según la industria, en función de los diferentes riesgos y oportunidades de sostenibilidad de cada industria. Las cuestiones atenuadas no se identificaron durante el proceso de elaboración de normas como aquellas que pueden afectar al valor de la empresa con mayor probabilidad, por lo que no se incluyen en la norma. Con el tiempo, a medida que el Consejo de Normas SASB siga recibiendo las opiniones del mercado, es posible que se añadan o eliminen algunas cuestiones de la norma. Cada empresa determina por sí misma si una cuestión de sostenibilidad puede afectar a su capacidad de crear valor empresarial. La norma está diseñada para la empresa típica de una industria, pero las empresas individuales pueden optar por informar sobre diferentes cuestiones de sostenibilidad en función de su modelo de negocio único.

Temas de divulgación

¿Cuál es la relación entre la categoría de cuestiones generales y los temas de divulgación? La categoría de cuestiones generales es una versión independiente de la industria de los temas de divulgación que aparecen en cada norma del SASB. Los temas de divulgación representan los impactos específicos de la industria en las categorías de cuestiones generales. Los temas de divulgación específicos de la industria garantizan que cada norma del SASB se adapte a la industria, mientras que las categorías de cuestiones generales permiten la comparación entre industrias. Por ejemplo, Salud y nutrición es un tema de divulgación en la industria de las bebidas sin alcohol, que representa una medida específica de la industria de la cuestión general Bienestar del cliente. Sin embargo, la cuestión Bienestar del cliente se manifiesta como el tema de la divulgación Medicamentos falsificados en la industria Biotecnología y productos farmacéuticos.
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
      • Emisión de gases de efecto invernadero El sector del transporte ferroviario genera emisiones principalmente a través de la combustión de diésel en los motores de las locomotoras. A pesar de que las emisiones son relativamente bajas en comparación con otros sectores del transporte, la gestión de los combustibles tiene consecuencias para las empresas del sector en lo que respecta a los costes de explotación y el cumplimiento de la normativa. Los gases de efecto invernadero (GEI), incluido el dióxido de carbono (CO2), son de particular importancia para los reguladores gubernamentales preocupados por el cambio climático. La intensificación de la reglamentación de las emisiones contaminantes de las locomotoras y los elevados costes del combustible proporcionan incentivos a las empresas ferroviarias para que inviertan en mejorar el rendimiento del combustible para gestionar las emisiones. Esto puede aumentar la eficiencia operativa y repercutir en la estructura de costes de las empresas ferroviarias, con repercusiones crónicas y graves sobre el valor y la posición competitiva tanto dentro del sector como en comparación con otros medios de transporte.
    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
      • Calidad del aire Las operaciones ferroviarias emiten varios tipos de contaminantes atmosféricos que están regulados por las leyes nacionales e internacionales, incluidos los contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP), los contaminantes criterio atmosféricos (CCA) y los compuestos orgánicos volátiles (COV). Estos contaminantes tienden a ejercer impactos ambientales y sanitarios localizados. Por ejemplo, los motores de las locomotoras que están al ralentí en las estaciones ferroviarias pueden ser una preocupación para la salud de las poblaciones humanas cercanas, ya que se sabe que los CAP como el benceno son carcinógenos para los humanos, mientras que los óxidos de nitrógeno (NOx) son un importante componente de la niebla tóxica y la lluvia ácida. Al mismo tiempo, el combustible supone un coste significativo para el sector. Las compañías ferroviarias que implementan mejoras en el rendimiento del combustible y gestionan las emisiones podrán ver los impactos en sus costes tanto a corto como a largo plazo.
    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
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    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
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    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
      • Salud y seguridad de los empleados El transporte de mercancías por ferrocarril está asociado al riesgo de accidentes y a la emisión involuntaria de materiales peligrosos. Estos pueden perjudicar la salud y el bienestar de los empleados, así como tener repercusiones financieras negativas en las empresas, como la reducción de la productividad, el aumento de la rotación de los empleados y el incremento de los costes de los seguros. Es probable que las compañías ferroviarias se vean afectadas por accidentes y, en algunos casos, la mala salud también podría provocar accidentes. Una fuerza laboral saludable, una fuerte cultura de la seguridad, un método exhaustivo y sistemático de control de la seguridad, los programas de gestión de riesgos (incluida la preparación y la respuesta ante las emergencias) y la integridad operativa en todos los niveles de una empresa pueden contribuir a reducir la probabilidad y la magnitud de los accidentes ferroviarios.
    • Gestión del diseño y el ciclo de vida de los productos La categoría aborda la incorporación de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en las características de los productos y servicios proporcionados o vendidos por la empresa. Incluye, entre otras cosas, la gestión de los impactos del ciclo de vida de los productos y servicios, como los relacionados con el envasado, la distribución, la intensidad de los recursos en la fase de uso y otras externalidades medioambientales y sociales que pueden producirse durante su fase de uso o al final de su vida. Esta categoría refleja la capacidad de una empresa para responder a la demanda de los clientes y de la sociedad de productos y servicios más sostenibles, así como para cumplir la normativa medioambiental y social en evolución. No aborda las repercusiones medioambientales o sociales directas de las operaciones de la empresa ni los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores derivados del uso de los productos, que se tratan en otras categorías.
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    • Impactos físicos del cambio climático Esta categoría aborda la capacidad de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades asociados a la exposición directa de los activos y operaciones que posee o controla a los impactos físicos reales o potenciales del cambio climático. Recoge los problemas medioambientales y sociales que pueden surgir de las interrupciones operativas debidas a los impactos físicos del cambio climático. Además, recoge los problemas socioeconómicos derivados de que las empresas no incorporen la consideración del cambio climático en los productos y servicios que venden, como el caso de las pólizas de seguros y las hipotecas. Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para adaptarse a la mayor frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos, los cambios climáticos, el riesgo del nivel del mar y otros impactos físicos previstos del cambio climático. La gestión puede implicar la mejora de la resiliencia de los activos físicos y/o de las infraestructuras circundantes, así como la incorporación de consideraciones relacionadas con el cambio climático en las principales actividades empresariales (por ejemplo, la suscripción de hipotecas y seguros, la planificación y el desarrollo de proyectos inmobiliarios).
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    • Comportamiento competitivo Esta categoría abarca los problemas sociales asociados a la existencia de monopolios, que pueden incluir, entre otros, precios excesivos, mala calidad del servicio e ineficiencias. Aborda la gestión de una empresa de las expectativas legales y sociales en torno a las prácticas monopolísticas y anticompetitivas, incluidas las cuestiones relacionadas con el poder de negociación, la colusión, la fijación o manipulación de precios y la protección de las patentes y la propiedad intelectual.
      • Comportamiento competitivo La consolidación del sector y las denuncias previas de prácticas de competencia desleal de los transportistas cautivos, entre otras razones, crean presión sobre la inmunidad antimonopolio concedida a los ferrocarriles en algunas regiones. Algunos de los cambios de política propuestos podrían generar costes considerables o impedir que se invirtiera en el sector. Es probable que las empresas ferroviarias que operan en los límites de las tarifas permitidas en las zonas en que podrían tener una posición dominante en el mercado, o las que no cumplen los reglamentos sobre tarifas razonables, se enfrenten a un mayor escrutinio reglamentario. Las multas o sanciones correspondientes podrían afectar negativamente a la tasación de una empresa al aumentar su coste de capital. En un entorno de creciente preocupación por la posición dominante y las prácticas de fijación de precios de las empresas ferroviarias, les conviene seguir garantizando la competitividad de los precios y la transparencia en la fijación de las tarifas, por lo que conseguirán al mismo tiempo que sus inversiones generen una rentabilidad adecuada.
    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
      • Gestión de accidentes y seguridad Los accidentes ferroviarios y las emisiones involuntarias de materiales peligrosos pueden tener repercusiones en el medioambiente y las comunidades situadas a lo largo de las vías férreas, así como repercusiones financieras en las propias empresas. Las normas de seguridad cada vez más estrictas y la posibilidad de que se generen importantes costes después de los accidentes graves constituyen un incentivo para que las empresas gestionen sus resultados en materia de seguridad mediante un sólido sistema de gestión de la seguridad. Además, la pérdida de confianza de los consumidores después de esos acontecimientos puede dar lugar a la disminución de los ingresos y dañar potencialmente la licencia social de una empresa para operar, por lo que se incrementaría su coste de capital.
  • Bienes inmuebles Remove
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    • Emisiones de GEI Esta categoría se refiere a las emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera a través de sus operaciones. Esto incluye las emisiones de GEI procedentes de fuentes estacionarias (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), bien sea como resultado de la combustión de combustible o de liberaciones directas sin combustión durante actividades como la extracción de recursos naturales, la generación de energía, el uso de la tierra o los procesos biogénicos. La categoría incluye además la gestión de los riesgos normativos, el cumplimiento de la normativa medioambiental y los riesgos y oportunidades para la reputación, ya que están relacionados con las emisiones directas de GEI. Los siete GEI contemplados en el Protocolo de Kioto están incluidos en esta categoría: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
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    • Calidad del aire Esta categoría aborda la gestión de los efectos en la calidad del aire resultantes de fuentes fijas (por ejemplo, fábricas, centrales eléctricas) y móviles (por ejemplo, camiones, vehículos de reparto, aviones), así como de las emisiones industriales. Los contaminantes atmosféricos relevantes incluyen, entre otros, los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), los metales pesados, las partículas y los clorofluorocarbonos. La categoría no incluye las emisiones de GEI, que se abordan en una categoría independiente.
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    • Gestión de la energía La categoría aborda los impactos ambientales asociados al consumo de energía. Aborda la gestión de la energía por parte de la empresa en la fabricación y/o para el suministro de productos y servicios derivados de proveedores de servicios públicos (red eléctrica) que no son propiedad de la empresa ni están controlados por ella. Más concretamente, incluye la gestión de la eficiencia e intensidad energética, la combinación de energías y la dependencia de la red. El uso de la energía en las fases anteriores (por ejemplo, los proveedores) y posteriores (por ejemplo, el uso de los productos) no está incluido en el ámbito de aplicación.
      • Gestión de la energía Los activos inmobiliarios consumen cantidades notables de energía, principalmente por el calentamiento de espacios, la ventilación, el aire acondicionado, el calentamiento del agua, la iluminación y el uso de maquinaria y aparatos. El tipo de energía utilizada, la magnitud del consumo y las estrategias de gestión energética dependen, en gran medida, de la clase de activo inmobiliario, entre otros factores. En general, el consumo de electricidad de la red es la forma predominante de energía consumida, aunque la quema de combustible in situ y la producción de energía renovable también cumplen una función importante. Los costes energéticos pueden ser sufragados por las compañías del sector o los ocupantes de los inmuebles; en cualquier caso, la gestión energética es una cuestión importante para el sector. En la medida en que el propietario del inmueble asume la responsabilidad directa de los costes energéticos, esos costes suelen representar importantes gastos operativos, lo que indica intrínsecamente la importancia de la gestión energética. La volatilidad de los precios de la energía y la tendencia general al aumento de los precios de la electricidad, las reglamentaciones relacionadas con la energía, las amplias variaciones de la eficiencia energética de los edificios existentes y las oportunidades de mejorar la eficiencia mediante inversiones de capital económicamente atractivas son otros tantos indicios de la importancia de la gestión energética. No obstante, es probable que los costes energéticos asumidos por los ocupantes, ya sea en su totalidad o en parte, tengan una repercusión significativa sobre las compañías del sector, aunque a través de canales diferentes. La eficiencia energética de los edificios es un motor notable de la demanda de alquileres, ya que les permite controlar los costes de explotación, mitigar los efectos medioambientales de las actividades y, a menudo igualmente importante, mantener la reputación de conservar los recursos. Además, los propietarios de bienes inmuebles podrían exponerse a reglamentos relacionados con la energía, incluso cuando los costes energéticos fueran responsabilidad de los ocupantes. En general, las compañías del sector que gestionen eficazmente la eficiencia energética de sus inmuebles podrán ver reducidos los costes de explotación y los riesgos de incumplimiento normativo, así como aumentar la demanda de alquileres, los precios de los alquileres y las tasas de ocupación, todo lo cual impulsará la apreciación de los ingresos y el valor de los inmuebles. La mejora de la eficiencia energética de los inmuebles depende en gran medida del tipo de inmueble y de su ubicación, el mercado del alquiler al que se destina, los códigos de construcción locales, las oportunidades físicas y jurídicas para instalar energía renovable distribuida, la capacidad de medir el consumo y la eficiencia del parque de edificios existentes, entre otros factores.
    • Gestión del agua y las aguas residuales Esta categoría aborda el uso del agua por parte de la empresa, el consumo de agua, la generación de aguas residuales y otros efectos de las operaciones en los recursos hídricos, que pueden verse influidos por las diferencias regionales en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y la competencia por ellos. Más concretamente, aborda estrategias de gestión que incluyen, entre otras, la eficiencia, la intensidad y el reciclaje del agua. Por último, la categoría también aborda la gestión del tratamiento y el vertido de las aguas residuales, incluida la contaminación de las aguas subterráneas y los acuíferos.
      • Gestión del agua Los edificios consumen cantidades importantes de agua en sus servicios, a través de las instalaciones de agua, la maquinaria de construcción, los electrodomésticos y el riego. Los gastos de explotación resultantes del consumo de agua pueden representar costes notables en función del tipo de inmueble, los usos de los arrendatarios, la ubicación geográfica y otros factores. Las compañías del sector pueden ser responsables de los costes de agua de un edificio o de los costes de agua de las zonas comunes, aunque es habitual asignar la totalidad o una parte de esos costes a los ocupantes. En estos acuerdos, la gestión de los recursos hídricos sigue desempeñando un papel importante a través de la demanda de alquileres y la exposición a las reglamentaciones. Los arrendatarios pueden evaluar la eficiencia del uso del agua de los activos inmobiliarios en un esfuerzo por controlar los costes operativos, mitigar los efectos medioambientales de los usos y, a menudo igualmente importante, mantener la reputación de conservar los recursos. Además, los propietarios de los inmuebles pueden estar expuestos a los reglamentos relacionados con el agua incluso cuando los costes del agua sean responsabilidad de los ocupantes. En general, las compañías del sector que gestionan eficazmente la eficiencia del uso del agua de los inmuebles, incluso cuando no están expuestas directamente a los costes del agua, podrán ver reducidos los costes de explotación y la exposición a las reglamentaciones, así como el aumento de la demanda de alquileres, los precios de los alquileres y las tasas de ocupación, todo lo cual impulsará la apreciación de los ingresos y el valor de los inmuebles. Los aumentos históricos a largo plazo de los costes del agua (y las expectativas de que sigan aumentando debido al consumo excesivo y a la limitación de los suministros como consecuencia del crecimiento y los desplazamientos de la población, la contaminación y el cambio climático) indican la elevada importancia de la gestión de los recursos hídricos. La capacidad de mejorar la eficiencia de los recursos hídricos depende, en gran medida, del tipo de inmueble, la disponibilidad de agua en la zona, el mercado del alquiler al que se destina, los códigos de construcción locales, la capacidad de medir el consumo y el nivel de eficiencia actual de los edificios existentes, entre otros factores.
    • Salud y seguridad de los empleados Esta categoría se refiere a la capacidad de una empresa para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de lesiones, muertes y enfermedades (tanto crónicas como graves). Tradicionalmente se consigue mediante la aplicación de planes de gestión de la seguridad, el desarrollo de requisitos de formación para empleados y contratistas, y la realización de auditorías periódicas de sus propias prácticas y de las de sus subcontratistas. La categoría también recoge cómo las empresas garantizan la salud física y mental de los trabajadores a través de la tecnología, la formación, la cultura corporativa, el cumplimiento de la normativa, la supervisión y las pruebas, y los equipos de protección personal.
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    • Gestión del diseño y el ciclo de vida de los productos La categoría aborda la incorporación de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en las características de los productos y servicios proporcionados o vendidos por la empresa. Incluye, entre otras cosas, la gestión de los impactos del ciclo de vida de los productos y servicios, como los relacionados con el envasado, la distribución, la intensidad de los recursos en la fase de uso y otras externalidades medioambientales y sociales que pueden producirse durante su fase de uso o al final de su vida. Esta categoría refleja la capacidad de una empresa para responder a la demanda de los clientes y de la sociedad de productos y servicios más sostenibles, así como para cumplir la normativa medioambiental y social en evolución. No aborda las repercusiones medioambientales o sociales directas de las operaciones de la empresa ni los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores derivados del uso de los productos, que se tratan en otras categorías.
      • Gestión de los efectos de los arrendatarios sobre la sostenibilidad Los activos inmobiliarios generan importantes efectos sobre la sostenibilidad, incluido el consumo de los recursos, es decir, la generación de residuos energéticos e hídricos, y los efectos sobre la salud de los ocupantes a través de la calidad del medioambiente en el interior del inmueble. Si bien las compañías del sector son propietarias de activos inmobiliarios, son las operaciones de arrendamiento de esos inmuebles las que constituyen el motor dominante de los efectos sobre la sostenibilidad producidos por el entorno construido. Los arrendatarios pueden diseñar y construir espacios arrendados de acuerdo con sus necesidades de uso. A su vez, este uso consume importantes cantidades de energía y agua, genera residuos y afecta a la salud de quienes viven, trabajan, compran o visitan los inmuebles. Si bien esos efectos sobre la sostenibilidad suelen generarse por el uso y las actividades de los arrendatarios, los propietarios de los inmuebles tienen un papel importante en la influencia de los efectos sobre la sostenibilidad por parte de los arrendatarios. La manera en que las compañías del sector estructuren sus acuerdos, contratos y relaciones con los arrendatarios será decisiva para gestionar eficazmente los efectos sobre la sostenibilidad por parte de sus arrendatarios y, en última instancia, los impactos de sus inmuebles. La gestión de los efectos sobre la sostenibilidad por parte de los arrendatarios podría incluir la mitigación del problema de los incentivos en pugna mediante la armonización de los intereses financieros de ambas partes con los resultados de la sostenibilidad, el establecimiento de una medición y comunicación sistemáticas de los datos sobre el consumo de recursos, la creación de objetivos de eficiencia compartidos y el establecimiento de requisitos mínimos de eficiencia o diseño de la sostenibilidad, entre otras estrategias. La gestión eficaz de las repercusiones sobre la sostenibilidad por parte de los arrendatarios, en particular, en lo que respecta a la energía, el agua y la calidad medioambiental en el interior del inmueble, podría impulsar la apreciación del valor de los inmuebles, aumentar la demanda de alquileres y la satisfacción de los arrendatarios, reducir los costes directos de explotación o disminuir los riesgos relacionados con los códigos y reglamentos de construcción.
    • Impactos físicos del cambio climático Esta categoría aborda la capacidad de la empresa para gestionar los riesgos y las oportunidades asociados a la exposición directa de los activos y operaciones que posee o controla a los impactos físicos reales o potenciales del cambio climático. Recoge los problemas medioambientales y sociales que pueden surgir de las interrupciones operativas debidas a los impactos físicos del cambio climático. Además, recoge los problemas socioeconómicos derivados de que las empresas no incorporen la consideración del cambio climático en los productos y servicios que venden, como el caso de las pólizas de seguros y las hipotecas. Esta categoría se refiere a la capacidad de la empresa para adaptarse a la mayor frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos, los cambios climáticos, el riesgo del nivel del mar y otros impactos físicos previstos del cambio climático. La gestión puede implicar la mejora de la resiliencia de los activos físicos y/o de las infraestructuras circundantes, así como la incorporación de consideraciones relacionadas con el cambio climático en las principales actividades empresariales (por ejemplo, la suscripción de hipotecas y seguros, la planificación y el desarrollo de proyectos inmobiliarios).
      • Adaptación al cambio climático El cambio climático afecta a las compañías del sector a través de fenómenos meteorológicos extremos frecuentes o de gran impacto y de la modificación de los patrones climáticos. Es probable que la manera en que el modelo comercial de una compañía se estructure para incorporar evaluaciones continuas de los riesgos del cambio climático, y la adaptación a esos riesgos, esté cada vez más relacionada con el valor de la compañía a largo plazo. Más concretamente, las estrategias de inversión en inmuebles situados en llanuras inundables y regiones costeras expuestas a las inclemencias del tiempo pueden tener mayores necesidades en cuanto a la mitigación de los riesgos y la adaptación del modelo empresarial al cambio climático a largo plazo. Estas estrategias son especialmente importantes a la luz de los desafíos a largo plazo asociados a las tarifas de seguro de inundación, la estabilidad financiera de los programas de seguros contra inundaciones subvencionados por el gobierno y las estipulaciones de financiación u otras inquietudes de los acreedores. Además de los seguros, otras medidas de mitigación de los riesgos incluyen las mejoras de la resistencia física de los inmuebles y de las condiciones de arrendamiento que transfieren el riesgo a los arrendatarios, aunque estas medidas pueden crear sus propios costes y riesgos para las compañías inmobiliarias. Para garantizar el crecimiento a largo plazo y la protección del valor accionarial, las compañías deberán aplicar estrategias de adaptación al cambio climático que sean integrales, tengan en cuenta las compensaciones entre las diversas estrategias de mitigación de los riesgos e incluyan la ponderación de todos los costes y beneficios proyectados a largo plazo.
    • Comportamiento competitivo Esta categoría abarca los problemas sociales asociados a la existencia de monopolios, que pueden incluir, entre otros, precios excesivos, mala calidad del servicio e ineficiencias. Aborda la gestión de una empresa de las expectativas legales y sociales en torno a las prácticas monopolísticas y anticompetitivas, incluidas las cuestiones relacionadas con el poder de negociación, la colusión, la fijación o manipulación de precios y la protección de las patentes y la propiedad intelectual.
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    • Gestión del riesgo de incidentes críticos Esta categoría se refiere a la utilización por parte de la empresa de sistemas de gestión y planificación de escenarios para identificar, comprender y prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes y emergencias de baja probabilidad y alto impacto con potenciales externalidades ambientales y sociales significativas. Se refiere a la cultura de seguridad de una empresa, a sus sistemas de gestión de la seguridad y controles tecnológicos pertinentes, a las posibles implicaciones humanas, medioambientales y sociales de la ocurrencia de estos sucesos y a los efectos a largo plazo para una organización, sus trabajadores y la sociedad en caso de que se produzcan.
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